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Brus elas, 9 de marzo de 2010

La Comisión Europea adopta medidas para garantizar el derecho a un juicio justo en la UE

Desde el caso del turista italiano implicado en un accidente de tráfico en Suecia al que no se le permitió hablar con un abogado de lengua italiana durante el juicio, pasando por el del ciudadano polaco que no pudo disponer de traducciones escritas de los cargos que se le imputaban en un tribunal francés, los obstáculos imprevistos pueden estar en el origen de condenas injustas en procedimientos judiciales en otros Estados miembros de la UE. La Comisión Europea ha presentado hoy una propuesta legislativa para que los ciudadanos puedan ver garantizado su derecho a un juicio justo en cualquier punto de la UE aunque no comprendan la lengua del procedimiento. Los países de la UE estarían obligados a suministrar servicios completos de interpretación y traducción a los encausados. Se trata de la primera de una serie de medidas con el fin de establecer un conjunto de normas comunes de la UE en materia penal. El nuevo Tratado de Lisboa otorga a la UE la capacidad de adoptar medidas para reforzar los derechos de los ciudadanos de la UE, de acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

« Hoy hemos dado un primer paso importante hacia una Europa en la que la Justicia no tendrá fronteras. Nadie en la UE debería tener nunca la impresión de que los derechos y sus garantías se ven mermados por el simple hecho de no encontrarse en su país de origen», ha declarado la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. «Sin garantías claras de que todos los países de la UE respetan los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, ¿cómo podríamos establecer una relación de confianza con las autoridades que deben trabajar juntas para garantizar nuestra seguridad? Justicia y seguridad van de la mano, y por eso espero que el Parlamento Europeo y el Consejo estén dispuestos a hacer avanzar rápidamente esta propuesta para garantizar que nada impida a los ciudadanos beneficiarse del derecho a un juicio justo, como establece la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.»

Cada vez son más los europeos que viajan, estudian y trabajan fuera de su pa ís de origen, lo que lógicamente aumenta las probabilidades de que se vean envueltos en procedimientos judiciales en otro Estado miembro. En algunos casos, es posible que se acuse de un delito a ciudadanos que no entienden ni hablan la lengua de las autoridades judiciales del Estado miembro de que se trate. Estas personas no pueden ejercer plenamente sus derechos de defensa a menos que comprendan el idioma utilizado en la audiencia, dispongan de una traducción completa de las pruebas y se puedan comunicar con sus abogados.

La propuesta que hoy presentamos refuerza el derecho de los ciudadanos a la interpretación y traducción de tres maneras:

  • Se deberán prestar servicios de interpretación para la comunicación con los abogados y durante las investigaciones (como, por ejemplo, los interrogatorios policiales) y el juicio.

  • Para garantizar que los procedimientos son justos, la propuesta prevé también la traducción de documentos fundamentales como la orden de detención, el atestado o acusación o los elementos de prueba primordiales . Los ciudadanos no tendrán que depender únicamente de una traducción oral que resuma las pruebas.

  • Los ciudadanos deberán contar con un asesoramiento jurídico antes de renunciar al derecho a interpretación y traducción. No deberá ejercerse presión alguna sobre los imputados para que renuncien a sus derechos a menos que hayan hablado con un abogado.

Será el Estado miembro, y no el encausado, quien deberá correr con los gastos de traducción e interpretación, independientemente de la decisión final. Si se carece de un conjunto de normas mínimas para garantizar procedimientos justos, las autoridades judiciales seguirán mostrándose reticentes a enviar a un acusado ante el tribunal de otro país. Ello impedirá que se apliquen plenamente medidas de la UE de lucha contra la delincuencia, como la orden de detención europea. En 2007 se dictaron 11 000 órdenes de detención europeas, frente a las 6 900 de 2005. En opinión de la Comisión, en el futuro todas las órdenes europeas deberán estar cubiertas por las normas de la UE en materia de derecho a un juicio justo, incluido el derecho a interpretación y traducción.

La Comisión desea avanzar con rapidez por lo que se refiere al derecho a un juicio justo

La Directiva sobre el derecho a interpretación y traducción en los proce dimientos penales, propuesta hoy por la Comisión, será la primera Directiva en reforzar la justicia penal desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. «La propuesta de hoy se basa en el excelente trabajo preparatorio ya realizado en este ámbito por las presidencias sueca y española» , ha manifestado la Comisaria europea de Justicia, Sra. Reding. «En este momento, y partiendo de las nuevas condiciones que establece el Tratado de Lisboa, deseamos acelerar el procedimiento de esta importante iniciativa para la protección de los derechos procesales en Europa. Mi objetivo es lograr un ambicioso acuerdo político entre el Parlamento y el Consejo sobre el derecho a interpretación y traducción antes del verano. Trabajaré activamente con el Parlamento Europeo y con la Presidencia española para conseguirlo.»

Antecedentes

La Comisión presentó una Decisión marco relativa al derecho a interpretación y traducción en los proce dimientos penales en julio de 2009. Todas las propuestas de decisiones marco quedaron anuladas con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009. El 30 de noviembre de 2009 los gobiernos de la UE pidieron a la Comisión que presentara propuestas graduales para el establecimiento de normas aplicables en toda la UE para un conjunto de derechos procesales. La Comisión transformará, por lo tanto, la Decisión marco propuesta en Directiva. Otros ámbitos de actuación para los próximos años incluirán:

  • Información sobre los derechos e información sobre los cargos (verano 2010);

  • a sesoramiento judicial, antes del juicio y durante el mismo, y asistencia judicial;

  • derecho de los detenidos a comunicarse con sus familiares, empleadores y autoridades consulares, y;

  • la protección de los encausados vulnerables.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/70


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