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La fiscalización lleva a la UE a replantearse el concepto de «alojamiento provisional» tras las catástrofes naturales»

Court of Auditors - ECA/13/5   25/02/2013

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TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

COMUNICADO DE PRENSA

ECA/13/5

Luxemburgo, 25 de febrero de 2013

La fiscalización lleva a la UE a replantearse el concepto de «alojamiento provisional» tras las catástrofes naturales

A raíz de un informe de los auditores de la UE, la Comisión Europea clarificará las normas de financiación de alojamientos provisionales como consecuencia de las catástrofes naturales. En el informe se examinan los hechos acaecidos tras el terremoto que, a comienzos de abril de 2009, afectó a la región italiana de Abruzo y su capital L’Aquila, provocando daños directos que se estimaron en más de 10 000 millones de euros. En noviembre de 2009, la Unión Europea contribuyó con 500 000 euros a las operaciones urgentes en Italia a través de su Fondo de Solidaridad (FSUE).

Las operaciones financiables comprendían el restablecimiento inmediato del funcionamiento de las infraestructuras de energía, agua, alcantarillado, telecomunicaciones, transportes, sanidad y enseñanza, así como la facilitación de alojamientos provisionales y financiación de servicios de auxilio para atender a las necesidades inmediatas de la población. Un total de 67 500 personas quedaron sin hogar tras el terremoto.

Un 30 % (144 millones de euros) aproximadamente de la contribución del FSUE se destinó a operaciones que eran perfectamente subvencionables con arreglo al reglamento que lo regula. Sin embargo, el proyecto CASE de viviendas antisísmicas y ecosostenibles (Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili), no se ajustaba a las disposiciones del Reglamento FSUE pese a satisfacer necesidades reales mediante la construcción de nuevos edificios permanentes de viviendas en vez de alojamientos provisionales. El proyecto CASE absorbió el 70 % de la financiación (350 millones de euros) y su estrategia se dirigía a atender las necesidades de alojamiento de 15 000 afectados por el terremoto, pero no respondió a tiempo y con la capacidad suficiente a las necesidades reales de la población. Las viviendas CASE eran mucho más caras que las normales.

El Reglamento que rige el FSUE prevé que solo puede utilizarse para operaciones urgentes de primera necesidad, como la facilitación de alojamientos provisionales, y no para financiar una reconstrucción real. Su alcance se limita a las necesidades más urgentes, mientras que la reconstrucción a largo plazo se deja a otros instrumentos, por lo que los auditores de la UE consideran que el proyecto CASE, al facilitar viviendas duraderas y sostenibles, no se ajustó a los objetivos del FSUE. A ello se añade que los apartamentos CASE generarán posiblemente considerables ingresos en el futuro, pese a no estar contemplada esta posibilidad en el Reglamento FSUE.

«Había insuficiencias de planificación previa, pese a que Abruzo es una de las regiones de Europa más sujetas a movimientos sísmicos. Estoy contento de que la Comisión aproveche esta oportunidad de revisar el Reglamento que rige el Fondo de Solidaridad de la UE no solo para redefinir el concepto de alojamiento provisional, sino para alertar a los Estados miembros en situación de riesgo a tener preparados verdaderos planes de alerta», afirmó Ville Itälä, Miembro del TCE responsable del informe, «pues eso ayudará enormemente a la respuesta de la UE a las catástrofes naturales».

Nota destinada a las redacciones:

Los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) se publican a lo largo del año y presentan los resultados de su fiscalización de ámbitos presupuestarios o temas de gestión específicos de la UE.

En el Informe Especial nº 24/2012 «La respuesta del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea al terremoto de Abruzo de 2009: pertinencia y coste de las operaciones», el Tribunal examina: i) si los gastos previstos en el acuerdo de ejecución son conformes con el Reglamento FSUE y ii)  si el proyecto CASE estaba bien planificado y si su ejecución ha sido rápida y iii) se ha desarrollado conforme a principios de economía.

La fiscalización, centrada principalmente en el proyecto CASE, que absorbió la mayor parte de la subvención del FSUE (350 de 494 millones de euros), tuvo lugar de noviembre de 2011 a febrero de 2012 y abarcó una muestra de cinco procedimientos de contratación pública y doce contratos para la construcción de edificios y suministro de muebles, hormigón, pilares y aisladores sísmicos. La muestra incluía el 35 % de los importes contratados para el proyecto CASE (véase el anexo II del informe). Los análisis documentales se complementaron con entrevistas y observaciones realizadas en el Departamento de Protección Civil, en los terrenos donde se ejecutaron los proyectos y en las dependencias de las partes interesadas en la zona del terremoto.

El Tribunal constató que los proyectos financiados, excepto el CASE, eran subvencionables con arreglo al Reglamento FSUE. Todos se habían ejecutado de conformidad con el acuerdo de ejecución y respondieron a numerosas necesidades inmediatas de la población afectada por el terremoto. La estrategia elegida por las autoridades italianas de construir apartamentos CASE era fácil de comprender, pero el proyecto no permitió alojar a todos los desplazados antes de la llegada del invierno. Los apartamentos CASE resultaron innecesariamente costosos y alojaban a un número muy insuficiente de personas, la planificación del proyecto presentaba deficiencias y no se garantizó la economía en su ejecución. El Reglamento que rige el FSUE prevé que solo puede utilizarse para operaciones urgentes de primera necesidad, como la facilitación de alojamientos provisionales, y no para financiar una reconstrucción real. Su alcance se limita a las necesidades más urgentes, mientras que la reconstrucción a largo plazo se deja a otros instrumentos, por lo que el Tribunal considera que el proyecto CASE, al facilitar viviendas duraderas y sostenibles, no se ajustó a los objetivos del FSUE. A ello se añade que los apartamentos CASE generarán posiblemente considerables ingresos en el futuro, pese a no estar contemplada esta posibilidad en el Reglamento FSUE.

A fin de aprender de la experiencia de Abruzo y prestar la debida atención a la situación de urgencia específica y su impacto, el Tribunal recomienda que la Comisión: i) estudie la posibilidad de adaptar el Reglamento FSUE a los cambios recientes en las estrategias de respuesta a catástrofes, ii) inste a los Estados miembros a mejorar su preparación ante emergencias para conseguir, en tiempo oportuno, una ayuda rentable y iii) vele por que se tome en debida consideración la economía en la concepción y ejecución de los proyectos de emergencia.

Persona de contacto:

Aidas Palubinskas

Agente de prensa

Tribunal de Cuentas Europeo

Oficina: +352 4398 45410 Móvil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


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