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Eficiencia energética en la UE: no se han logrado los objetivos de inversión; el plazo medio de amortización es superior a 50 años (y en casos extremos alcanza los 150)

Cour des comptes - ECA/12/55   14/01/2013

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TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

COMUNICADO DE PRENSA

ECA/12/55

Luxemburgo, 14 de enero de 2013

Eficiencia energética en la UE: no se han logrado los objetivos de inversión; el plazo medio de amortización es superior a 50 años (y en casos extremos alcanza los 150)

El coste de un mayor consumo energético, la disminución de las reservas de combustibles fósiles y el efecto de las actividades humanas en el cambio climático mundial han impulsado las últimas políticas de eficiencia energética. Desde 2000, la Unión Europea, a través de los fondos de su Política de Cohesión, ha asignado casi 5 000 millones de euros a la cofinanciación de estas medidas en los Estados miembros. La Comisión Europea y los Estados miembros son responsables de la buena gestión financiera de dichos fondos.

El Tribunal de Cuentas Europeo evaluó la rentabilidad de las inversiones en eficiencia energética de la Política de Cohesión.

El Tribunal observó que los objetivos de los proyectos seleccionados para su financiación no eran racionales en términos de rentabilidad, o sea, de su coste por unidad de energía ahorrada. Si bien los objetivos consistían en ahorrar energía y aumentar el bienestar, los proyectos no se seleccionaron por su potencial para producir beneficios financieros mediante el ahorro de energía, sino que los edificios se consideraban «preparados» para recibir financiación si necesitaban una renovación y su documentación cumplía los requisitos.

Según Harald Wögerbauer, Miembro del Tribunal de Cuentas responsable del informe, «ninguno de los proyectos que examinamos incorporaba una evaluación de las necesidades o siquiera un análisis del potencial de ahorro energético en relación con las inversiones», «los Estados miembros empleaban estos fondos fundamentalmente para renovar edificios públicos y la eficiencia energética constituía, todo lo más, una preocupación secundaria».

El plazo medio previsto para la amortización de las inversiones era de unos 50 años, y de hasta 150 años en algunos casos. Esto significa que los fondos no se gastaron de manera razonable, ya que la vida útil de los componentes renovados y de los propios edificios es más corta, de modo que, desde el punto de vista de la eficiencia energética, pueden considerarse perdidos.

Nota destinada a las redacciones:

Los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) se publican a lo largo del año y presentan los resultados de su fiscalización de ámbitos presupuestarios o temas de gestión específicos de la UE.

El Informe Especial nº 21/2012 «Rentabilidad de las inversiones en eficiencia energética de la Política de Cohesión» evaluó la rentabilidad de las inversiones en eficiencia energética de la Política de Cohesión. Para ello, examinó si a) se habían establecido las condiciones adecuadas de programación y financiación para facilitar inversiones rentables en eficiencia energética y si b) los proyectos de eficiencia energética en edificios públicos fueron rentables.

La fiscalización se llevó a cabo en la República Checa, Italia y Lituania, los países que habían recibido las mayores contribuciones del Fondo de Cohesión y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para medidas de eficiencia energética en el período de programación 2007-2013 y que, al finalizar 2009, también habían asignado los importes más elevados a proyectos. La fiscalización examinó cuatro programas operativos y una muestra de veinticuatro proyectos de inversión en eficiencia energética en edificios públicos.

El Tribunal llegó a la conclusión de que no se habían establecido las condiciones adecuadas en la programación y financiación para posibilitar inversiones rentables en eficiencia energética, y de que los proyectos sobre eficiencia energética en edificios públicos no eran rentables. Ello se debía a que los programas operativos auditados no contaron con evaluaciones adecuadas de las necesidades para identificar los sectores específicos en los que se podía ahorrar energía y las opciones para lograr dicho ahorro de manera rentable, lo que les habría permitido justificar las medidas seleccionadas y su coste.

El concepto de rentabilidad, la mejor relación entre los medios empleados y los resultados obtenidos, no fue un factor determinante en la asignación de fondos por los Estados miembros a medidas y proyectos concretos de eficiencia energética ni tampoco se tuvo en cuenta en la evaluación previa a la aprobación por la Comisión de los programas operativos.

Aunque todos los proyectos auditados obtuvieron las realizaciones físicas previstas, como sustitución de puertas y ventanas o aislamiento de tejados y paredes, el coste con respecto al potencial de ahorro energético fue elevado. Se concedió mayor importancia a la necesidad de renovación de los edificios públicos que a la eficiencia energética. A pesar de que los proyectos auditados tenían como objetivo ahorrar energía y aumentar el bienestar, no lograron una buena relación entre ahorro energético y coste de la inversión. El plazo medio previsto para la amortización de las inversiones era de unos cincuenta años, lo que resulta excesivo teniendo en cuenta la vida útil de los componentes renovados así como la de los propios edificios.

Las auditorías energéticas no eran obligatorias (Italia y Lituania) o, si se exigían (República Checa), recomendaban opciones de inversión demasiado costosas. En dieciocho de los veinticuatro proyectos auditados no se pudo verificar el ahorro energético por no haberse llevado a cabo mediciones fiables.

Para mejorar la inversión en eficiencia energética, el Tribunal recomienda a la Comisión que supedite la financiación de medidas de eficiencia energética mediante la Política de Cohesión a una evaluación adecuada de las necesidades; a un seguimiento periódico; a la utilización de indicadores de resultados comparables, de criterios transparentes en la selección de proyectos y de costes de inversión estándar por unidad de energía que se debe ahorrar y que, además, fije un valor máximo aceptable para el plazo de amortización simple.

Persona de contacto:

Aidas Palubinskas

Agente de prensa

Tribunal de Cuentas Europeo

Oficina: +352 4398 45410 Móvil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


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