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La Comisión Europea invita a 14 Estados miembros de la UE a tomar medidas para que la delincuencia transfronteriza no resulte provechosa

Commission Européenne - IP/10/1063   23/08/2010

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IP/10/1063

Bruselas, 23 de agosto de 2010

La Comisión Europea invita a 14 Estados miembros de la UE a tomar medidas para que la delincuencia transfronteriza no resulte provechosa

El mes pasado, las autoridades italianas confiscaron a la Mafia bienes por valor de 60 millones EUR. En el Reino Unido se incautaron 92,3 millones GBP a una organización delictiva con propiedades en Dubai. Estas confiscaciones solo supusieron una fracción de la totalidad de los bienes de los delincuentes, que hoy día puede ser transferidos fácilmente a través de las fronteras. Por ello, las normas de la UE vigentes desde 2006 (Decisión Marco 2006/783/JHA90 del Consejo) permiten a los Estados miembros confiscar los bienes de origen delictivo que se hallen en el extranjero. No obstante, un informe publicado en este día por la Comisión Europea indica que la mitad de los países europeos todavía no han aplicado estas normas. Ello implica que los activos, ya sean bienes inmuebles, dinero blanqueado o automóviles robados, de una organización delictiva perseguida en Francia se hallan seguros en Eslovaquia o Bulgaria, por ejemplo. Las normas de la UE deben permitir que las autoridades judiciales soliciten de sus homólogos de otros Estados miembros que velen por el cumplimiento de las órdenes de confiscación, pero el informe de hoy recalca que tomar medidas contra los bienes de origen delictivo sigue siendo difícil por la deficiente ejecución y los trámites burocráticos, que a menudo reflejan una falta de confianza en los sistemas judiciales de los otros países.

«En una época de crisis económica, es lamentable que los Estados miembros de la UE permitan que miles de millones de euros, propiedad de delincuentes declarados culpables, se cuelen por la red. Esto sucede a pesar de que hace cuatro años los gobiernos acordaron medidas de confiscación», dijo la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la UE. «El hecho de que muchos Estados miembros se muestren reacios a cumplir las Decisiones Marco del Consejo, que todos ellos aceptaron, deja claro una vez más por qué el espacio de Justicia de la UE necesitaba el Tratado de Lisboa. En el futuro debemos tener unas normas más claras, una aplicación y una ejecución más coherentes y, por encima de todo, una mayor confianza mutua entre sistemas judiciales. Entretanto, invito a los Estados miembros a que apliquen las normas de lucha contra la delincuencia, de modo que las autoridades judiciales puedan trabajar conjuntamente y combatir de manera efectiva los beneficios obtenidos ilegalmente.»

Los delincuentes se aprovechan de la apertura de las fronteras de la UE para hacer cruzar la frontera a los bienes robados u obtenidos ilegalmente. La confiscación es un valioso instrumento para poner fin a esta práctica.

Con arreglo a las normas de la UE, un país de la UE puede enviar una orden de confiscación a otro país en el que viva o tenga propiedades o ingresos la persona objeto de la orden. El otro país llevará directamente a cabo la confiscación, con arreglo a sus propias normas nacionales, sin necesidad de nuevos trámites.

No obstante, el informe de hoy indica que en febrero de 2010 solo 13 de los 27 países de la UE han aplicado las normas. Aunque la fecha límite para aplicarlas era el 24 de noviembre de 2008, siete países comunicaron a la Comisión que el proceso legislativo todavía estaba en curso, mientras que los otros siete no dieron ninguna información (véase el anexo).

Los 13 Estados miembros que han aplicado las normas ya las están utilizando para luchar contra la delincuencia. Por ejemplo, las autoridades judiciales de los Países Bajos han enviado 21 órdenes de confiscación a sus homólogos de la UE desde que las normas entraron en vigor, lo que ha afectado a bienes por un valor total de casi 20 millones EUR.

La cooperación judicial se ve limitada por la falta de fe en la equidad de los sistemas judiciales

Las actuales listas de normas de la UE limitan las circunstancias en las que los Estados miembros pueden negarse a ejecutar las órdenes de confiscación, como la violación del principio non bis in idem (ser juzgado dos veces por el mismo delito) o la existencia de plazos muy largos entre los hechos y la condena final. No obstante, el informe de hoy indica que todos los países excepto tres (Irlanda, Portugal y los Países Bajos1) han añadido nuevas razones para negarse a ejecutar las órdenes de confiscación de otros países. Ello limita el impacto de un instrumento destinado a permitir a las autoridades reconocer inmediatamente las decisiones de las demás autoridades.

El informe de hoy de la Comisión también llama la atención sobre el hecho de que, incluso cuando se aplican las normas, las órdenes de confiscación siguen sin reconocerse automáticamente debido a los trámites jurídicos, como las audiencias públicas, que han sido añadidos a las normas nacionales en cuatro países (República Checa, Polonia, Rumanía y Eslovenia).

En marzo, la Comisaria de Justicia de la Comisión, Sra. Reding, dijo que se necesita confianza mutua para que las autoridades judiciales reconozcan las decisiones de las demás autoridades judiciales (SPEECH/10/89). En consecuencia, la Comisión ha dado prioridad al desarrollo de unas normas mínimas comunes, empezando con los derechos de interpretación y traducción para los sospechosos de haber cometido actos delictivos (que entrarán ya en vigor este otoño – IP/10/746) y una carta de derechos (propuesta el 20 de julio – IP/10/989).

Antecedentes

El 6 de octubre, los Estados miembros de la UE acordaron una Decisión Marco del Consejo (2006/783/JHA90) que reconoció y empezó inmediatamente a ejecutar las órdenes de confiscación expedidas por las autoridades competentes de los demás Estados miembros.

Con anterioridad al Tratado de Lisboa, se adoptaron en forma de «Decisiones Marco» normas judiciales de la UE con arreglo al denominado «tercer pilar», que eran obligatorias para los Estados miembros por lo que respecta a los resultados, pero dejaban en manos de las autoridades nacionales la elección de la forma y los métodos. Esto pudo llevar a unas normas aproximadas que en la práctica podían variar bastante a lo largo de la UE. Durante un período transitorio que finalizará en 2014, la Comisión no podrá emprender acciones legales para asegurarse de que los Estados miembros apliquen estas normas, tal como puede hacer en otros ámbitos. Hasta entonces, seguirá supervisando y apoyando activamente su efectiva ejecución y cumplimiento por los Estados miembros.

Sala de prensa de Justicia y Asuntos de Interior:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Página web de Viviane Reding, Vicepresidenta y Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la UE:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Notification of implementation of Council Framework Decision 2006/783/JHA90 as of February 2010

Country

State of play

Extra grounds for refusal

Austria

Full implementation

Yes

Belgium

Implementation in process

Bulgaria

No notification

Cyprus

Implementation in process

Czech Republic

Full implementation

Yes

Denmark

Full implementation

Yes

Estonia

No notification

Finland

Full implementation

Yes

France

Implementation in process

Germany

Full implementation

Yes

Greece

Implementation in process

Hungary

Full implementation

Yes

Ireland

Full implementation

No

Italy

Implementation in process

Latvia

Full implementation

Yes

Lithuania

Implementation in process

Luxembourg

No notification

Malta

No notification

The Netherlands

Full implementation

No

Poland

Full implementation

Yes

Portugal

Full implementation

No

Romania

Full implementation

Yes

Slovakia

No notification

Slovenia

Full implementation

Yes

Spain

Implementation in process

Sweden

No notification

United Kingdom

No notification

1 :

Obsérvese que el informe adoptado hoy se finalizó en febrero de 2010, mientras que los Países Bajos introdujeron la legislación nacional de ejecución en abril de 2010. En consecuencia, el informe declara que Irlanda y Portugal son los dos únicos países que no han presentado ninguna razón adicional para la denegación.


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