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IP/01/872

Bruselas, 20 de junio de 2001

La Comisión confirma la necesidad de encarar el problema de las restricciones a las inversiones transfronterizas y el falseamiento de la competencia en el mercado de la energía

En su reunión celebrada el 20 de junio en Bruselas, la Comisión Europea confirmó la necesidad de velar por que las medidas adoptadas por las autoridades públicas de los Estados miembros no restrinjan directa o indirectamente las inversiones transfronterizas, infringiendo las disposiciones del Tratado CE relativas a la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento, como ya había afirmado en su Comunicación de 1997. La Comisión también reiteró la necesidad de que el Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo adopten rápidamente las propuestas presentadas en marzo de 2001 con vistas a proseguir la liberalización de los mercados de la energía de la UE. La Comisión se mostró decidida a seguir aplicando rigurosamente las normas en materia de competencia y ayudas estatales. En el supuesto de que la adopción de las Directivas sobre la liberalización del mercado de la energía se retrasara, generando falseamientos de la competencia, la Comisión decidió estudiar la posibilidad de proceder ella misma a la adopción de directivas o decisiones, en virtud del artículo 86 del Tratado CE y, en especial, de su apartado 3. El artículo 86 garantiza, por otra parte, que la aplicación de las normas de competencia no puede impedir a los operadores cumplir sus obligaciones de servicio público.

La Comisión aclaró que en el proceso de privatización de una empresa, cuando un Estado miembro actúa en calidad de accionista mayoritario, puede aplicar ciertas condiciones en relación con la venta de esa empresa (por ejemplo, limitar la participación de empresas del sector público en la empresa privatizada) siempre que dichas condiciones:

  • se enmarquen en objetivos concretos de política económica y hayan sido claramente definidas de antemano

  • se apliquen sin discriminaciones

  • se limiten al tiempo necesario para lograr dichos objetivos, y

  • no dejen ningún margen de interpretación a la administración competente.

La Comisión también reiteró que una vez que se ha realizado la venta y que las autoridades públicas dejan de controlar una empresa, deben renunciar a seguir interveniendo en la gestión de las empresas privatizadas, salvo que esas intervenciones:

  • estén justificadas por uno de los motivos definidos en el Tratado CE (por ejemplo, la defensa, la salud o el orden públicos), o

  • estén justificadas por otro motivo imperioso de interés público,

  • no establezcan discriminación alguna entre los nacionales del Estado miembro de que se trate y los de otros Estados miembros

  • y sean proporcionadas al motivo en cuestión.

Por lo que se refiere a las disparidades en el grado de liberalización del sector energético, la Comisión confirmó que este problema debería subsanarse si el Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo adoptan rápidamente las propuestas que presentó en marzo de 2001 con objeto de proseguir la liberalización de los mercados de la energía (apertura total a la competencia del mercado de la electricidad para los clientes no residenciales antes del 1 de enero de 2003, del mercado del gas para los clientes no residenciales antes del 1 de enero de 2004 y para todos los clientes (incluidos los particulares) antes del 1 de enero de 2005 - véase IP/01/356).

La Comisión acordó que, para evitar falseamientos de la competencia y desigualdades a corto plazo antes de la adopción de las nuevas propuestas de liberalización:

  • vigilará la correcta y oportuna aplicación por los Estados miembros de las actuales Directivas relativas a la liberalización de los sectores de la electricidad y el gas;

  • velará por la plena aplicación de las normas de competencia del Tratado en el sector de la energía. En especial, la Comisión seguirá aplicando las normas de los Tratados en materia de prácticas comerciales restrictivas y abuso de posiciones dominantes en el mercado para evitar restricciones y distorsiones de la competencia en el suministro, así como discriminaciones en el acceso a las redes. Examinará asimismo todas las ayudas estatales que se concedan a las empresas de electricidad y de gas (incluidas las ayudas estatales en el sector nuclear) y seguirá aplicando las normas de competencia para evitar que se limite el derecho de los consumidores a elegir sus proveedores. Entre los ejemplos de casos examinados por la Comisión en los dos últimos años cabe citar las intervenciones en relación con operaciones de venta conjunta (entre éstas, GFU y EDF/CNR), el refuerzo de posiciones dominantes mediante fusiones (por ejemplo, VEBA/VIAG, EDF/EnBW), el acceso privilegiado a las redes (por ejemplo, los interconectores Dinamarca/Alemania y Francia/Reino Unido), los sistemas de costes de transición a la competencia (costes "hundidos") y el bloqueo de consumidores clave (Gasnatural/Endesa).

La Comisión también decidió que, en caso de que la adopción de las propuestas de liberalización de los mercados de la energía se retrase, se planteará adoptar ella misma decisiones o directivas, en virtud del artículo 86 del Tratado y, en especial, de su apartado 3, para subsanar eventuales falseamientos de la competencia debidos a diferencias en el grado de liberalización. Esta opción, consistente en la adopción directa por la Comisión de directivas dirigidas a los Estados miembros, con arreglo al apartado 3 del artículo 86 del Tratado, ya se ha utilizado en el sector de las telecomunicaciones.

En respuesta al Parlamento Europeo que le pidió, en marzo de 2001, que elaborara una propuesta de Directiva sobre las restricciones a las inversiones transfronterizas, la Comisión explicó que, como guardiana del Tratado CE, no podía sustraerse al ejercicio de sus competencias en materia de legislación secundaria. La Comisión decidió asimismo explicar detenidamente su postura al Consejo de Ministros de la UE.

En las discusiones de la Comisión se destacó la importancia de lograr un mercado europeo unificado y de garantizar el respeto de los principios fundamentales del mercado interior. La Comisión también reiteró su voluntad de crear un verdadero mercado interior de la energía que contribuya a mejorar la seguridad del abastecimiento y la calidad de estos servicios de interés general.


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