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IP/01/1284

Bruselas, 19 de septiembre de 2001

Europa debe dotarse de instrumentos comunes para hacer frente al terrorismo

La Comisión Europea pide una mayor armonización y una cooperación más estrecha en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia. Al adoptar hoy dos propuestas de decisiones marco relativas respectivamente a la lucha contra el terrorismo y al mandamiento de detención europeo, la Comisión vuelve a entrar en el meollo de la cuestión: crear una auténtica cooperación penal europea, basada en el reconocimiento mutuo automático entre las autoridades judiciales de los Estados miembros.

"El terrorismo es la acción de redes que operan a escala internacional, con base en varios países, que explotan las lagunas jurídicas resultantes de los límites geográficos de las investigaciones y que se benefician a veces de una importante ayuda financiera y logística", ha recordado el Comisario responsable de la Justicia y los Asuntos de Interior, António Vitorino. "Los terroristas aprovechan las diferencias de tratamiento jurídico entre los Estados, en particular cuando la infracción en cuestión no se contempla en el Derecho nacional, y por allí hay que empezar", añadió.

En efecto, la situación actual es muy distinta en los diferentes Estados miembros. En la mayoría de ellos, no existen normas específicas sobre terrorismo, y los actos terroristas se castigan como infracciones de derecho común. Ahora bien, seis Estados miembros (Alemania, Italia, Francia, España, Portugal y el Reino Unido) disponen de leyes o instrumentos jurídicos específicos sobre terrorismo, en los que se mencionan explícitamente los términos "terrorismo" o "terrorista".

Hoy se han adoptado dos propuestas:

  • Por una parte, una definición común de los actos terroristas y la fijación de penas que reflejan la gravedad de estos actos. Esta propuesta incluye una lista de infracciones, calificadas de terroristas cuando son cometidas intencionalmente por individuos o grupos contra uno o más países, sus instituciones o sus ciudadanos, con el fin de amenazarlos y de atentar gravemente contra las estructuras políticas, económicas o sociales de estos países, o de destruirlas. Se propone castigar estos actos con penas de prisión que, según la infracción cometida, pueden ir desde un mínimo de 2 años de prisión para los delitos menos graves, hasta un máximo de 20 años para los delitos más graves previstos en el texto de la propuesta.

  • Por otra parte, una propuesta consistente en sustituir los procedimientos tradicionales de extradición por un sistema de entrega entre las autoridades judiciales, basado en un mandamiento de detención europeo. Esta propuesta se basa en el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, que el Consejo Europeo de Tampere desea se convierta en la piedra angular de la cooperación judicial. La idea básica es que cuando la autoridad judicial de un Estado miembro solicite la entrega de una persona que haya cometido una infracción castigada con una pena superior a cuatro meses, ya sea en virtud de una condena firme o porque dicha persona sea objeto de diligencias penales, su decisión deberá reconocerse y ejecutarse en todo el territorio de la UE. Con el fin de simplificar y acelerar al máximo los procedimientos, se ha previsto encuadrarlos en un plazo fijo de tres meses. Además, se suprimen el principio de la doble incriminación así como la excepción en favor de los nacionales. La propuesta tiene por objeto facilitar, cuando sea posible, la ejecución de la pena en el país de detención, cuando sea más probable en este país la buena reintegración social de la persona.

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