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IP/05/1672

Bruselas, 21 de diciembre de 2005

La Comisión Europea desea fomentar los vehículos limpios

La Comisión Europea ha propuesto hoy una nueva legislación cuyo objetivo es contribuir a la creación de un mercado para los vehículos limpios a fin de reducir las emisiones contaminantes del sector del transporte. Al imponer a las administraciones públicas que reserven una cuarta parte de sus compras anuales a vehículos limpios, las nuevas normas europeas darán a los constructores las garantías que necesitan para desarrollar esos vehículos con vistas a un mercado más amplio.

«Frente a los problemas crecientes de contaminación urbana y al aumento continuo de los precios del petróleo, debemos ayudar a la industria automovilística para que produzca vehículos más limpios», ha declarado el Vicepresidente Jacques Barrot, responsable de transportes. Andris Piebalgs, Comisario responsable de energía, que se ha asociado a la propuesta de Directiva, añade: «Estas medidas darán lugar a un aumento de la eficiencia energética del sector de los transportes, uno de los más contaminantes y de los que más energía consumen».

Ante el crecimiento constante del sector del transporte y sus consecuencias en materia de contaminación y dependencia del petróleo, la Comisión subraya la necesidad de desarrollar un mercado de «vehículos limpios». En la Unión Europea, el transporte por carretera representa aproximadamente una cuarta parte del consumo de energía y de las emisiones de CO2. El potencial de reducción de las emisiones de los vehículos y de ahorro de energía es considerable. Pero las tecnologías necesarias siguen siendo más caras que las utilizadas en la construcción de los vehículos tradicionales.

Así pues, la Comisión Europea ha decidido actuar en favor del desarrollo de una nueva generación de vehículos que consuman menos energía y produzcan menos emisiones contaminantes. La Directiva prevé que los organismos públicos (Estado, entidades territoriales, organismos de Derecho público, empresas públicas y empresas contratadas por organismos públicos para la prestación de servicios de transporte) estarán sujetos a la obligación de asignar un porcentaje mínimo del 25 % de sus adquisiciones anuales (compras o arrendamiento financiero) de vehículos pesados (de más de 3,5 toneladas) a «vehículos ecológicos», tal como se definen en la norma europea de comportamiento correspondiente (VEM)[1]. Los vehículos pesados incluyen los autobuses y la mayor parte de los utilitarios, como los camiones utilizados en la recogida de basuras.

En una primera fase, las obligaciones de adquisición de vehículos limpios se limitan a estas categorías de vehículos, cuya proporción es importante en los organismos públicos (un 6 % aproximadamente de los camiones y casi un tercio de los autobuses). La demanda creciente de vehículos limpios para esa categoría de vehículos animará a los constructores a fomentar su desarrollo: se trata de que pase a ser un mercado solvente, creando una demanda suficiente que permita realizar economías de escala. De hecho, los estudios realizados por la Comisión han puesto de manifiesto el impacto positivo para la competitividad de la industria automovilística europea. La oferta de vehículos limpios pasará a ser para los constructores una baza importante de competitividad, habida cuenta de los problemas de contaminación urbana que registran varios países de crecimiento económico rápido en el mundo.

La Comisión examinará, en una segunda fase, si procede ampliar esta obligación a otras categorías de vehículos. Uno de los efectos de la Directiva será fomentar el desarrollo de vehículos adaptados a mezclas elevadas de biocombustibles (véase el documento IP/05/1546 relativo al plan de acción sobre la biomasa). Otros ejemplos de tecnologías a las que puede aplicarse esta iniciativa son el gas natural, el gas licuado de petróleo (GLP), el hidrógeno, la motorización eléctrica o híbrida que combina el motor de explosión con el motor eléctrico.

Estas tecnologías han recibido el apoyo de los fondos europeos, por medio de los programas de investigación y desarrollo y de los fondos estructurales. La propuesta de la Comisión se remite ahora al Consejo y al Parlamento Europeo en el marco del procedimiento de codecisión.

Véase igualmente: MEMO/05/495


[1] Tal como se define en la Directiva 2005/55/CE, DO L 275 de 20.10.2005, p. 1.


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