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IP/06/1027

Bruselas, 19 de julio de 2006

Libre circulación de capitales: la Comisión archiva el procedimiento iniciado contra España en relación con la Ley de privatización

La Comisión Europea ha decidido archivar el procedimiento de infracción contra España a la luz de las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 13 de mayo de 2003. La sentencia establece que, al mantener en vigor ciertas disposiciones de la Ley de privatización 5/1995 y de los Reales Decretos sobre Repsol S.A., Telefónica de España S.A., Telefónica Servicios Móviles S.A., Argentaria, Tabacalera S.A. y ENDESA, en la medida en que implican un sistema de autorización administrativa previa, España no había cumplido sus obligaciones en materia de libre circulación de capitales contempladas en el Tratado CE (artículo 56). Esta decisión es consecuencia de la notificación por España de las medidas tomadas el 26 de mayo de 2006 para cumplir con la sentencia del Tribunal.

En su sentencia de 13 de mayo de 2003 en el asunto C-463/00, el Tribunal de Justicia declaró que, al mantener en vigor las disposiciones del artículo 2 y del artículo 3, apartados 2 y 1, de la Ley 5/1995 sobre el régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas, así como los Reales Decretos sobre Repsol S.A., Telefónica de España S.A., Telefónica Servicios Móviles S.A., Argentaria, Tabacalera S.A. y ENDESA, en la medida en que implican un sistema de autorización administrativa previa, España no había cumplido sus obligaciones en materia de libre circulación de capitales contempladas en el Tratado CE (artículo 56). El Tribunal no aceptó que en el caso de Tabacalera (tabaco) y Argentaria (grupo bancario comercial que opera en el sector bancario tradicional) la legislación pudiera estar justificada por razones de interés general asociadas a necesidades estratégicas[1]. En lo que se refiere a Repsol (petróleo), ENDESA (electricidad) y Telefónica (telecomunicaciones), el Tribunal ha reconocido que los obstáculos a la libre circulación de capitales podrían estar justificados por motivos de seguridad pública (por ejemplo, seguridad de abastecimiento). No obstante, estimó que no se había cumplido el principio de proporcionalidad. Asimismo, el Tribunal señaló que el hecho de que el régimen esté previsto para un periodo de tiempo limitado (10 años) no impide que constituya una infracción.

Aunque España modificó su legislación (vigesimoquinta disposición adicional de la Ley nº 62/2003) el 30 de diciembre de 2003, la Comisión consideró que esta modificación no cumplía plenamente la sentencia del Tribunal. En consecuencia, el 5 de julio de 2005 se envió a España un dictamen motivado de conformidad con el artículo 228 del Tratado CE.

El 26 de mayo, el Parlamento español aprobó la Ley nº 13/2006 por la que se deroga la Ley de privatización 5/1995, la vigesimoquinta disposición adicional de la Ley nº 62/2003 y los decretos de desarrollo correspondientes (Boletín Oficial del Estado nº 126, de 27 de mayo de 2006), eliminando de esta forma las restricciones a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento creadas por la Ley de privatización de 1995.
La información más reciente sobre los procedimientos de infracción aplicados a los Estados miembros puede consultarse en:

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm


[1] Los derechos especiales en Argentaria y Tabacalera fueron suprimidos de forma gradual en 1999 y 2000, respectivamente.


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