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Bruselas, 17 de septiembre de 2010

La Comisión adopta una propuesta modificada de programa alimentario en favor de las personas más necesitadas de la Unión Europea.

La Comisión Europea ha adoptado hoy una propuesta modificada destinada a mejorar el programa actual de distribución de productos alimenticios a las personas más necesitadas de la Unión Europea. Esta propuesta se basa en una propuesta de 2008 que permitía que el régimen procediese a compras en el mercado de forma continuada, para completar las existencias de intervención disponibles. Los Estados miembros elegirían los productos alimenticios a distribuir y se establecerían planes trienales de distribución de alimentos. Dicha distribución seguiría adelante con la colaboración de organizaciones de beneficencia y de los servicios sociales locales. Cada año, más de 13 millones de ciudadanos europeos se benefician de este programa. La propuesta modificada prevé porcentajes de cofinanciación nacionales estables más favorables y fija en 500 millones de euros el máximo anual de la contribución de la Unión Europea. También aporta una serie de nuevas adaptaciones de la propuesta original de 2008 y la ajusta al Tratado de Lisboa. La propuesta de 2008 no fue adoptada por el Consejo, pese al apoyo del Parlamento Europeo.

«El programa en beneficio de los más necesitados representa una forma muy concreta de ayudar a algunas de las personas menos afortunadas de nuestra sociedad. En un contexto en el que varios millones de europeos tienen dificultades de acceso a los alimentos, la propuesta forma parte de nuestro objetivo de obtener una PAC en la que los consumidores y la producción estén estrechamente vinculados», ha declarado Dacian Cioloş, Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual ha añadido que «no debemos olvidar que la PAC debe beneficiar a todos los segmentos de la sociedad, no solo a los agricultores».

El programa, implantado por primera vez en 1987, ofrecía al principio excedentes de productos agrícolas («existencias de intervención») a las personas necesitadas. El régimen se modificó a mediados de los años noventa a fin de permitir, en determinadas circunstancias, completar las existencias de intervención con productos comprados en el mercado.

La introducción de la cofinanciación permitirá mejorar la planificación y gestión de los fondos y dará a los Estados miembros una mayor responsabilidad de cara al programa. A fin de facilitar la participación del Estado miembro, la propuesta modificada fija unos porcentajes de cofinanciación nacional más favorables (un 25 % y un 10 % en el caso de los Estados miembros beneficiarios del Fondo de Cohesión, frente al 50 % y al 25 % después del período de introducción gradual previsto en la primera propuesta). A fin de reforzar la eficacia y garantizar la continuidad, deberá establecerse un plan trienal de distribución.

Los productos ya no se limitarían a aquellos a los que se aplica la intervención; por ejemplo, se podrán distribuir por primera vez frutas, hortalizas y aceite para cocinar. Las autoridades nacionales se encargarían en el futuro de la elección de los alimentos según criterios nutricionales y de su reparto en cooperación con colaboradores de la sociedad civil, como ocurre ahora.

Los productos alimenticios procederían de las existencias de intervención o del mercado, siendo prioritario el uso de existencias de intervención adecuadas, cuando las haya. Tal como ha sugerido el Parlamento Europeo, la propuesta modificada contempla la posibilidad de que los Estados miembros den preferencia a los productos originarios de la Unión Europea. La distribución debe ser gratuita o a un precio no superior al justificado por los costes incurridos por la organización designada para repartir los alimentos.

Los Estados miembros pueden decidir participar o no en el programa; actualmente hay 19 Estados miembros participantes. La ayuda se presta normalmente a una amplia gama de personas necesitadas, incluidas familias con dificultades, ancianos con recursos insuficientes, personas sin techo, minusválidos, niños en situación de riesgo, trabajadores pobres, trabajadores emigrantes y solicitantes de asilo.

Al igual que en el régimen actual, los Estados miembros participantes en el programa seleccionarían las organizaciones adecuadas (en general, organizaciones de beneficencia o servicios sociales locales) para llevar a cabo la distribución de alimentos. A diferencia de lo que ocurría anteriormente con la programación anual, los Estados miembros determinarían sus necesidades por un período de tres años y cursarían la solicitud correspondiente a la Comisión. Esta asignaría el presupuesto anualmente, para poder introducir ajustes en caso de que la situación cambiase durante el período de programación.

Aunque la Unión Europea disfruta por término medio de uno de los niveles de vida más altos del mundo, algunas personas no tienen la posibilidad de alimentarse correctamente. Se estima que 43 millones de personas en la Unión Europea podrían sufrir un déficit alimentario que no les permite tomar una comida con carne, pollo o pescado cada dos días.


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