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IP/10/1305

Bruselas, 8 de octubre de 2010

Derechos de un juicio imparcial: los ministros de justicia de la UE aprueban una ley que garantiza los derechos de traducción e interpretación en los procedimientos penales

Los ministros de justicia de la Unión Europea han aprobado una ley que garantiza los derechos de traducción y de interpretación en los procesos penales. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo respaldaron la ley con anterioridad este año (IP/10/746). Se trata de la primera medida de la UE jamás adoptada que establece normas mínimas comunes para los derechos de la defensa en causas penales. La ley garantiza el derecho de los procesados a un servicio de interpretación a lo largo de todo el proceso penal, incluido el momento en que reciben asesoramiento jurídico, en su lengua materna en todos los órganos jurisdiccionales de la UE. Se trata de una primera medida, que debía haberse adoptado hace mucho tiempo, para garantizar un juicio imparcial para los procesados en cualquier punto de la UE. La ley es la primera de una serie de medidas para establecer normas comunes de la UE en los procedimientos penales. Las Estados miembros disponen de un plazo de tres años para incorporar la medida a su Derecho nacional.

«La aprobación por primera vez de una ley sobre los derechos de un juicio imparcial para los ciudadanos marca un hito histórico. A juicio de la Comisión Europea, se trata de un importante primer paso en la corrección del presente desequilibrio en Europa entre los derechos de la parte acusadora y los de la defensa, que deben mejorarse y reforzarse» afirmó la Vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE. «Me gustaría agradecer a la ponente del Parlamento Europeo, baronesa Sarah Ludford, y a las presidencias española y belga su trabajo para tener lista la medida en un tiempo récord. Corresponde ahora a los Estados miembros incorporar estas normas a la legislación nacional y aplicarlas lo antes posible de modo que los ciudadanos puedan beneficiarse de ellas. Es también el momento de acelerar el trabajo para garantizar un equilibrio efectivo entre los poderes de la parte acusadora y los derechos de la defensa en materia penal. Por ello hago un llamamiento al Parlamento y al Consejo para que trabajen en la segunda medida propuesta por la Comisión en julio: la declaración de derechos.»

El 9 de marzo, la Comisión dio el primer paso para adoptar una serie de medidas para establecer unas normas comunes de la UE en los procesos penales. Propuso normas que obligarían a los países de la UE a prestar servicios completos de interpretación y traducción a los procesados (IP/10/249, MEMO/10/70).

El Parlamento Europeo votó por abrumadora mayoría a favor de un proyecto negociado en junio (IP/10/746). El 27 de mayo, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo lo hicieron posible al alcanzar un acuerdo de compromiso. El Parlamento Europeo respaldó el compromiso en su sesión plenaria del 15 de junio.

Las medidas garantizarán el derecho de los ciudadanos a ser entrevistados, a comparecer en las vistas y a recibir asesoramiento jurídico en su lengua materna en cualquier momento del proceso penal en todos los órganos jurisdiccionales de la UE.

La Comisión insistió en la garantía de los derechos de traducción e interpretación a lo largo de todo el proceso penal para asegurar la total observancia de las normas establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, así como en la Carta de los Derechos Fundamentales.

Estas normas garantizarán que los ciudadanos disfruten de traducciones escritas de todos los documentos fundamentales, como el atestado o acusación, y que tengan derecho a un servicio de interpretación en todas las vistas e interrogatorios, así como durante las reuniones con los abogados. Los ciudadanos no podrán renunciar a sus derechos sin haber antes recibido asesoramiento jurídico o una información completa sobre las consecuencias de dicha renuncia.

Será el Estado miembro, y no el encausado, quien deberá correr con los gastos de traducción e interpretación. Si se carece de un conjunto de normas mínimas para garantizar procedimientos imparciales, las autoridades judiciales seguirán mostrándose reticentes a enviar a un acusado ante un órgano jurisdiccional de otro país. Ello impedirá que se apliquen plenamente medidas de la UE de lucha contra la delincuencia, como la orden de detención europea. En 2007 se dictaron 11 000 órdenes de detención europeas, frente a las 6 900 de 2005. En opinión de la Comisión, en el futuro todas las órdenes europeas deberán estar cubiertas por las normas de la UE en materia de derecho a un juicio imparcial, incluido el derecho a interpretación y traducción

Los Estados miembros cuentan con un plazo de tres años para adoptar estas normas, en lugar del periodo normal de dos años, con el fin de que las autoridades dispongan del tiempo necesario para preparar información traducida.

Antecedentes

El Tratado de Lisboa permite a la UE adoptar las medidas necesarias para reforzar los derechos de los ciudadanos de la UE.

Dado que no hubo un apoyo unánime de todos los gobiernos de la UE a las propuestas integrales en materia de derechos procesales a un juicio imparcial hechas por la Comisión por primera vez en 2004, la Comisión adopta actualmente un enfoque por fases a desarrollar en una serie de medidas en materia de derechos procesales a un juicio imparcial establecidas en el Programa de Estocolmo de 2009 (IP/10/447). La Comisión propondrá una serie de medidas a aplicar a lo largo de los próximos cuatro años.

En julio, la Comisión propuso la segunda medida sobre el derecho a la información (IP/10/989). El Consejo y el Parlamento ya han comenzado a trabajar en la propuesta de la Comisión (MEMO/10/475). Las próximas medidas, planificadas por la Comisión para 2011, serán una Directiva sobre el derecho a contar con la asistencia de un abogado; y sobre el derecho a ponerse en contacto con familiares, empleadores y autoridades consulares.

Para más información:


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