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El Tribunal General confirma que debe aplicarse una reducción de 80 millones de euros a la ayuda económica proporcionada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a la región italiana de Apulia

Court of Justice - CJE/14/45   28/03/2014

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Prensa e Información

Tribunal General de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 45/14

Luxemburgo, 28 de marzo de 2014

Sentencia en el asunto T‑117/10

Italia / Comisión

El Tribunal General confirma que debe aplicarse una reducción de 80 millones de euros a la ayuda económica proporcionada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a la región italiana de Apulia

Las graves deficiencias de las que han dado prueba las autoridades italianas en la gestión y el control del empleo de los fondos de la Unión pueden dar lugar a irregularidades endémicas

A fin de reforzar la cohesión económica, social y territorial, y de reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, la Unión desarrolla una acción mediante fondos estructurales, 1 de los cuales forma parte el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

En 1999 Italia presentó a la Comisión un proyecto de programa operativo para la región de Apulia («POR Puglia»). En 2000 la Comisión aprobó dicho proyecto y puso a disposición de las autoridades italianas 1,72 mil millones de euros con cargo al FEDER. A tal fin, la Comisión efectuó pagos por adelantado e intermedios por un importe total de 1,23 mil millones de euros.

En 2007, la Comisión llevó a cabo una auditoría de los sistemas de gestión y de control establecidos por las autoridades italianas y llegó a la conclusión de que éstas no habían articulado un sistema que garantizara la buena gestión financiera de los fondos. Una nueva auditoría realizada en 2007 sobre las acciones emprendidas por las autoridades italianas para subsanar las deficiencias destacadas en la auditoría anterior puso de manifiesto que Italia no había cumplido las obligaciones que le incumbían. La Comisión suspendió los pagos intermedios del FEDER e impuso a Italia un plazo para que efectuara los controles y realizara las correcciones necesarias.

En 2009 una tercera auditoría puso de relieve que las exigencias impuestas en la Decisión de suspensión no se habían respetado en los plazos señalados. Se detectaron varias irregularidades en los controles de primer y segundo nivel y en el funcionamiento de la autoridad de pago. La Comisión concluyó que no se estaba garantizando adecuadamente el funcionamiento eficaz de la gestión y el control del POR Puglia.

Mediante Decisión de 22 de diciembre de 2009, la Comisión redujo la ayuda económica concedida a Italia aplicando una corrección a tanto alzado del 10 % sobre los gastos certificados, es decir, una reducción de 127,17 millones de euros. Dada la incidencia de la corrección ya realizada por las autoridades italianas sobre la participación del FEDER, la Comisión redujo la ayuda económica en 79,33 millones de euros.

Italia interpuso ante el Tribunal General un recurso contra esta Decisión de la Comisión, esperando obtener su anulación.

En su sentencia de hoy, el Tribunal General recuerda en primer lugar que únicamente estarán a cargo del presupuesto de la Unión los gastos efectuados por las autoridades nacionales de conformidad con las normas del Derecho de la Unión. En aras del respeto de la buena gestión financiera de los fondos estructurales, es esencial que los Estados miembros establezcan sistemas de gestión y de control que permitan comprobar que los productos y servicios cofinanciados se entregan y que los gastos declarados se producen efectivamente. Los Estados miembros también deben organizar, sobre la base de muestras apropiadas, controles regulares sobre al menos el 5 % de los gastos totales de las operaciones.

En cambio, para justificar su Decisión, la Comisión debe demostrar la existencia de una infracción de las normas que rigen los fondos estructurales. No está obligada a demostrar exhaustivamente la insuficiencia de los controles nacionales ni la irregularidad de las cifras comunicadas, pero debe aportar pruebas que puedan corroborar las dudas serias y razonables que albergue respecto de esos controles o cifras. La obligación que incumbe a la Comisión en materia de prueba está no obstante atenuada, dado que quien se encuentra en mejor posición para recoger y verificar los datos necesarios para liquidar las cuentas es el Estado miembro. Por consiguiente, corresponde al Estado miembro presentar las pruebas más detalladas y completas de que los controles se han llevado efectivamente a cabo y de que las cifras son reales, así como, en su caso, de que las afirmaciones de la Comisión son inexactas.

El Tribunal General considera que en el presente asunto los auditores de la Unión detectaron varias irregularidades que justificaban serias dudas sobre los controles o el carácter admisible de los gastos. Aparte de la falta de personal en las estructuras de la autoridad de pago, esas irregularidades consisten en retrasos en la ejecución de los controles de primer y segundo nivel, en el envío de los informes, en el seguimiento de los controles, en la llevanza del cuadro de seguimiento y en las comprobaciones que se suponía que debía realizar la autoridad de pago. Los controladores nacionales no señalaron varias de las irregularidades, a la vez que se dieron por finalizados otros controles sin haber procedido a examinar documentos esenciales. La Comisión impugnó asimismo la fiabilidad del porcentaje de los gastos controlados y de las correcciones propuestas por las autoridades italianas y puso de relieve las disfunciones de la autoridad de pago.

Italia, por su parte, no ha aportado pruebas que permitan invalidar las comprobaciones de la Comisión.

El Tribunal General subraya asimismo que la Comisión siguió dialogando con las autoridades italianas tras la primera misión de auditoría. Por lo tanto, éstas tuvieron la posibilidad de exponer su punto de vista y se las involucró apropiadamente en el procedimiento que dio lugar a la adopción de la Decisión. Según el Tribunal General, la Comisión no incumplió la obligación de motivación a la que está sujeta, en particular si se tiene en cuenta que Italia estuvo estrechamente vinculada al proceso de elaboración de la Decisión y que estaba al tanto de las razones por las que la Comisión estimaba que la cantidad controvertida no debía imputarse al Fondo.

El Tribunal General considera, asimismo, que la corrección a tanto alzado del 10 % se ajusta a las reglas de conducta administrativa. 2

Por último, el Tribunal General estima que las deficiencias detectadas por la Comisión minan la eficacia del sistema de gestión y de control del POR Puglia, por lo que presentan un riesgo importante de pérdida para el presupuesto de la Unión. Por consiguiente, la Comisión obró acertadamente al aplicar un porcentaje de corrección del 10 %, porcentaje acorde con la gravedad, la naturaleza y la duración de las deficiencias que afectaron a los elementos clave del sistema de control del POR Puglia.

Por estos motivos, el Tribunal desestima el recurso interpuesto por Italia.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal General.

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

1 :

Artículos 174 TFUE a 176 TFUE, Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (DO L 161, p. 1) y Reglamento nº 438/2001 por el que se establecen disposiciones de aplicación de éste (DO L 63, p. 21).

2 :

Las «orientaciones» que elaboró la Comisión definen los principios, criterios y baremos indicativos aplicables por sus servicios para la determinación de las correcciones financieras [documento C (2001) 476, de 2 de marzo de 2001].


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