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IP/09/ 1485

Bruselas, 8 de octubre de 2009

Medio ambiente: España se arriesga a multas por no tratar las aguas residuales

La Comisión Europea remite a España un último apercibimiento por escrito por no haber dado cumplimiento a una sentencia sobre el tratamiento de las aguas residuales en la zona de la playa de Motilla (Comunidad Valenciana). Si España no tomara las medidas necesarias para atajar el problema, la Comisión podría llevarla de nuevo ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y solicitar que se le imponga una multa.

El Comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha declarado lo siguiente: «Las aguas residuales urbanas no tratadas son una amenaza para los ciudadanos europeos y perjudican la calidad ambiental de los ríos, lagos y aguas costeras de Europa. Insto a España a enmendarse rápidamente. De lo contrario, la Comisión podría pedir al Tribunal que la obligue a pagar una multa.».

Últim o apercibimiento por escrito sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en la playa de Motilla

La Comisión Europea remite a España un último apercibimiento por escrito por no haber dado cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) acerca del tratamiento de las aguas residuales urbanas en la Comunidad Valenciana. La sentencia dictamina que España ha faltado a su obligación de tratar adecuadamente las aguas residuales de las ciudades de Sueca, Benifaió, Sollana, Almussafes y otras poblaciones costeras, que se vierten en una zona sensible, la costa frente al parque natural de la Albufera, situado cerca de la playa de Motilla.

Con arreglo a la Directiva sobre las aguas residuales urbanas, las aglomeraciones de más de 10 000 habitantes deben disponer de sistemas adecuados de recogida y tratamiento de aguas residuales. Según la información proporcionada a España por la Comisión, existen retrasos y lagunas importantes en la adopción de las medidas necesarias para la recogida y tratamiento correctos de las aguas residuales, lo que constituye una violación directa de la sentencia del TJCE. Mientras que el plan de obras sigue sin estar claro, se vierten aguas residuales en el medio ambiente, moitvo por el cual la Comisión remite a España un segundo apercibimiento por escrito. En caso de que este Estado miembro no dé pleno cumplimiento a la sentencia dictada, la Comisión podría de nuevo llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para pedirle la imposición de una multa.

Nota a los redactores: Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas

La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas 1 dispone que los pueblos grandes y las ciudades de la Unión Europea deben recoger y tratar sus aguas residuales urbanas. Las aguas residuales no tratadas pueden estar contaminadas por bacterias y por virus nocivos y presentar así un riesgo para la salud pública. Asimismo, contienen nutrientes como nitrógeno y fósforo, capaces de dañar las aguas dulces y el medio marino favoreciendo la proliferación de algas que asfixian otras formas de vida, fenómeno denominado eutrofización.

El principal tratamiento de las aguas residuales previsto por la Directiva es de tipo biológico o «secundario». Las infraestructuras correspondientes debían estar en funcionamiento a más tardar el 31 de diciembre de 2000. Cuando las aguas residuales se vierten en masas de agua denominadas «sensibles», la Directiva obliga a efectuar el tratamiento «terciario», más estricto, que incluye la eliminación del fósforo y/o el nitrógeno y que tendría que haber estado a punto, a más tardar, el 31 de diciembre de 1998.

Procedimiento jurídico

El artículo 226 del Tratado habilita a la Comisión para incoar un procedimiento jurídico contra los Estados miembros que incumplan sus obligaciones.

Si la Comisión considera que puede haber una infracción del Derecho comunitario que justifique la apertura de un procedimiento de infracción, dirige una «carta de emplazamiento» (primer apercibimiento por escrito) al Estado miembro, invitándole a presentar sus observaciones en un plazo determinado, que es generalmente de dos meses.

En ausencia de respuesta, o si la respuesta facilitada por el Estado miembro no es satisfactoria, la Comisión puede decidir dirigir a este último un «dictamen motivado» (último apercibimiento por escrito). Este dictamen expone claramente y con carácter definitivo las razones por las cuales la Comisión considera que ha habido una infracción del Derecho comunitario e invita al Estado miembro a ajustarse al dictamen en un plazo determinado, que es normalmente de dos meses.

Si el Estado miembro no se ajusta al dictamen motivado, la Comisión puede decidir llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si el Tribunal comprueba que ha habido una infracción del Tratado, el Estado miembro está obligado a adoptar las medidas necesarias para dar el debido cumplimiento.

El artículo 228 del Tratado habilita a la Comisión a actuar contra los Estados miembros que hayan incumplido una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Este artículo permite igualmente a la Comisión solicitar al Tribunal que imponga sanciones financieras al Estado miembro en cuestión.

Estadísticas sobre infracciones en general :

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

1 :

Directiva 91/271/CEE.


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