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IP/06/1768

Bruselas, 12 de diciembre de 2006

La Comisión actúa contra los Estados miembros que aún no han abierto correctamente sus mercados de la energía

Con el envío, hoy, de 26 dictámenes motivados a 16 Estados miembros, la Comisión ha confirmado su voluntad de proseguir la aplicación de la legislación relativa al mercado interior de la energía. Esta segunda fase del procedimiento de infracción por incumplimiento de las directivas de 2003 relativas a la apertura de los mercados de gas y de electricidad afecta a Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Estonia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Polonia, Suecia, Eslovaquia y Reino Unido. Únicamente Finlandia y Austria, y sólo en lo que se refiere al sector del gas, han presentado argumentos válidos para que se archive el procedimiento iniciado en su contra.

Andris Piebalgs, Comisario de Energía, ha declarado que: «únicamente la plena aplicación de las directivas por parte de los Estados miembros puede permitir el establecimiento de un mercado interior de electricidad y gas que garantice a todos los consumidores europeos una posibilidad real de elección del suministro de gas y electricidad el 1 de julio de 2007».

Para decidir el envío de dictámenes motivados, la Comisión ha examinado las respuestas de los Estados miembros a sus cartas de emplazamiento del pasado mes de abril. Los principales problemas de transposición de la legislación que se han constatado son los siguientes:

  • persistencia de tarifas de suministro reglamentadas para los clientes cualificados, que impiden la entrada de nuevos competidores y la libertad de elegir el suministrador;
  • insuficiente separación de los gestores de redes integrados verticalmente con actividades de producción y de suministro, especialmente en lo que se refiere a la separación de funciones encaminada a garantizar la independencia de los gestores de redes y a impedir cualquier discriminación de acceso a la red;
  • acceso discriminatorio de terceros a la red, y, particularmente, mantenimiento de un acceso preferente para los operadores dominantes con contratos históricos;
  • competencias insuficientes de las autoridades reguladoras, especialmente en lo que se refiere al acceso a la red y a la tarificación;
  • ausencia de notificación de las obligaciones de servicio público;
  • indicación insuficiente del origen de la electricidad.

Tras el envío de dictámenes motivados, los Estados miembros disponen de dos meses para presentar sus observaciones a la Comisión, que a continuación puede decidir someter la cuestión al Tribunal de Justicia Europeo. En la mayoría de los casos, estos procedimientos sólo se refieren a la conformidad del marco legislativo general con las directivas. Asimismo, la Comisión perseguirá cualquier infracción en la aplicación de las directivas –a nivel reglamentario o de la práctica de los gestores de redes– de la que tenga conocimiento, especialmente a través de denuncias.

El Tribunal de Justicia ya ha condenado a Luxemburgo, en los sectores del gas y la electricidad, y a España, en el sector del gas, el 19 de mayo y el 16 de noviembre del presente año, respectivamente. También se podría condenar a España próximamente por no haber incorporado la Directiva sobre electricidad. Por otra parte, la Comisión continúa el examen de la conformidad de las legislaciones de Hungría y de Estonia en el sector del gas. Asimismo, el 4 de julio y el 18 de octubre, respectivamente, se enviaron cartas de emplazamiento a Portugal y Hungría relativas al sector de la electricidad.

La persistencia de estas infracciones pone de manifiesto la insuficiencia del marco legislativo actual

En primer lugar, las autoridades reguladoras no disfrutan de la independencia y de las facultades que les permitan garantizar el establecimiento de mercados abiertos que funcionen eficazmente y no sean discriminatorios.

Por otro lado, el marco jurídico actual sólo muy difícilmente permite regular de forma eficaz los aspectos transfronterizos del acceso a las redes de gas y electricidad, como demuestra la persistencia de accesos preferentes a los interconectores transfronterizos.

Por último, las numerosas infracciones relativas a la separación de funciones demuestran que los Estados miembros siguen sin lograr incorporar eficazmente estas complejas medidas. Incluso cuando está establecida, la separación jurídica y funcional de los gestores de redes integrados verticalmente con actividades de producción y de suministro no siempre permite garantizar la igualdad de acceso de todos los suministradores a las redes, como demuestra la persistencia de infracciones relativas a un acceso discriminatorio y preferente en favor de los operadores dominantes. Las dificultades de aplicación y la falta de efectividad de estas reglas hacen necesario plantearse un reforzamiento de la independencia de los operadores de redes.

Frente a estas deficiencias, la Comisión ha efectuado un examen a fondo de la situación de cada país con el fin de analizar la eficacia, en la práctica, de las medidas legislativas y reglamentarias en materia de apertura de los mercados. La Comisión publicará el informe correspondiente, con los resultados de su análisis en el sector de la competencia, a principios del año próximo.


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