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Los Estados miembros deben obligar a todos los empleadores a adoptar medidas prácticas y eficaces en favor de todas las personas con discapacidad

Court of Justice - CJE/13/82   04/07/2013

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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 82/13

Luxemburgo, 4 de julio de 2013

Sentencia en el asunto C‑312/11

Comisión / Italia

Los Estados miembros deben obligar a todos los empleadores a adoptar medidas prácticas y eficaces en favor de todas las personas con discapacidad

Italia ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, al no instituir dicha obligación

El propósito de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad –aprobada en nombre de la Unión Europea mediante Decisión del Consejo UE– 1 es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

La Directiva Europea sobre la igualdad de trato en el empleo 2 se basa en la idea de que la discriminación por motivos de discapacidad puede comprometer la realización de los objetivos del Tratado, en particular el elevado nivel de empleo y de protección social, la elevación de la calidad de vida, la cohesión económica y social, la solidaridad y la libre circulación de las personas. Dicha Directiva establece por tanto un marco general para luchar contra ese tipo de discriminación por lo que atañe al empleo y la ocupación, con el fin de aplicar el principio de igualdad de trato en los Estados miembros.

Para garantizar la igualdad de trato respecto de las personas con discapacidad, la Directiva obliga, en particular, al empleador a adoptar las medidas adecuadas en función de las necesidades de una situación concreta, para permitir a dichas personas acceder a un empleo, tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente y recibir una formación, siempre que tales medidas no supongan una carga excesiva. La citada carga no es excesiva cuando sea paliada en grado suficiente por medidas estatales en favor de las personas con discapacidad.

El Derecho italiano incluye varias medidas legislativas, relativas a la asistencia, la integración social y los derechos de las personas con discapacidad así como su derecho al trabajo.

La Comisión interpuso un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia alegando que la Directiva había sido transpuesta por Italia sin que las garantías y los ajustes previstos para el trato de las personas con discapacidad en materia de empleo alcanzasen a todas las personas con discapacidad, todos los empleadores y todos los diversos aspectos de la relación laboral. Por otra parte, la aplicación de la normativa italiana se supedita a la adopción de medidas posteriores por pate de las autoridades locales o de la celebración de convenios especiales entre éstas y empleadores, por lo que no confieren a las personas con discapacidad derechos que puedan invocarse directamente ante la justicia.

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia señala que, si bien es cierto que la Directiva no define directamente el concepto de «discapacidad», éste debe entenderse por referencia a la Convención de la ONU, según la cual se trata de una limitación, que resulta en particular de lesiones físicas, mentales o psicológicas duraderas, cuya interacción con distintas barreras puede obstaculizar la plena y efectiva participación de la persona en la vida profesional en igualdad de condiciones respecto de los demás trabajadores.

El Convenio de la ONU establece a continuación una definición amplia de los «ajustes razonables» y entiende por éstos las adaptaciones requeridas en un caso particular, para garantizar a la persona con discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya determinó 3 que dicho concepto se refiere a la eliminación de las barreras que obstaculizan la plena y efectiva participación de las personas con discapacidad en la vida profesional en igualdad de condiciones respecto de los demás trabajadores.

Por tanto, los Estados miembros deben obligar a los empleadores a adoptar medidas eficaces y prácticas (adaptación de los locales, ajuste de los equipos, de los ritmos de trabajo o del reparto de las tareas), teniendo en cuenta cada situación particular, para permitir a todas las personas con discapacidad acceder a un empleo, tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, o recibir una formación, sin imponer no obstante al empleador una carga desproporcionada.

El Tribunal de Justicia subraya que dicha obligación concierne la totalidad de los empleadores. No basta que los Estados miembros adopten medidas de incentivo y de ayuda, sino que les incumbe obligar a todos los empleadores a adoptar medidas eficaces y prácticas, en función de las necesidades en situaciones concretas.

El Tribunal de Justicia examina las distintas medidas adoptadas por Italia para la inserción profesional de las personas con discapacidad. Concluye que la legislación italiana, incluso apreciada en su conjunto, no obliga a todos los empleadores a adoptar medidas eficaces y prácticas, en función de las necesidades en situaciones concretas, en favor de todas las personas con discapacidad, relativas a los distintos aspectos del trabajo y que les permitan acceder a un empleo, tomar parte en el mismo, progresar profesionalmente y recibir una formación.

En consecuencia, Italia ha incumplido sus obligaciones.

NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

1 :

Decisión 2010/48/CE del Consejo de 26 de noviembre de 2009 (DO 2010, L 23, p. 35).

2 :

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16).

3 :

Sentencia de 11 de abril de 2013, HK Danmark (asuntos acumulados, C‑335/11 y C‑337/11).


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