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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 78/13

Luxemburgo, 27 de junio de 2013

Sentencias en los asuntos C‑485/12 y C‑71/12

Comisión / Francia y Vodafone Malta Limited y otros /

L-Avukat Ġenerali y otros

La Directiva «autorización» no se opone al impuesto especial al que están sujetos en Francia los operadores de comunicaciones electrónicas ni al impuesto especial maltés sobre los servicios de telefonía móvil

Dicha Directiva no restringe la competencia de los Estados miembros de imponer tasas no administrativas sobre la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas

La Directiva «autorización» 1 permite a los Estados miembros imponer tasas administrativas a los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas para financiar las actividades de la autoridad de reglamentación nacional competente para la gestión del sistema de autorización de la prestación de tales servicios y para la concesión de derechos de utilización de números o de radiofrecuencias. Dichas tasas deben cubrir únicamente los costes reales ocasionados por los servicios administrativos prestados por la autoridad de reglamentación a los operadores de comunicación electrónica.

Asunto C-485/11 Comisión/Francia

En Francia, un impuesto especial, al que están sujetos los operadores de comunicaciones electrónicas, tiene como base el importe de los contratos y las demás cantidades pagadas por los usuarios a los operadores como contraprestación por servicios de comunicaciones electrónicas.

La Comisión considera que dicho impuesto especial va en contra de la Directiva por cuanto constituye una tasa administrativa que se percibe sobre la base de elementos vinculados a la actividad o al volumen de negocios del operador y no en función de los gastos reales generados por el régimen de autorización. Además, según la Comisión, contrariamente a las exigencias de dicha Directiva, la tasa no se destina a financiar las actividades de la autoridad de reglamentación nacional. Al estimar que el impuesto especial no se ajusta a la Directiva, la Comisión interpuso ante el Tribunal de Justicia un recurso por incumplimiento contra Francia. 2

En su sentencia dictada en el día de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que las tasas administrativas a que se refiere la Directiva tienen carácter remuneratorio y su objeto no puede consistir en cubrir los gastos administrativos relativos a la entrega, la gestión, el control y la aplicación del régimen de autorización general en el ámbito de las comunicaciones electrónicas. Así, un tributo cuyo hecho imponible 3 se halla vinculado al procedimiento de autorización general que permite acceder al mercado de los servicios de comunicaciones electrónicas constituye una tasa administrativa en el sentido de la Directiva y sólo puede imponerse en las condiciones que la misma establece.

No obstante, el Tribunal de Justicia observa que el hecho imponible de la tasa de que se trata no está relacionado con el procedimiento de autorización general que permite acceder al mercado de los servicios de comunicaciones electrónicas ni a la concesión de un derecho de uso de radiofrecuencias o de números. En efecto, dicha tasa se halla en relación con la actividad del operador, que consiste en prestar servicios de comunicaciones electrónicas a los usuarios finales en Francia.

Al respecto, el Tribunal de Justicia señala que el impuesto controvertido no se impone a todos los operadores de comunicaciones electrónicas titulares de una autorización general o de un derecho de uso de radiofrecuencias o de números, sino únicamente a los operadores titulares de una autorización general que ya prestan sus servicios en el mercado de los servicios de comunicaciones electrónicas a los usuarios finales. Por lo tanto, no se impone por el mero hecho de la posesión de una autorización general o de la concesión de un derecho de uso de radiofrecuencias o de números, sino que está vinculada a la actividad del operador consistente en prestar servicios de comunicaciones.

En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia declara que el tributo controvertido no es una tasa administrativa en el sentido de la Directiva y, por ende, no está comprendido en el ámbito de aplicación de ésta. Por consiguiente, desestima el recurso de la Comisión.

C-71/12 Vodafone/Malta

En Malta algunos operadores en el sector de las telecomunicaciones impugnan, ante los órganos judiciales malteses, la compatibilidad con la Directiva autorización de un impuesto especial sobre los servicios de telefonía móvil. Los usuarios pagan este impuesto especial, cuyo importe asciende al 3 % del precio de dichos servicios, a los operadores, los cuales lo transfieren posteriormente a la autoridad tributaria. La Qorti Konstituzzjonali (Tribunal Constitucional, Malta) pide al Tribunal de Justicia que dilucide si la Directiva se opone al impuesto especial en cuestión.

El Tribunal de Justicia responde que un impuesto especial cuyo hecho imponible no está vinculado al procedimiento de autorización general que permite acceder al mercado de los servicios de comunicaciones electrónicas, sino que está relacionado con el uso de los servicios de telefonía móvil prestados por los operadores y que va a cargo de los usuarios de tales servicios, no es una tasa administrativa en el sentido de la Directiva. Por último, el Tribunal de Justicia recuerda que corresponde al tribunal maltés comprobar todas las características del impuesto especial de que se trata y que, si fuera efectivamente semejante a un impuesto sobre el consumo, no sería incompatible con la Directiva.

NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la transposición de una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en
«
Europe by Satellite» (+32) 2 2964106

1 :

Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO L 108, p. 21).

2 :

Igualmente se han entablado procedimientos por incumplimiento similares contra España C‑468/11 y Hungría (C‑462/12). Dichos Estados miembros apoyan a Francia en el presente asunto.

3 :

Un acto jurídico o un hecho que da origen a la deuda tributaria.


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