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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 47/13

Luxemburgo, 16 de abril de 2013

Sentencia en los asuntos C‑274/11 y 295/11

España e Italia / Consejo

El Tribunal de Justicia desestima los recursos interpuestos por España e Italia contra la Decisión del Consejo por la que se autoriza la cooperación reforzada en el ámbito de la patente unitaria

Puesto que los Estados miembros no lograron llegar a un acuerdo sobre un régimen común para el conjunto de la Unión en un plazo razonable, la Decisión impugnada contribuye al proceso de integración europea

La finalidad de las cooperaciones reforzadas será impulsar los objetivos de la Unión, proteger sus intereses y reforzar su proceso de integración. La decisión de autorizar una cooperación reforzada será adoptada por el Consejo como último recurso, cuando haya llegado a la conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto. Dicha decisión será adoptada por el Consejo a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento.

Mediante Decisión adoptada en 2011, 1 el Consejo autorizó una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria entre 25 Estados miembros (de los 27 Estados miembros de la Unión), dado que España e Italia no quisieron participar. Esta cooperación también tiene por objeto el establecimiento de disposiciones de autorización, coordinación y supervisión centralizadas a escala de la Unión.

España e Italia solicitan al Tribunal de Justicia que anule la Decisión del Consejo 2 alegando su invalidez por varios motivos.

El Tribunal de Justicia observa, en primer lugar, que el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) autoriza a la Unión, en el marco del mercado interior, a crear títulos europeos de propiedad intelectual. Por otro lado, la competencia para adoptar los regímenes lingüísticos de dichos títulos está estrechamente ligada a su creación. En consecuencia, esas competencias, que están incluidas en el ámbito del funcionamiento del mercado interior, son competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros. El carácter no exclusivo de esas competencias hace que el Consejo sea competente para autorizar dicha cooperación reforzada.

En sus recursos, España e Italia alegan fundamentalmente que el Consejo, al autorizar esta cooperación reforzada, eludió la exigencia de unanimidad y evitó la oposición de esos dos Estados a la propuesta de la Comisión relativa al régimen lingüístico de la patente unitaria. Al examinar esta alegación, el Tribunal de Justicia señala que nada prohíbe que los Estados miembros establezcan entre ellos una cooperación reforzada en el marco de las competencias de la Unión que, con arreglo a los Tratados, deben ser ejercidas por unanimidad. Todo lo contrario, del TFUE se desprende que tales competencias se prestan, cuando se cumplen los requisitos enunciados en los Tratados, a una cooperación reforzada y que, en ese caso, salvo que el Consejo haya optado por que se decida por mayoría cualificada, la unanimidad estará constituida por los votos de los Estados miembros participantes. En consecuencia, la decisión del Consejo de autorizar una cooperación reforzada tras haber comprobado que la Unión en su conjunto no podía establecer una patente unitaria y su régimen lingüístico en un plazo razonable no supone en modo alguno eludir la exigencia de unanimidad ni excluir a los Estados miembros que no se han unido a las solicitudes de cooperación reforzada, sino que contribuye, dado que no era posible lograr un régimen común para el conjunto de la Unión en un plazo razonable, al proceso de integración.

A continuación, el Tribunal de Justicia examina la alegación de España y de Italia basada en la disposición del Tratado de la Unión Europea según la cual el Consejo sólo podrá autorizar una cooperación reforzada «como último recurso, cuando haya llegado a la conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto». A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que es evidente que los intereses de la Unión y el proceso de integración no quedarían protegidos si cualquier negociación infructuosa pudiera conducir a una o varias cooperaciones reforzadas en detrimento de la búsqueda de una solución de compromiso que permita adoptar una normativa para la Unión en su conjunto. Sin embargo, en el presente caso ha quedado acreditado que el Consejo examinó con diligencia e imparcialidad si se cumplía el requisito de que la cooperación reforzada sea el «último recurso».

El Consejo tomó fundadamente en consideración el hecho de que el proceso legislativo iniciado con el objetivo de crear una patente unitaria a escala de la Unión había comenzado en el año 2000 y había pasado por sucesivas etapas. También es evidente que todos los Estados miembros han discutido en el seno del Consejo un número considerable de regímenes lingüísticos diferentes para la patente unitaria y que ninguno de estos regímenes ha logrado un apoyo que pudiera conducir a la adopción, a escala de la Unión, de un «paquete legislativo» completo relativo a dicha patente.

El Tribunal de Justicia considera infundada la alegación de España e Italia según la cual la protección conferida por esa patente unitaria no crea más uniformidad ni, por tanto, más integración en relación con la situación resultante de la aplicación de las normas previstas en el CPE. 3 En efecto, las patentes europeas concedidas conforme a las normas del CPE no confieren una protección uniforme en los Estados parte de dicho Convenio, sino que garantizan, en cada uno de esos Estados, una protección cuyo alcance es definido por el Derecho nacional. Por el contrario, la patente unitaria proyectada por la Decisión impugnada proporcionará una protección uniforme en el territorio de todos los Estados miembros que participan en la cooperación reforzada. Por otro lado, contrariamente a lo que se ha alegado, la Decisión impugnada no perjudica al mercado interior ni a la cohesión económica, social y territorial de la Unión. Además, según el Tribunal de Justicia, la Decisión impugnada no vulnera las competencias, derechos u obligaciones de los Estados miembros que no participen en la cooperación reforzada. Si bien es ciertamente esencial que una cooperación reforzada no conduzca a la adopción de medidas que impidan a los Estados miembros no participantes ejercer sus competencias y derechos y asumir sus obligaciones, los participantes en dicha cooperación sí pueden, por el contrario, establecer normas con las que los Estados no participantes no estarían de acuerdo si participaran en ella. Por otro lado, el establecimiento de tales normas no impide que los Estados miembros no participantes se adhieran a la cooperación reforzada en el futuro.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en
«
Europe by Satellite» (+32) 2 2964106

1 :

Decisión 2011/167/UE del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria (DO L 76, p. 53).

2 :

El Consejo es apoyado por Bélgica, la República Checa, Alemania, Irlanda, Francia, Hungría, los Países Bajos, Polonia, Suecia, el Reino Unido, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

3 :

Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (Convenio sobre la patente europea), firmado en Múnich (Alemania) el 5 de octubre de 1973 y que entró en vigor el 7 de octubre de 1977.


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