Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 9/13

Luxemburgo, 31 de enero de 2013

Conclusiones del Abogado General en el asunto C‑677/11

Doux Élevage SNC, Coopérative agricole UKL‑ARREE / Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire, CIDEF

Según el Abogado General Wathelet, una cotización voluntaria obligatoria (CVO), extendida mediante decisión de las autoridades nacionales a la totalidad de los profesionales de una organización interprofesional reconocida, no constituye una ayuda de Estado

Dicha cotización no constituye una ventaja otorgada directa o indirectamente por medio de fondos públicos e imputable al Estado

El Derecho de la Unión prohíbe las ayudas de Estado en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, otorgadas a las empresas por los Estados o por medio de fondos estatales bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones. 1 Para garantizar la aplicación de dichas disposiciones, en virtud de un procedimiento de control y de autorización previa, los Estados están obligados a notificar a la Comisión Europea sus proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas y no pueden ejecutar dichos proyectos antes de que la Comisión los apruebe.

CIDEF (Comité interprofessionnel de la dinde française), asociación sin ánimo de lucro, fue reconocida por las autoridades francesas como organización interprofesional agrícola. Las organizaciones profesionales, miembros de CIDEF, suscribieron un acuerdo interprofesional en 2007 consistente en particular en promover y defender los intereses del sector y el establecimiento de una cotización voluntaria obligatoria («CVO»). Ésta fue extendida mediante apéndice y convertida en obligatoria para todos los profesionales del sector mediante decisión ministerial.

Dos empresas, Doux Élevage SNC y Coopérative agricole UKL‑ARREE quedaron sujetas al pago de la CVO al igual que los otros profesionales del ramo. Aquéllas interpusieron ante el Conseil d’État (Francia) un recurso dirigido a obtener la anulación de la decisión ministerial. Alegan que la CVO, extendida y convertida en obligatoria para la totalidad de los profesionales de la organización interprofesional, constituye una ayuda de Estado y que, en consecuencia, dicha decisión debería haber sido notificada previamente a la Comisión.

En esas circunstancias, el Conseil d’État pregunta al Tribunal de Justicia si la CVO constituye o no una ayuda de Estado.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Melchior Wathelet propone al Tribunal de Justicia que responda que en el presente asunto la CVO no puede calificarse de ayuda de Estado, toda vez que no concurren los requisitos cumulativos de «fondos estatales» y de «imputabilidad de las medidas al Estado».

El Abogado General señala, en primer lugar, que no alberga ninguna duda acerca de que una organización interprofesional agrícola –como en el presente asunto– no puede considerarse una entidad pública: se trata de una asociación de Derecho privado, creada a iniciativa de sus miembros, que decide por sí sola sus acciones.

A continuación, partiendo de la premisa de que dicha organización interprofesional agrícola se financia exclusivamente por medio de la CVO, el Abogado General considera que tal cotización no puede calificarse de «fondos estatales» en el sentido de que no crea un gasto adicional para el Estado o cualquier otra entidad pública. En efecto, la CVO procede directamente de los operadores económicos activos en el mercado de que se trata. Del mismo modo la CVO no representa fondos que deberían haberse abonado a las arcas del Estado como sucede en el caso de exenciones fiscales. Por tanto, el Estado no tiene ningún derecho a reclamar esas cantidades.

Por último, las decisiones relativas a la utilización de los fondos procedentes de la CVO no son imputables al Estado. Éste no tiene la facultad de influir sobre la utilización de los fondos, y su función se limita a un mero control a posteriori que le permite comprobar que no han sido objeto de fraude o de abuso. De ese modo, el Estado no hace sino asumir su responsabilidad frente a las empresas que han quedado sujetas a la CVO mediante su decisión de extender los efectos del acuerdo que establecen dicha contribución.

En efecto, según el Abogado General, la normativa francesa puso en marcha un «sistema cerrado», en el sentido de que la iniciativa siempre recae en el sector privado, ya que las cantidades en juego son gestionadas y controladas por entidades privadas: los profesionales de los ramos las abonan a las organizaciones interprofesionales, que las utilizan para actividades que supuestamente deben proporcionar ventajas a esos mismos profesionales. En ningún momento se encuentran dichas cantidades bajo control público, pues el Estado carece de la facultad de dirigir o influir el momento o el modo en que se utilizan los fondos. Por otra parte, ninguna de las partes ha alegado que las autoridades del Estado hubieran intentado ejercer una influencia determinante sobre las actividades de las organizaciones internacionales y, en particular, que las autoridades públicas hayan estado implicadas, de un modo u otro, en la adopción de las medidas adoptadas por dichas organizaciones. Por tanto, las autoridades públicas actúan como mero «instrumento» para dar carácter obligatorio a las contribuciones que establecen las organizaciones interprofesionales a fin de perseguir los fines que ellas mismas determinan.

Además, de la normativa francesa no se desprende que se atribuya a las organizaciones interprofesionales una auténtica función pública, incluso aunque éstas persigan intereses comunes a todos los actores del sector de actividad, contribuyendo de modo positivo a la aplicación de las políticas económicas nacionales y de la Unión en ese sector.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

Las imágenes de la lectura de las conclusiones se encuentran disponibles en
«
Europe by Satellite» (+32) 2 2964106

1 :

Artículo 107 TFUE.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website