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Según los auditores de Tribunal, no existen pruebas de valor añadido en las subvenciones a la industria alimentaria

Court of Auditors - ECA/13/9   10/04/2013

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TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

COMUNICADO DE PRENSA

ECA/13/9

Luxemburgo, 10 de abril de 2013

Según los auditores de Tribunal, no existen pruebas de valor añadido en las subvenciones a la industria alimentaria

Con arreglo a la Política Agrícola Común, y en el marco de la política de desarrollo rural de la UE, se conceden subvenciones a empresas que transforman y comercializan productos agrícolas a través de la medida denominada «Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales», que tiene como fin la mejora de la competitividad de la agricultura y la silvicultura. En el período 2007-2013 el presupuesto de la UE asignado es de 5 600 millones de euros, financiación que se completa con los fondos nacionales, con lo que la financiación pública total alcanza los 9 000 millones de euros.

Los Estados miembros deben elaborar Programas de Desarrollo Rural que adapten la ayuda a sus necesidades mediante objetivos nacionales o regionales, y que establezcan el alcance de la medida, a fin de garantizar el uso eficiente de la financiación. Sin embargo, los auditores constataron que solo se habían fijado objetivos generales que no demostraban el modo en que se preveía que la financiación aumentara el valor añadido de los productos agrícolas o mejorara la competitividad de la agricultura. A pesar de esta falta de especificidad, la Comisión aprobó los programas. La fiscalización abarcó seis programas de desarrollo rural nacionales y regionales, seleccionados principalmente por su tamaño: España (Castilla y León), Francia, Italia (Lacio), Lituania, Polonia y Rumanía.

Los auditores del Tribunal constataron que los Estados miembros no orientan la financiación a aquellos proyectos que tienen una necesidad demostrable de ayuda pública. A raíz de ello, la medida se convierte en una ayuda general a empresas que invierten en el sector de la transformación alimentaria, con los riesgos añadidos de distorsión de la competencia y despilfarro de los escasos fondos públicos.

Casi un 20 % de los fondos de la UE para la mejora de la competitividad de la agricultura se destina a empresas de transformación alimentaria, pero los sistemas de seguimiento y evaluación no recopilan los datos relativos al valor añadido ni a los efectos indirectos sobre la competitividad de la agricultura. Es poco probable que los sistemas vigentes proporcionen la información necesaria para demostrar el éxito de la financiación o para mejorar su eficacia y eficiencia durante el período 2014-2020.

«Los Estados miembros no determinan claramente la necesidad de financiación ni establecen objetivos significativos», afirmó Jan Kinšt (CZ), el Miembro del Tribunal responsable del informe, «la Comisión debería aprobar únicamente este tipo de programas, en caso contrario esta medida se convierte en una mera donación a empresas del sector de la transformación alimentaria».

Nota destinada a las redacciones:

Los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) se publican a lo largo del año y presentan los resultados de su fiscalización de ámbitos presupuestarios o temas de gestión específicos de la UE.

El Informe Especial nº 1/2013 se titula «¿Han resultado eficaces y eficientes las ayudas de la UE a la industria alimentaria para aumentar el valor añadido de los productos agrícolas?». El Tribunal examinó si la medida se diseñó y aplicó de modo que permitiera financiar de forma eficiente proyectos que respondan a necesidades claramente determinadas y si la medida fue objeto de un seguimiento y evaluación que permitiera demostrar sus resultados.

En el contexto de la presente fiscalización se consideraron eficaces los proyectos sostenibles que contribuían a los objetivos específicos de los Programas de Desarrollo Rural para la medida y que aumentaban el valor añadido de los productos agrícolas. La financiación fue considerada eficiente si el efecto de peso muerto era limitado y el desplazamiento estaba justificado.

Los trabajos de fiscalización consistieron en una revisión de los Programas de Desarrollo Rural, un examen de los sistemas de gestión de los Estados miembros y visitas de fiscalización independientes a veinticuatro proyectos finalizados de transformación alimentaria en estos Estados miembros, además de cuatro proyectos designados por los propios Estados miembros como ejemplos de mejores prácticas. El resto fueron seleccionados por el Tribunal para que reflejaran la variedad de proyectos que suelen financiarse en el Estado miembro.

El Tribunal constató que los proyectos mejoraron principalmente el rendimiento financiero de las empresas, y algunos de los fiscalizados pueden aportar algún valor añadido. No obstante, ello no podía atribuirse al diseño de la medida ni a los procedimientos de selección utilizados por los Estados miembros. Faltaban pruebas que demostraran que las empresas que recibieron las ayudas necesitaran una subvención, o los objetivos específicos de la política que se esperaba alcanzar gracias a ella. El Tribunal concluye que la ayuda no se ha orientado sistemáticamente a proyectos que aumentaran de forma eficaz y eficiente el valor añadido de los productos agrícolas.

El Tribunal recomendó que:

        • los programas de los Estados miembros determinen claramente la necesidad de financiación y establezcan objetivos significativos y mensurables; la Comisión apruebe únicamente estos programas.

        • se definan criterios de selección que permitan determinar cuáles son los proyectos más eficaces; a fin de garantizar el uso eficaz de los fondos de la UE, estos criterios deben aplicarse rigurosamente, incluso en caso de que se disponga de presupuesto suficiente para financiar todos los proyectos subvencionables.

        • la Comisión y los Estados miembros fomenten la adopción de las mejores prácticas destinadas a mitigar los riesgos de efecto de peso muerto y de desplazamiento.

        • en el próximo período de programación se mejore el marco de seguimiento y evaluación aplicable a los proyectos financiados con el fin de garantizar que se pueda medir de forma adecuada la eficacia de los fondos empleados.

Persona de contacto:

Aidas Palubinskas

Agente de prensa

Tribunal de Cuentas Europeo

Oficina: +352 4398 45410 Móvil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


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