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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 73/13

Luxemburgo, 18 de junio 2013

Sentencia en el asunto C‑681/11

Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt / Schenker & Co. y otros

El dictamen jurídico de un despacho de abogados o la resolución de una autoridad nacional de defensa de la competencia no exonera a una empresa de un comportamiento contrario a las normas de competencia ni de la imposición de una multa

Las autoridades nacionales de defensa de la competencia únicamente pueden dejar de imponer una multa en circunstancias excepcionales cuando la empresa infractora ha participado en un programa nacional de clemencia

Schenker y otras 30 empresas eran miembros de la conferencia austriaca de transportistas de envíos agrupados Spediteur-Sammelladungs-Konferenz (SSK) una asociación profesional de una parte de los miembros de la federación de transportistas (Zentralverband der Spediteure). Esta última representaba los intereses colectivos de los transportistas y prestadores de servicios logísticos con licencia de transporte.

En 1994 se dotó a la SSK de la forma de sociedad civil, acordándose como cláusula suspensiva la autorización por parte del tribunal austriaco de defensa de la competencia (el Kartellgericht). El objetivo de la SSK era ofrecer a los transportistas y consumidores finales unas tarifas más ventajosas para el transporte por carretera y ferrocarril de envíos agrupados. Mediante el establecimiento de unas condiciones de competencia equiparables, su objetivo era promover una competencia equitativa entre sus miembros.

En una resolución de 1996 el Kartellgericht declaró que la SSK era un cártel de escasa entidad en el sentido del Derecho austriaco. Un despacho de abogados austriaco especializado en Derecho de la competencia, elegido como asesor, consideró también que la SSK era un cártel de escasa entidad y que por lo tanto no constituía un acuerdo prohibido.

El 11 de octubre de 2007 la Comisión comunicó que sus agentes habían practicado por sorpresa una inspección en los locales de distintos proveedores de servicios internacionales de expedición de mercancías y que tenía razones para creer que las empresas afectadas habían podido infringir las disposiciones del Derecho de la Unión que prohíben las prácticas comerciales restrictivas de la competencia.

El Oberlandesgericht Wien (Tribunal superior regional) concluyó que las empresas no habían actuado ilícitamente al acordar precios, basándose en un auto del Kartellgericht que había declarado que el acuerdo constituía un cártel de escasa entidad. Según ese mismo tribunal, el comportamiento de la SSK no había afectado al comercio entre los Estados miembros y no había habido infracción del Derecho de la Unión. El hecho de que las empresas participantes en el cártel hubieran recabado previamente asesoramiento jurídico de un despacho de abogados sobre la licitud de su comportamiento explicaba la inexistencia de una conducta culpable.

En cuanto a Schenker, que había solicitado acogerse a un programa de clemencia y había cooperado con la Administración en la investigación, el Bundeswettbewerbsbehörde (Autoridad federal de defensa de la competencia) solicitó que se declarara que dicha empresa había infringido el Derecho de la Unión y el Derecho austriaco de la competencia, sin imposición de multa. Esta pretensión fue desestimada por el motivo de que sólo la Comisión puede constatar infracciones sin imponer multas.

El Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo), que conoce del litigio, decidió plantear al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales. En primer lugar, pregunta al Tribunal de Justicia si una empresa que haya infringido el Derecho de la competencia de la Unión puede evitar la imposición de una multa cuando dicha infracción tenga su origen en un error de la empresa sobre la licitud de su comportamiento, en razón del contenido del dictamen jurídico de un abogado o de la resolución de una autoridad nacional de defensa de la competencia. La segunda cuestión que se plantea al Tribunal de Justicia se refiere a si las autoridades nacionales de defensa de la competencia pueden constatar una infracción del Derecho de la competencia sin imponer una multa cuando la empresa implicada ha participado en un programa de clemencia.

El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que el hecho de que una empresa haya calificado jurídicamente de manera errónea su comportamiento no puede tener como resultado la exoneración de la imposición de una multa, salvo en casos excepcionales, cuando, por ejemplo, un principio general del Derecho de la Unión, como el de protección de la confianza legítima, se opone a la imposición de la multa. Sin embargo, nadie puede invocar la violación del principio de protección de la confianza legítima si la Administración competente no le ha dado garantías concretas. De ello se deduce que el dictamen jurídico de un abogado no puede en ningún caso generar en el empresario una confianza legítima de que su comportamiento no infringe el Derecho de la competencia de la Unión o de que no dará lugar a la imposición de una multa.

En cuanto a las autoridades nacionales de defensa de la competencia, dado que no son competentes para adoptar una decisión que declare que no se ha infringido el derecho de la Unión, no pueden generar en los empresarios una confianza legítima de que sus comportamientos no infringen las normas sobre competencia. Además, en el presente asunto, la autoridad nacional de defensa de la competencia examinó el comportamiento de las empresas únicamente conforme al Derecho de la competencia nacional.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión en materia de competencia debe interpretarse en el sentido de que una empresa que haya infringido este Derecho no puede evitar la imposición de una multa cuando dicha infracción tenga su origen en un error de la empresa sobre la licitud de su comportamiento en razón del contenido del dictamen jurídico de un abogado o de la resolución de una autoridad nacional de defensa de la competencia.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que el Derecho de la Unión no prevé expresamente la facultad de las autoridades nacionales de defensa de la competencia para constatar una infracción de las normas europeas sobre competencia sin imponer una multa, pero tampoco la excluye.

El Tribunal de Justicia precisa que la no imposición de una multa sólo puede acordarse en el marco de un programa nacional de clemencia si éste se lleva a cabo de modo que no menoscabe la exigencia de la aplicación eficaz y uniforme del Derecho de la Unión en materia de competencia.

Por tanto, en lo que respecta a la facultad de la Comisión para reducir las multas en virtud de su propio programa de clemencia, el Tribunal de Justicia recuerda que la reducción de una multa en caso de cooperación de las empresas que participan en infracciones del Derecho de la competencia de la Unión sólo se justifica si la cooperación facilita la tarea de la Comisión. El comportamiento de la empresa debe también revelar la existencia de un auténtico espíritu de cooperación.

Finalmente, la inmunidad o la no imposición de una multa, para no menoscabar la aplicación efectiva y uniforme del Derecho de la Unión, únicamente puede acordarse en situaciones totalmente excepcionales, como aquéllas en las que la cooperación de una empresa haya sido determinante para la detección y represión efectiva de la práctica colusoria.

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia declara que las autoridades nacionales de defensa de la competencia pueden limitarse excepcionalmente a declarar una infracción sin imponer una multa cuando la empresa implicada ha participado en un programa nacional de clemencia.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667


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