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IP/08/2049

Bruselas, 23 de diciembre de 2008

Ayudas estatales: la Comisión aprueba el sistema español de garantía para entidades de crédito

La Comisión Europea ha aprobado, de conformidad con la normativa relativa a las ayudas estatales del Tratado CE, el sistema español para apoyar al sector financiero proporcionando garantías a las entidades financieras beneficiarias. La Comisión considera que la medida está en consonancia con su Comunicación relativa a las Orientaciones sobre ayudas estatales para superar la crisis financiera (véase IP/08/1495). Más concretamente, el sistema es no discriminatorio, limitado en el tiempo y el alcance, prevé limitaciones para evitar abusos y está sujeto a una remuneración a cargo de los beneficiarios conforme a las condiciones de mercado. Por lo tanto, la Comisión ha concluido que el sistema constituye un medio adecuado para solucionar una grave perturbación de la economía española y como tal, se atiene a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, letra b,) del Tratado CE.

La Comisaria de Competencia, Neelie Kroes, ha declarado: «En la crisis financiera actual es importante abordar los problemas de liquidez de los bancos, ya que pueden afectar desfavorablemente a los préstamos a la economía real. El sistema español tiene en cuenta particularidades nacionales del mercado bancario en España asegurando al mismo tiempo la coherencia necesaria para mantener unas condiciones de competencia equitativas para todos los bancos europeos».

La garantía del Estado cubriría, a cambio de una remuneración, la emisión de pagarés, bonos y obligaciones admitidos en el mercado secundario oficial en España. Mientras que la vigencia de los instrumentos financieros cubiertos sería en principio de entre tres meses y tres años, las garantías podrían ampliarse a instrumentos con una vigencia de hasta cinco años en circunstancias excepcionales. El presupuesto total del sistema está limitado a 100.000 millones de euros, que podrán incrementarse hasta 200.000 millones si las condiciones del mercado así lo exigen. Solamente los bancos solventes tienen acceso al sistema de garantía. La Decisión de la Comisión cubre un período de seis meses, tras el cual España debe dar por concluido el sistema o bien notificar de nuevo su ampliación a la Comisión. El sistema contiene elementos de ayuda estatal, pero prevé diversas salvaguardias dirigidas a garantizar que la intervención del estado sea proporcionada, limitada a los instrumentos necesarios y adecuada para alcanzar este objetivo, de conformidad con las normas relativas a las ayudas estatales de la UE, según lo establecido en el documento de orientaciones de la Comisión (véase IP/08/1495).

En especial, el sistema prevé un acceso no discriminatorio, pues estará abierto a todas las entidades de crédito solventes registradas en España que tengan al menos 1/1000 del mercado crediticio y siempre que los instrumentos garantizados se hayan emitido durante los últimos cinco años. La garantía es limitada en su tiempo y alcance, y tanto su presupuesto global como las garantías individuales son limitadas.

Por ejemplo, cada banco puede recibir garantías ligadas a su cuota de mercado anterior y el estado puede limitar la cantidad de la garantía cuando el riesgo con respecto a la entidad de crédito beneficiaria se considere excesivo. Para beneficiarse de la garantía, se requiere que los bancos participantes paguen unas remuneraciones conformes a las condiciones del mercado, como así lo prevén las recomendaciones del Banco Central Europeo.

Por otra parte, los beneficiarios se comprometerán a determinadas pautas de actuación para evitar un uso abusivo del apoyo estatal. Dichos compromisos incluyen restricciones en la expansión y la comercialización. Por último, España se comprometió a notificar planes de reestructuración para cada beneficiario efectivo de la garantía y a informar periódicamente a la Comisión sobre la aplicación del sistema.

A la luz de estos compromisos y condiciones, la Comisión ha concluido que el sistema es un medio adecuado para abordar una grave perturbación en la economía española, en especial en combinación con el ya aprobado Fondo para la Adquisición de Activos Financieros de entidades financieras (véase IP/08/1630), que también estaba orientado a los problemas de financiación de los bancos españoles y tenía como objetivo apoyar los préstamos a la economía real. Las rigurosas salvaguardias impuestas garantizarán que el apoyo público se limite a lo estrictamente necesario para estabilizar el sector financiero español y de que se minimicen las repercusiones negativas.

La versión no confidencial de la Decisión estará disponible a la mayor brevedad posible con el número de expediente NN/54/B /2008 en el Registro de ayudas estatales en la página Web de la DG de Competencia. Las nuevas publicaciones de decisiones relativas a ayudas estatales en Internet y en el Diario Oficial se incluyen en el boletín State Aid Weekly e-News.


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