Navigation path

Left navigation

Additional tools

Mercado Interior: La Comisión toma medidas contra 13 Estados miembros por no incorporar normativa comunitaria a su legislación nacional

European Commission - IP/03/1005   14/07/2003

Other available languages: EN FR DE NL IT SV PT FI EL

ip/03/1005

Bruselas, 14 de julio de 2003

Mercado Interior: La Comisión toma medidas contra 13 Estados miembros por no incorporar normativa comunitaria a su legislación nacional

La Comisión Europea ha decidido iniciar procedimientos de infracción contra trece Estados miembros por no incorporar, o incorporar de manera incorrecta, a sus legislaciones nacionales diversas Directivas de mercado interior y obligaciones del Tratado CE. La Comisión solicitará formalmente a Bélgica, Alemania, España, Grecia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia y el Reino Unido que incorporen rápidamente la legislación necesaria en un total de 16 casos, que incluyen las Directivas sobre derechos de autor e intercambio de información sobre mercados de valores mobiliarios, así como la segunda Directiva sobre servicios postales. La Comisión ha decidido también pedir a Grecia que modifique su legislación para transponer correctamente la primera Directiva sobre servicios postales. Estas peticiones adoptarán la forma de «dictámenes motivados», la segunda fase del procedimiento de infracción previsto en el artículo 226 del Tratado CE. En caso de que un Estado miembro que ha recibido un dictamen motivado no responda al mismo de manera satisfactoria en el plazo previsto (normalmente 2 meses), la Comisión podrá recurrir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Además, en el marco del artículo 228 del Tratado CE, la Comisión ha decidido enviar dictámenes motivados a Francia e Irlanda para que se atengan de forma inmediata a las sentencias del Tribunal de Justicia, en las que se solicita a Francia que aplique la legislación comunitaria relativa a la responsabilidad de los productos, y a Irlanda, que ratifique el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Acta de París, 1971). Si los países en cuestión no cumplen las sentencias, la Comisión podrá solicitar al Tribunal la imposición de multas diarias.

«Los ciudadanos y las empresas son las principales víctimas de los retrasos de la transposición de las medidas del mercado interior, desde el punto de vista de los costes de oportunidad derivados de las menores posibilidades de elección, una menor competencia y unos mercados más cerrados», declaró el Comisario responsable de Mercado Interior, Frits Bolkestein. «Son los propios Estados miembros los que establecen los plazos de transposición de estas Directivas; lo mínimo que pueden hacer es respetar los objetivos que ellos mismos se han fijado».

Según el último Cuadro de indicadores del mercado interior elaborado por la Comisión, publicado en mayo de 2003 (véase IP/03/621), empieza a aumentar de nuevo la cantidad de directivas no incorporadas por los Estados miembros en el plazo previsto. El «déficit de incorporación» ha pasado del 1,8 % de media por Estado miembro en mayo de 2002 al 2,4 % registrado este año.

Dicho déficit representa el porcentaje de directivas comunitarias relativas al mercado interior que los Estados miembros todavía no han incorporado a su legislación nacional una vez transcurrido el plazo. Este aumento reciente se produce tras una década de mejora continua, durante la cual el déficit disminuyó a partir del 21,4 % de media por Estado miembro que registraba en 1992.

Derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información

En mayo de 2001, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información (véase IP/01/528). Los Estados miembros acordaron transponerla en un plazo de 18 meses, a más tardar, el 22 de diciembre de 2002

La Directiva es la respuesta de la Unión Europea al entorno digital, ya que actualiza la protección de los derechos de autor para tener en cuenta el progreso tecnológico. Su objetivo es estimular la creatividad y la innovación garantizando la protección de todo el material protegido por derechos de autor, incluidos libros, películas y creaciones musicales. Proporciona un entorno seguro para el comercio transfronterizo de bienes y servicios protegidos por derechos de autor, lo que facilitará el desarrollo del comercio electrónico de nuevos productos y servicios multimedios.

La Directiva armoniza los principales derechos de los autores y otros derechohabientes, prevé determinadas excepciones a los derechos de autor y la protección de medidas antielusión y la información para la gestión de los derechos.

Por otro lado, es el medio por el cual la Unión Europea y sus Estados miembros aplican los dos «Tratados Internet» de 1996 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, que han adaptado la protección de los derechos de autor a la tecnología digital. Por este motivo, su transposición resulta de la máxima urgencia.

Grecia y Dinamarca cumplieron en diciembre de 2002 el plazo de aplicación. Italia y Austria incorporaron la Directiva en abril y junio de 2003, respectivamente. La Comisión ha decidido ahora enviar dictámenes motivados a los 11 Estados miembros restantes (Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido), que no han concluido la fase de transposición. La mayoría de estos países han aclarado que incorporarán la Directiva durante 2003, y Alemania, durante julio, pero la Comisión, en su papel de guardiana de los Tratados y con el fin de garantizar que los ciudadanos y las empresas de Europa se beneficien de la Directiva lo antes posible, iniciará procedimientos de infracción hasta que todos los Estados miembros hayan incorporado la Directiva a su ordenamiento jurídico la Directiva.

Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Acta de París)

Para garantizar que los nacionales de un país puedan disfrutar de protección para sus obras en otros países, se han celebrado una serie de convenios internacionales. El convenio internacional más importante que afecta a los autores es el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (1886). Este Convenio se revisó posteriormente y por última vez en 1971 (Acta de París).

Los Estados de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo se comprometieron a adherirse al Acta de París antes del 1 de enero de 1995; sin embargo, Irlanda todavía no lo ha hecho, por lo que la Comisión Europea ha recurrido al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

El 19 de marzo de 2002, el Tribunal declaró que, al no haberse adherido a dicho Tratado antes del 1 de enero de 1995, Irlanda había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE. Irlanda sigue sin adherirse al Acta de París por lo que sigue sin cumplir la sentencia del Tribunal. Por este motivo, la Comisión Europea ha decidido enviar a Irlanda un dictamen motivado con arreglo al artículo 228 del Tratado. En caso de que Irlanda no cumpla dicha sentencia en el plazo prescrito, la Comisión podrá volver a someter la cuestión al Tribunal y solicitar la imposición de una multa.

Intercambio de información sobre mercados de valores mobiliarios

La Directiva 2000/64/CE relativa al intercambio de información sobre mercados de valores mobiliarios modifica lo dispuesto en anteriores directivas sobre servicios financieros en lo que se refiere a la cooperación entre autoridades de supervisión de los servicios financieros. Obliga a los Estados miembros a celebrar acuerdos de cooperación con las autoridades de supervisión de terceros países únicamente si en dichos acuerdos se incluyen también las normas de secreto profesional aplicables al personal de las autoridades de supervisión.

Al aprobar la Directiva en el Consejo, los Estados miembros acordaron incorporarla a su ordenamiento jurídico antes del 17 de noviembre de 2002. Finlandia y Grecia no han informado todavía a la Comisión de las medidas adoptadas al efecto. Por tanto, la Comisión ha decidido enviar dictámenes motivados a ambos Estados miembros.

Servicios postales

La Comisión va a enviar dictámenes motivados a Austria, Francia y Grecia por no transponer la Segunda Directiva Postal (2002/39/CE) en el plazo acordado (31 de diciembre de 2002). La Directiva fue adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros en junio de 2002 (véase IP/02/671, IP/02/406 y IP/01/1420).

Hasta que la legislación nacional se modifique para reflejar las obligaciones a las que se han comprometido los Estados miembros al adoptar dicha Directiva, las empresas no podrán ofrecer una serie de servicios postales que la Directiva ha abierto a la competencia. Ello puede privar a ciudadanos y empresas de las ventajas que se espera obtener del proceso de liberalización desde el punto de vista del precio y la calidad.

La Directiva tiene por objeto proseguir la apertura de los servicios postales a la competencia de manera gradual y controlada, a la vez que prevé la protección de unos servicios universales de calidad (es decir, los servicios que deben prestarse a toda la población a precios asequibles). Sus principales disposiciones obligan a los Estados miembros a liberalizar determinados segmentos del mercado en 2003 y 2006.

En enero de 2003, la Comisión envió cartas de emplazamiento (primera fase del procedimiento de infracción) a ocho Estados miembros que no habían transpuesto la Directiva en el plazo acordado. Desde entonces, cinco Estados miembros (Dinamarca, España, Irlanda, Luxemburgo y Portugal) han notificado a la Comisión su transposición al ordenamiento jurídico nacional.

Asimismo, Austria, Francia y Grecia han iniciado el proceso de transposición y Austria y Francia han introducido algunas medidas administrativas para subsanar de manera parcial los efectos del retraso. Dado que el retraso es ya superior a seis meses, la Comisión continuará los procedimientos oficiales de infracción contra Austria, Francia y Grecia, con el fin de reducir al mínimo las posibilidades de retrasos suplementarios.

Por otro lado, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado en el que solicita a Grecia que adapte su legislación a la Primera Directiva Postal (97/67/CE). El objetivo de esta Directiva es introducir normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales y mejorar la calidad del servicio, incluida la protección de los servicios postales universales.

La Directiva impide a los Estados miembros que exijan a las empresas obtener una decisión explícita de las autoridades antes de iniciar la prestación de servicios postales «no universales», aunque pueden aplicarse procedimientos de registro o declaración. Grecia todavía exige esta decisión explícita, lo que la Comisión considera un obstáculo injustificado a la prestación de servicios postales.

Además, la Directiva especifica las condiciones para la introducción en los Estados miembros de un fondo destinado a compensar al proveedor del servicio universal por la carga financiera a que esté sometido por la prestación de este servicio. Este fondo tiene por objeto garantizar la viabilidad financiera de la prestación del servicio postal universal. La Comisión ha solicitado a Grecia que, con el fin de adaptarse a la Directiva, modifique las condiciones en las que puede solicitarse a las empresas que prestan servicios no universales a contribuir a dicho fondo.

Productos defectuosos

La Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a Francia, tras haber comprobado que no ha cumplido una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en 2002, pese al envío de una carta de emplazamiento en abril de 2003 (véase IP/03/581). Mediante esta sentencia, el Tribunal había declarado que la normativa francesa que incorpora la Directiva «responsabilidad de los daños causados por productos defectuosos» no se adaptaba a la Directiva.

La Directiva mencionada tiene por objeto garantizar a los consumidores un nivel adecuado de protección en toda la Unión Europea y eliminar los obstáculos al funcionamiento del mercado interior y las distorsiones de la competencia derivadas de la existencia de disparidades entre las legislaciones nacionales en este ámbito. Dichas disparidades podrían frenar la venta de determinados productos en determinados Estados miembros, con lo que se limitarían las opciones de los consumidores, que podrían pagar precios más caros por dichos productos. Así pues, la Directiva ha proporcionado un marco común para la responsabilidad sin falta.

En el siguiente sitio de Internet puede encontrarse información reciente sobre procedimientos de infracción que afectan a todos los Estados miembros:

http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website