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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 79/13

Luxemburgo, 27 de junio de 2013

Sentencia en el asunto C‑575/11

Eleftherios Themistoklis Nasiopoulos / Ypourgos Ygeias kai Pronoias

Excluir el reconocimiento de un título de masajista-especialista sanitario en hidroterapia que permite ejercer una profesión autónoma en el Estado que lo ha expedido supone un obstáculo a la libertad de establecimiento no justificado por la protección de los consumidores o de la salud pública

Respecto a la profesión de fisioterapeuta, la protección de los consumidores podría, por ejemplo, asegurarse mediante la obligación de ostentar el título profesional de origen tanto en la lengua del Estado de formación como en la lengua del Estado de acogida

El Sr. Nasiopoulos, nacional griego, obtuvo en Alemania, tras cursar en dicho país una formación de dos años y medio, un título que le autoriza a ejercer la profesión de masajista-especialista sanitario en hidroterapia («Masseur und medizinischer Bademeister»). Esta profesión no está regulada en Grecia. La profesión más similar es la de fisioterapeuta, cuya formación mínima es de tres años. Por esta razón, el Ministerio de Sanidad griego desestimó la solicitud del Sr. Nasiopoulos de acceder en dicho Estado a la profesión de fisioterapeuta.

El Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado, Grecia), pregunta al Tribunal de Justicia si los principios sobre la libertad de establecimiento admiten una legislación nacional que excluye el acceso parcial a la profesión de fisioterapeuta a un nacional de un Estado miembro que ha obtenido en otro Estado miembro un título –como el de masajista-especialista sanitario en hidroterapia– que le autoriza a ejercer, en este segundo Estado miembro, una parte de las actividades que abarca la profesión de fisioterapeuta.

En su sentencia del día de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que la libertad de establecimiento se ejerce en las condiciones fijadas por el país de acogida para sus propios nacionales. En el caso de la profesión de fisioterapeuta, que hasta la fecha no se ha armonizado a nivel de la Unión, los Estados miembros siguen siendo competentes para definir las condiciones de acceso, respetando las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado.

El Tribunal de Justicia considera que excluir todo acceso parcial a una profesión regulada puede obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de la libertad de establecimiento y sólo puede estar justificado por razones imperiosas de interés general dirigidas, por ejemplo, a proteger a los consumidores y la salud pública, sin ir más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

En efecto, a los consumidores se les debe proteger frente al riesgo de que se vean inducidos a error sobre la amplitud de las cualificaciones del fisioterapeuta. A tal fin, se podrían aplicar condiciones menos coercitivas que excluir el acceso parcial a la profesión: por ejemplo, la obligación de ostentar el título profesional de origen tanto según su forma original en la lengua en la que ha sido expedido como en la lengua oficial del Estado miembro de acogida. 1

Por otro lado, la protección de la salud pública exige, ciertamente, una especial atención. Sin embargo, la profesión de fisioterapeuta o de masajista está incluida en el ámbito paramédico, y sus prestaciones consisten exclusivamente en la aplicación de una terapia prescrita por regla general por un médico, que elige al masajista-especialista sanitario en hidroterapia y con quien actúa en estrecha relación, con un vínculo de dependencia y cooperación.

El Tribunal de Justicia concluye de ello que la exclusión de un acceso parcial a la profesión de fisioterapeuta va más allá de lo que es necesario para proteger a los consumidores y la salud pública.

El Tribunal de Justicia precisa que, en los casos en los que dos profesiones pueden calificarse como comparables 2 en el Estado miembro de formación y en el de acogida, las lagunas de la formación del profesional, en relación con la formación que se exige en el Estado miembro de acogida, pueden colmarse mediante medidas compensatorias. 3 En cambio, cuando las diferencias entre los campos de actividad son tan grandes que, en realidad, el profesional debería seguir una formación completa para poder ejercer en otro Estado miembro las actividades para las que está cualificado, ello constituye un factor que puede disuadir de ejercer dichas actividades en el Estado miembro de acogida.

Corresponde a las autoridades nacionales y, concretamente, a los órganos jurisdiccionales competentes del Estado miembro de acogida (en este caso, Grecia), determinar en cada caso concreto hasta qué punto el contenido de la formación que se exige por dicho Estado miembro de acogida es diferente del contenido de la formación obtenida en el Estado de formación (en este caso, Alemania).

El Tribunal de Justicia indica, como uno de los criterios decisivos que debe examinarse en primer lugar por las autoridades nacionales, el hecho de que la actividad de masajista-especialista sanitario en hidroterapia sea objetivamente disociable del conjunto de las actividades que abarca la correspondiente profesión en el Estado de acogida.

Por tanto, cuando en el Estado de formación (Alemania) la profesión de masajista-especialista sanitario en hidroterapia pueda ejercerse en forma independiente o autónoma, la exclusión del reconocimiento parcial de dicha calificación en el Estado de acogida (Grecia) produce un efecto disuasorio sobre la libertad de establecimiento que no puede justificarse por el temor a la vulneración de los derechos de los destinatarios de los servicios.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en
«
Europe by Satellite» (+32) 2 2964106

1 :

El Tribunal de Justicia recuerda su jurisprudencia anterior, en particular, la sentencia de 19 de enero de 2006, Colegio de Caminos, Canales y Puertos, C‑330/03.

2 :

En el sentido de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, p. 22) que sustituye los diferentes sistemas de reconocimiento derogados con efectos a partir del 20 de octubre de 2007.

3 :

Las definidas en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2005/36 (período de prácticas durante tres años como máximo o prueba de aptitud).


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