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IP/09/ 1332

Bruselas, 17 de septiembre de 2009

Ayuda estatal: La Comisión adopta unas Directrices sobre redes de banda ancha

La Comisión Europea ha adoptado unas Directrices sobre la aplicación de las normas de ayuda estatal del Tratado CE a la financiación pública de redes de banda ancha. Las Directrices ofrecen un marco claro y fiable para los interesados y ayudarán a los Estados miembros a agilizar y ampliar el despliegue de banda ancha. Las Directrices también contienen disposiciones específicas referentes al despliegue de redes de acceso de próxima generación, que permiten el apoyo público para fomentar la inversión en este sector estratégico sin crear falseamientos indebidos de la competencia. Las Directrices tienen en cuenta los comentarios recibidos durante una consulta pública (véase IP/09/813 ).

La Comisaria de Competencia, Neelie Kroes, declar ó: «Las Directrices ofrecen a los Estados miembros y a las autoridades públicas una herramienta transparente y de gran alcance para velar por que sus planes de financiación estatal de la banda ancha se atengan a las normas sobre ayudas estatales de la UE. De este modo, las Directrices facilitarán el despliegue a gran escala de redes de banda ancha de alta y muy alta velocidad, aumentando la competitividad europea y ayudando a construir en Europa una sociedad basada en el conocimiento».

Durante los últimos cinco años la Comisión ha desarrollado una práctica coherente y consistente por lo que se refiere al apoyo estatal del despliegue de redes de banda ancha, adoptando más de 40 decisiones individuales. Las nuevas Directrices se basan esta experiencia.

En especial, las Directrices explican cómo pueden canalizarse los fondos públicos para el despliegue de redes de banda ancha básicas así como de redes de acceso de próxima generación («NGA») en las zonas donde no invierten los operadores privados. Las Directrices resumen la distinción entre zonas competitivas (las zonas «negras»), en las que no se necesita ninguna ayuda estatal, y zonas no rentables o no cubiertas (las zonas «blancas» y «grises») en las que la ayuda estatal puede estar justificada, si se cumplen ciertas condiciones. Esta distinción se adapta luego a la situación de las redes NGA (cuyo despliegue aún se halla en su fase inicial) exigiendo a los Estados miembros que tengan en cuenta no sólo las infraestructuras de NGA existentes sino también los planes de inversión concretos de los operadores de telecomunicaciones con vistas a desplegar en un futuro próximo tales redes. Las Directrices contienen varias salvaguardias cruciales (tales como la elaboración de un mapa detallado, una licitación abierta, la obligación de acceso abierto o de neutralidad tecnológica y cláusulas de devolución) para promover la competencia y evitar el efecto de exclusión de la inversión privada.

Aunque son fundamentalmente los operadores privados quienes deben encabezar las inversiones en redes de banda ancha de alta y muy alta velocidad, la ayuda estatal puede desempeñar un papel crucial para ampliar la cobertura de la banda ancha en las áreas en donde los operadores del mercado no tienen plan alguno de inversión. El objetivo principal de las Directrices sobre banda ancha es fomentar el despliegue amplio y rápido de redes de banda ancha preservando al mismo tiempo la dinámica del mercado y la competencia en un sector que está totalmente liberalizado. Las Directrices también especifican que siempre que se conceda ayuda estatal a los operadores privados, ésta debe estimular la competencia obligando al beneficiario a probar el acceso abierto a la red de financiación pública a los terceros operadores.

En mayo y junio de 2008, la Comisión consultó públicamente a todos los interesados y el 22 de junio de 2009 celebró una reunión multilateral con los Estados miembros. Casi cien comentarios fueron presentados por los Estados miembros, los operadores históricos, los operadores alternativos, los prestadores de servicios de internet y las organizaciones de la sociedad civil. Los Estados miembros y otros interesados apoyaron la decisión de la Comisión de adoptar unas Directrices y acogieron con satisfacción las nuevas normas sobre las redes NGA.

Las inversiones en redes de banda ancha también son una parte crucial del Plan europeo de recuperación económica (véase IP/08/1771 ), para el cual la Comisión ha proporcionado 1 020 millones de euros a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) con objeto de desarrollar el internet de banda ancha en zonas rurales (véanse IP/09/142 y MEMO/09/35 ). Las Directrices ayudarán a que los poderes públicos inviertan estos y otros fondos de manera equitativa y efectiva, contribuyendo así a la recuperación económica a corto plazo y a la competitividad de Europa a largo plazo.

Las Directrices están disponibles en:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband

Véase también MEMO/09/396 .


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