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El Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General mediante la que éste condenó a la Comisión a abonar a Systran SA una indemnización a tanto alzado de aproximadamente 12 millones de euros como reparación por el perjuicio sufrido

Cour de justice - CJE/13/48   18/04/2013

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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 48/13

Luxemburgo, 18 de abril de 2013

Sentencia en el asunto C‑103/11 P

Comisión / Systran SA, Systran Luxembourg SA

El Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General mediante la que éste condenó a la Comisión a abonar a Systran SA una indemnización a tanto alzado de aproximadamente 12 millones de euros como reparación por el perjuicio sufrido

El Tribunal General debió haber declinado su competencia e instado a las partes a acudir a los tribunales nacionales competentes designados en los numerosos contratos relativos al sistema de traducción automática Systran celebrados por Systran y la Comisión

El 22 de diciembre de 1975 la Comisión celebró con la sociedad americana World Translation Center Inc (WTC) un primer contrato relativo a la instalación y el desarrollo de un programa de traducción automática (inglés-francés) denominado Systran (SYStem TRANslation), creado por esta sociedad en 1968. Las relaciones entre la Comisión y WTC, ulteriormente adquirida por la sociedad Gachot que pasó a denominarse acto seguido Systran SA, prosiguieron, entre 1976 y 1987, mediante la firma de varios contratos a fin de mejorar el sistema de traducción automática, que funcionaba en el entorno Mainframe, denominado «EC‑Systran Mainframe», compuesto por un núcleo, rutinas lingüísticas y diccionarios para nueve pares de lenguas de la Comunidad.

El 4 de agosto de 1987, Systran y la Comisión celebraron un «contrato de colaboración» relativo a la organización en común del desarrollo y la mejora del sistema de traducción Systran para las lenguas oficiales –actuales y futuras– de la Comunidad, así como a su aplicación. El contrato establecía que la ley belga era aplicable en caso de diferencias entre las partes. Entre 1988 y 1989, la Comisión celebró cuatro contratos con Systran para obtener una «licencia de utilización» del sistema de traducción automática para cinco pares adicionales de lenguas. En diciembre de 1991, la Comisión puso término al contrato de colaboración por considerar que Systran no había cumplido sus obligaciones contractuales. En el momento en que finalizó dicho contrato, la versión EC‑Systran Mainframe del sistema de traducción automática Systran incluía dieciséis versiones lingüísticas.

Posteriormente, el grupo Systran creó y comercializó una nueva versión del sistema de traducción automática Systran capaz de funcionar con los sistemas de explotación Unix y Windows («Systran Unix»), mientras que la Comisión desarrolló la versión EC‑Systran Mainframe, en parte con la ayuda de un contratante exterior.

El 22 de diciembre de 1997, Systran Luxembourg y la Comisión celebraron el primero de los cuatro contratos de migración para que el programa EC‑Systran Mainframe pudiera funcionar con Unix y Windows. Cuando se firmó este primer contrato, Systran dio su conformidad a que la Comisión utilizara, por un lado, la marca SYSTRAN de forma sistemática por lo que respectase a cualquier sistema de traducción que derivara del sistema de traducción automática Systran originario, para la difusión o la puesta a disposición de dicho sistema y, por otro lado, los productos Systran con entornos Unix y/o Windows para sus necesidades internas. El primer contrato de migración establecía que el sistema de traducción automática de la Comisión, incluidos sus componentes, aunque hubieran sido modificados, seguía siendo propiedad de la Comisión, excepto en los casos en que ya existieran derechos de propiedad industrial o intelectual. A tenor de dicho contrato, la ley luxemburguesa era aplicable en caso de diferencias. El contrato de migración debía llegar a su término el 15 de marzo de 2002 y Systran Luxembourg debía aportar, en esa fecha, la prueba actualizada de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial reivindicados por el grupo Systran y vinculados al sistema de traducción automática. Según la Comisión, Systran Luxembourg no le transmitió dicha información.

El 4 de octubre de 2003, la Comisión convocó una licitación para el mantenimiento y mejora lingüística de su sistema de traducción automática. Sin embargo, Systran indicó a la Comisión, mediante escrito de 31 de octubre de 2003, que los trabajos previstos en la licitación podían vulnerar sus derechos de propiedad intelectual y la instaba a pronunciarse al respecto. Systran precisaba que, en tales circunstancias, no podía responder a la licitación. Mediante escrito de 17 de noviembre de 2003, la Comisión respondió que el grupo Systran no había aportado la prueba de los derechos de propiedad intelectual que Systran invocaba sobre el programa de traducción automática Systran y que consideraba que Systran no podía oponerse a los trabajos realizados por la sociedad belga Gosselies SA, que había ganado la licitación para dos de los ocho lotes. A raíz de esta licitación, el grupo Systran consideró que la Comisión había divulgado ilegalmente su «know-how» a un tercero y que había realizado un acto de vulneración de los derechos de propiedad intelectual con ocasión de la realización por el adjudicatario del contrato de desarrollos no autorizados de la versión EC‑Systran Unix.

Por lo tanto, Systran interpuso ante el Tribunal General de la Unión Europea un recurso de indemnización del perjuicio que alegaba haber sufrido.

El Tribunal General, mediante sentencia dictada en 2010, 1 declaró que el litigio no era de naturaleza contractual y que, por tanto, era competente para conocer del mismo. Si bien el Tribunal General desestimó las pretensiones en lo referente a la filial Systran Luxembourg, reconoció, en cambio, que el comportamiento de la Comisión había causado a la sociedad matriz un perjuicio material por pérdida de valor de sus activos intangibles (es decir, la pérdida de valor de sus derechos de propiedad intelectual), calculado a tanto alzado en 12 millones de euros, y un perjuicio moral valorado en 1.000 euros.

La Comisión interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia a fin de anular dicha sentencia. Alega, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el litigio era de naturaleza extracontractual y que Systran tenía derecho a ser indemnizada.

En su sentencia pronunciada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que, cuando los tribunales de la Unión han de conocer de un recurso de indemnización, como el en presente caso, antes de pronunciarse sobre el fondo del litigio deben establecer su competencia realizando un análisis dirigido a determinar el carácter de la responsabilidad contractual o extracontractual invocada y, por lo tanto, la propia naturaleza del litigio.

A estos efectos, dichos tribunales deben comprobar, a la luz de un examen de los distintos elementos de los autos –tales como, en concreto, la norma jurídica presuntamente infringida, la naturaleza del perjuicio invocado, el comportamiento reprochado y las relaciones jurídicas existentes entre las partes de que se trate–, si existe entre éstas un verdadero contexto contractual, relacionado con el objeto del litigio, cuyo examen detallado resulte indispensable para resolver dicho recurso. Si del análisis preliminar de dichos elementos resulta que es necesario interpretar el contenido de uno o varios contratos celebrados entre las partes de que se trata para determinar la fundamentación de las pretensiones del demandante, los referidos órganos jurisdiccionales están obligados a detener en esta fase su examen del litigio y a declararse incompetentes para pronunciarse sobre éste, en defecto de cláusula compromisoria 2 en los citados contratos.

Pues bien, en este contexto, es necesario señalar que el Tribunal General incurrió en un primer error de Derecho en la aplicación de los principios que rigen la determinación de la competencia jurisdiccional en el marco de los recursos de indemnización dirigidos contra la Comunidad. En efecto, no se limitó a comprobar, por lo que respecta a la admisibilidad del recurso, si existía entre las partes, a la luz de los distintos elementos de los autos, un verdadero contexto contractual. Por el contrario, el Tribunal General efectuó ya en el marco de la determinación de su competencia, un examen detallado del contenido de las numerosas disposiciones contractuales que regulaban, de 1975 a 2002, las relaciones económicas y comerciales entre el grupo WTC/Systran y la Comisión, a fin de comprobar si ésta disponía de autorización para divulgar a un tercero información protegida por el derecho de autor y el «knowhow» que Systran tenía sobre la versión Systran Unix del sistema de traducción automática Systran. En efecto, el Tribunal General estimó que el carácter contractual de la responsabilidad de la Comunidad dependía de la existencia de dicha autorización. Sin embargo, tal examen, como sostiene fundadamente la Comisión, se refería al carácter legal o ilegal del comportamiento reprochado a dicha institución y formaba parte, por lo tanto, del fondo del litigio y no de la determinación preliminar de la propia naturaleza de este litigio.

En este contexto, el Tribunal General incurrió también en otro error de Derecho en cuanto a la calificación jurídica de los contratos celebrados entre 1975 y 2002 entre el grupo WTC/Systran y la Comisión. En efecto, declaró, a la luz de los distintos elementos de los autos, que la existencia de dichos contratos era irrelevante para la calificación del litigio. Pues bien, ha quedado acreditado que los numerosos documentos contractuales invocados por la Comisión ante el Tribunal General –entre los que cabe citar, en particular, el contrato de 22 de diciembre de 1975 celebrado por la Comisión y WTC, los contratos concluidos entre 1976 y 1987 con sociedades del grupo WTC, entre los que reviste especial importancia el acuerdo de cooperación técnica de 18 de enero de 1985 celebrado con Gachot, el contrato de colaboración, los contratos de licencia celebrados con Gachot en 1988 y 1989 y los contratos de migración– configuran un verdadero contexto contractual, relacionado con el objeto del litigio, cuyo examen detallado resulta indispensable para determinar la eventual ilegalidad del comportamiento reprochado a la Comisión.

Por consiguiente, es necesario señalar que el Tribunal General consideró erróneamente que el litigio era de naturaleza extracontractual. En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General. Además, el Tribunal de Justicia resuelve definitivamente el litigio, al considerar que su estado así lo permite, y afirma a este respecto que los tribunales europeos no son competentes para conocer del recurso de indemnización interpuesto por el grupo Systran. Por esta razón, procede desestimar dicho recurso.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

1 :

Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2010, Systran SA y Systran Luxembourg SA/Comisión (T‑19/07), véase también el CP nº 123/10.

2 :

Cláusula mediante la cual la Comunidad y una parte en un contrato acuerdan someter un eventual litigio entre ellas a la competencia de los tribunales europeos.


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