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IP/04/1519

Bruselas, 21 de diciembre de 2004

Derechos de autor: España, Irlanda y Portugal ante el Tribunal de Justicia por aplicación incorrecta del derecho de préstamo público

La Comisión Europea ha decidido denunciar a España, Irlanda y Portugal ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no haber integrado totalmente en su legislación nacional el derecho de préstamo público previsto en la Directiva 92/100/CEE sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. También se denunciará a Portugal ante el Tribunal por no aplicar correctamente el derecho de alquiler establecido en la Directiva, cuyo objetivo consiste en proteger en toda la Unión Europea los derechos de los autores y de otras personas que crean productos culturales cuando sus obras se presten o alquilen, fomentando y manteniendo así su capacidad creativa (véase IP/02/1303).

Derecho de préstamo público: España, Irlanda y Portugal

La armonización del derecho de préstamo público es importante para el mercado único, ya que, entre otras razones, las actividades de préstamo de las instituciones públicas pueden repercutir de manera significativa en el mercado del préstamo comercial. Por ejemplo, si se puede obtener el préstamo de un libro de una biblioteca pública, podrá haber menos demanda para adquirirlo, lo que puede reducir los ingresos de los titulares del derecho, a no ser que ellos también cobren cuando las bibliotecas públicas prestan sus obras. Con arreglo a la Directiva 92/100/CEE, los autores y otros titulares tendrán el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el préstamo al público de sus obras o de otros productos de cuyos derechos de autor sean titulares. No obstante, en lugar del derecho exclusivo, los Estados miembros podrán establecer un derecho para que los titulares sean remunerados cuando las bibliotecas públicas presten sus obras. También podrán eximir a determinadas categorías de establecimientos del pago de dicha remuneración. La Comisión considera que España, Irlanda y Portugal no aplican esta disposición, ya que simplemente eximen del pago a todas las instituciones públicas de préstamo. Por tanto, ha decidido denunciar a dichos Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

A raíz del procedimiento por infracción incoado por la Comisión, el Tribunal ya ha condenado a Bélgica en un asunto similar en octubre de 2003 (asunto C-433/02). La sentencia confirmó que, si las circunstancias existentes en un Estado miembro no permiten distinguir entre distintas categorías de establecimientos, todos los establecimientos afectados deberán abonar la remuneración.

Posteriormente, en abril de 2004, Bélgica adoptó un decreto por el que se aplicaba su ley de 1994 sobre el derecho de préstamo público y, por tanto, la Comisión ha decidido poner fin al procedimiento de infracción.

La Comisión también ha puesto fin a un asunto relativo a Francia cuando, en septiembre de 2004, dicho país publicó un decreto en el que adaptaba a la Directiva su ley de 2003 sobre el derecho de préstamo público.

Italia y Luxemburgo también contaban con disposiciones similares que eximían a todas las instituciones públicas de préstamo del pago a los autores, pero están tramitando leyes para ajustar sus legislaciones nacionales a lo dispuesto en la Directiva. Por ello, la Comisión ha pospuesto su decisión sobre si los denunciaba ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

La Comisión ha decidido enviar cartas de emplazamiento (primera fase del procedimiento de infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado CE), solicitando a Dinamarca, Finlandia y Suecia más información sobre una posible discriminación indirecta en relación con el derecho de préstamo público. En Dinamarca, la remuneración por préstamo público de libros sólo la reciben los autores, traductores e ilustradores de libros publicados sólo en danés. En Suecia, la remuneración por préstamo público de libros y fonogramas se limita a los autores que han escrito en sueco o que tienen su residencia habitual o lugar principal de actividad en Suecia. En Finlandia, la remuneración se limita a los autores, traductores e ilustradores de libros que viven o han vivido en Finlandia y cuyas obras «enriquezcan la vida cultural finlandesa». Además, en Finlandia, todas las categorías de establecimientos públicos de préstamo están exentas del pago de la remuneración.

Portugal: derecho de alquiler

La Comisión también ha decidido denunciar a Portugal ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no aplicar determinadas disposiciones del derecho de alquiler de la Directiva 92/100/CEE, la cual presenta una lista exhaustiva de titulares de derechos en el ámbito de los derechos de alquiler que pueden autorizar, mediante pago, o prohibir la comercialización de una obra para su alquiler. La Comisión consideró que, al incluir una nueva categoría (productores de vídeo) a dicha lista exhaustiva, la legislación portuguesa podría dificultar el funcionamiento del mercado único. En primer lugar, dificulta saber a quién dirigirse para obtener una licencia de explotación de la obra y, en segundo lugar, hace que a los artistas y ejecutantes les resulte más difícil identificar quién debe pagarles por cada copia de la obra alquilada.

Para obtener la última información sobre los procedimientos relativos a todos los Estados miembros, consúltese el sitio siguiente:

http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm


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