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IP/09/ 1792

Bruselas, 20 de noviembre de 2009

Italia: La Comisión solicita medidas cautelares urgentes para impedir la caza de aves protegidas y emprende una acción contra el país por falta de permisos industriales

La Comisión ha solicitado al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que dicte medidas cautelares contra Italia para impedir la caza de especies de aves protegidas en Lombardía. Ya hay un procedimiento en curso contra una serie de regiones, Lombardía incluida, por la práctica de conceder excepciones en materia de caza, que no cumple las estrictas condiciones establecidas en la legislación comunitaria. No obstante, la Comisión ha decidido intervenir con urgencia después de la adopción por Lombardía de un acto legislativo que permite la caza de cuatro especies protegidas hasta el 31 de diciembre de 2009. En otro asunto, la Comisión ha denunciado a Italia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no haber expedido o renovado los permisos de varios cientos de operaciones industriales.

Stavros Dimas, Comisario de Medio Ambiente, ha declarado lo siguiente: «Los Estados miembros tienen que aplicar las normas correctas para la conservación de especies de aves, con objeto de prevenir la pérdida de biodiversidad. La legislación comunitaria sobre naturaleza permite la concesión de excepciones por un número limitado de razones, aunque esas excepciones sólo son posibles si no hay otra solución y si se cumplen unas condiciones estrictas. Por otra parte, es inaceptable que haya instalaciones industriales que sigan explotándose sin los permisos necesarios para reducir las emisiones contaminantes, lo cual tiene consecuencias para la salud humana y el medio ambiente.».

La Comisión solicita medidas cautelares contra Italia por la concesión de excepciones en materia de caza

Algunas regiones llevan varios años adoptando actos legislativos y concediendo excepciones para autorizar la caza de aves contraviniendo la Directiva de Aves. Esas regiones son las siguientes: Abruzzo, Lazio, Lombardía, Emilia Romagna, Marche, Calabria, Apulia y Toscana. El asunto (C-573-08) se encuentra ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que aún debe pronunciarse al respecto. No obstante, tras la aprobación por Lombardía de un acto legislativo que permite la caza de cuatro especies protegidas hasta el 31 de diciembre de 2009, la Comisión ha decidido solicitar al Tribunal que dicte medidas cautelares para suspender inmediatamente esa legislación. Las cuatro especies afectadas son el pinzón vulgar ( Fringilla coelebs ) , el pinzón real ( Fringilla montifringilla ) , la bisbita común ( Anthus pratensis ) y el picogordo ( Coccothraustes coccothraustes ).

La Comisión toma la decisión de solicitar medidas cautelares (con arreglo a los artículos 242 y 243 del Tratado CE) sólo como último recurso, cuando va a producirse un daño inmediato e irreversible al medio ambiente. Esta es sólo la cuarta vez que la Comisión solicita tales medidas; anteriormente lo hizo en relación con una ley que permitía la caza primaveral de aves en Malta, en abril de 2008 ( véase IP/08/647 ), un proyecto de construcción de una carretera a través del valle del río Rospuda en Polonia, en marzo de 2007 (véase IP/07/369 ) y excepciones en materia de caza contrarias a la Directiva de Aves concedidas en Liguria (Italia), en diciembre de 2006.

Normativa de caza en la UE

La caza está reglamentada en la UE por la Directiva de Aves de 1979 1 [1] . Aunque la Directiva prohíbe con carácter general matar aves silvestres, permite la caza de determinadas especies siempre que no tenga lugar en temporada de migración o de cría. Esos períodos de veda son fundamentales porque permiten que las aves silvestres renueven sus poblaciones. Los períodos de caza se determinan a nivel nacional y varían según las especies y la situación geográfica.

De forma excepcional, los Estados miembros pueden autorizar la captura o la caza de aves incluidas en la Directiva fuera de la temporada normal de caza por un número limitado de razones, aunque tales excepciones sólo se reconocen cuando no existen soluciones alternativas .

La Comisión es partidaria de una caza sostenible. En 2004, se firmó un acuerdo fundamental a este respecto en el que participaron los cazadores y las sociedades protectoras de las aves a nivel de la UE.

La Comisión denuncia a Italia por falta de permisos industriales

La Comisión Europea ha denunciado a Italia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no haber expedido o renovado los permisos de varios cientos de operaciones industriales.

La infracción se refiere a la Directiva comunitaria sobre prevención y control integrados de la contaminación (Directiva IPPC) 2 , que tiene por objeto prevenir y controlar las emisiones industriales al aire, el agua y el suelo.

Esa Directiva obligaba a los Estados miembros a que, antes del 30 de octubre de 2007, expidieran nuevos permisos o reconsideraran y, si fuera necesario, renovaran los existentes, en relación con todas las instalaciones industriales que estuvieran en funcionamiento antes de octubre de 1999.

De la información proporcionada por Italia se desprende que hay varios cientos de instalaciones a las que aún no se han expedido ni renovado los permisos. Tras dos apercibimientos por escrito, la Comisión ha decidido llevar a Italia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Recientemente, la Comisión ha tomado una iniciativa semejante contra otros seis Estados miembros que no habían expedido ni renovado permisos (véase IP/09/1649 ).

Procedimiento legal

El artículo 226 del Tratado confiere a la Comisión facultades para iniciar acciones legales contra los Estados miembros que incumplan sus obligaciones.

Si la Comisión considera que puede haberse producido alguna infracción del Derecho comunitario que justifique la incoación de un procedimiento de infracción, envía una carta de emplazamiento (primer apercibimiento escrito) al Estado miembro correspondiente, solicitándole que presente sus observaciones en un plazo determinado, por lo general de dos meses.

En función de la respuesta o del silencio del Estado miembro interesado, la Comisión puede optar por enviarle un dictamen motivado (segundo y final apercibimiento escrito) en el que expone definitivamente las razones por las que considera que se ha producido una infracción del Derecho comunitario y requiere al Estado miembro que se ajuste a las normas en un periodo determinado, por lo general de dos meses.

Si el Estado miembro desoye ese dictamen motivado, la Comisión puede trasladar el caso al Tribunal de Justicia Europeo . Si éste determina que se ha producido una infracción del Tratado, se requiere al Estado miembro infractor que adopte las medidas necesarias para conformarse a Derecho.

El artículo 228 del Tratado faculta a la Comisión para actuar contra los Estados miembros que no hayan acatado una sentencia anterior del Tribunal de Justicia Europeo. En virtud de ese mismo artículo, la Comisión puede solicitar al Tribunal que imponga una multa al Estado miembro infractor.

Las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pueden consultar en:

http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm

1 :

Directiva 79/409/CEE.

2 :

Directiva 96/61/CEE, codificada por la Directiva 2008/1/CE.


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