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IP/10/306

Bruselas, 18 de marzo de 2010

Contratación pública: La Comisión toma medidas contra España (servicios de autobús escolar) y Hungría (reforma de la legislación nacional, contratos de equipo de oficina)

La Comisión Europea ha emprendido actuaciones para garantizar que en España y Hungría se respetan las normas de la UE en materia de contratación pública (gasto de dinero público por parte de las autoridades públicas). España recibirá una petición formal en relación con una serie de contratos concedidos por la región de Castilla-La Mancha para la prestación de servicios de autobús escolar. Hungría recibirá dos peticiones formales para garantizar que determinadas disposiciones de su legislación nacional sobre contratación pública y el procedimiento de adjudicación de contratos para equipos de oficina coinciden con las normas de la UE. Estas tres peticiones formales a España y Hungría toman la forma de «dictámenes motivados», ya que constituyen la segunda etapa del procedimiento de infracción de conformidad con el artículo 258 del Tratado de la UE. De no recibirse una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión puede recurrir al Tribunal Europeo de Justicia.

La contratación pública hace referencia a la manera en que las autoridades públicas gastan el dinero público y abarca compras de todo tipo: desde clips de oficina a sistemas informáticos y plantas de tratamiento de aguas residuales, pasando por la construcción naval o los servicios de consultoría. Se calcula que la contratación pública total en la UE asciende aproximadamente al 17 % del PIB de la Unión. La existencia de procedimientos de licitación abiertos y transparentes, tal como requiere la legislación de la UE en materia de contratos públicos, impulsa la competencia y proporciona garantías más efectivas contra la corrupción, así como un mejor servicio y una mayor rentabilidad para los contribuyentes.

España - contratación de servicios de autobús escolar por parte de la región de Castilla-La Mancha

En 2008 la Comunidad Autónoma española de Castilla-La Mancha adjudicó varios contratos para la prestación de servicios de autobús escolar de una manera que no era compatible con las normas de contratación pública de la UE. En primer lugar, los contratos no se publicaron en el Diario Oficial de la UE, por lo que pudo haberse negado la posibilidad de hacer una oferta a proveedores de servicios de autobús de toda la UE. En segundo lugar, el plazo para la presentación de ofertas fue de solo ocho días, mientras que, de acuerdo con las normas de la UE, el periodo exigido es generalmente de 52 días y en ningún modo puede ser inferior a 15 días si la entidad adjudicadora ha decidido utilizar un procedimiento abierto a todos los licitadores potenciales. Además, los licitadores que presentaban un certificado de calidad expedido por la ISO (Organización Internacional de Normalización) tenían preferencia sobre los licitadores que deseaban demostrar una garantía de calidad equivalente mediante la presentación de otros documentos (por ejemplo, un plan general de calidad de su empresa). Por último, España ha dado preferencia a determinados proveedores de servicios de autobuses regulares, en contra del principio de igualdad de trato.

Habida cuenta de estas circunstancias, las citadas infracciones de las normas de contratación pública de la UE tienen como consecuencia que a los licitadores que ofrecen la mejor relación calidad-precio puede serles denegado el acceso a esos contratos públicos. Por esta razón, la Comisión ha decidido enviar a España un dictamen motivado.

Hungría - reforma de la legislación nacional; contrato para equipos de oficina

La Comisión enviará dos dictámenes motivados a Hungría en relación con las siguientes cuestiones:

En virtud de la reforma de la ley húngara sobre contratación pública, se introdujo una nueva disposición según la cual, en algunos casos, los licitadores solo pueden recurrir a terceros para ayudarles en la ejecución de un contrato si ejercen una «influencia mayoritaria» sobre ellos. En opinión de la Comisión, esta disposición no es compatible con las normas de la UE sobre contratación pública, que establecen que los licitadores pueden depender de los recursos de otras partes «independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos». El efecto práctico de esta disposición es que a algunos licitadores cuyas propuestas son válidas según las normas de la UE se les está denegando al acceso a contratos públicos húngaros.

En 2009 la central de compras húngara (Központi Szolgáltatási F igazgatóság) puso en marcha un «procedimiento negociado» para la adquisición de equipos de oficina tras su publicación en el Diario Oficial de la UE. Esto significa que la entidad adjudicadora negoció los términos del contrato con los licitadores, reduciendo así la transparencia del procedimiento de adjudicación de contratos. El valor del contrato (sin el IVA) era de 3 500 millones de HUF (aproximadamente 13 millones de euros). De acuerdo con las normas de la UE, un «procedimiento negociado» solo puede utilizarse en casos excepcionales, por ejemplo cuando el precio global del contrato no puede determinarse por adelantado. En opinión de la Comisión, un contrato para equipos de oficina no corresponde a ese tipo de contratos y el procedimiento de adjudicación debía haber seguido las normas habituales, que ofrecen mayores garantías de transparencia de la adjudicación e igualdad de trato para los licitadores.

Procedimientos de infracción

La Comisión Europea tiene competencia para emprender actuaciones judiciales - conocidas como procedimientos de infracción - contra un Estado miembro que no respete sus obligaciones en virtud de la normativa de la UE. Los procedimientos de infracción constan de tres fases. En la primera fase, el Estado miembro recibe una carta de emplazamiento y dispone de dos meses para responder. En caso de que el Estado miembro no cumpla enteramente la normativa de la UE, la Comisión puede enviar un dictamen motivado. El Estado miembro dispone entonces de otros dos meses para responder. Si no se recibe una respuesta satisfactoria, la Comisión puede remitir el asunto al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. También puede solicitar que el Tribunal imponga una multa al país en cuestión si éste no cumple la resolución del Tribunal.

Más información

Contratación pública:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

La información más reciente sobre los procedimientos de infracción emprendidos contra todos los Estados miembros se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/index_es.htm


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