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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 38/13

Luxemburgo, 11 de abril de 2013

Sentencia en el asunto C‑636/11

Karl Berger / Freistaat Bayern

El Derecho de la Unión permite que las autoridades nacionales proporcionen datos identificativos cuando informan al público sobre alimentos no nocivos para la salud pero que no son aptos para el consumo

Se trata, en particular, de la denominación del alimento, de la empresa o del nombre comercial bajo el que dicho alimento ha sido fabricado, tratado o distribuido

El Reglamento sobre seguridad alimentaria 1 afirma que no se comercializarán los alimentos que no sean seguros, es decir, que sean nocivos para la salud o que no sean aptos para el consumo humano. En este último caso se trata de alimentos inaceptables para el consumo humano de acuerdo con el uso para el que están destinados, por estar contaminados o estar putrefactos, deteriorados o descompuestos. Los Estados miembros deben mantener un sistema de controles oficiales y llevar a cabo otras actividades oportunas, incluida la información al público sobre la inocuidad y los riesgos de los alimentos.

Los días 16 y 18 de enero de 2006, la oficina veterinaria de Passau (Alemania) llevó a cabo controles oficiales en varios locales de la sociedad Berger Wild GmbH, que opera en el sector de la transformación y de la distribución de carne de caza. Los análisis realizados revelaron que los alimentos en cuestión no eran aptos para el consumo humano. Las autoridades bávaras anunciaron a la empresa su intención de informar de ello al público, a menos que ella misma se encargase de hacerlo de manera efectiva y a tiempo. Berger se opuso por considerar que, si bien los alimentos podían presentar anomalías en el plano organoléptico, no suponían un peligro para la salud. Propuso la publicación de una «alerta de productos» en la que invitaría a sus clientes a dirigirse a sus puntos de venta habituales para canjear los productos afectados.

En tres comunicados de prensa de 24, 25 y 27 de enero, el Ministro de Protección de los Consumidores del Freistaat Bayern anunció la retirada de los productos en cuestión. Indicó que los controles habían puesto de manifiesto que dichos productos presentaban un olor rancio, fétido, enmohecido o ácido y que, en algunos casos, el proceso de putrefacción ya había comenzado. Añadió que, al haber apreciado en algunos de los locales de Berger unas condiciones repugnantes desde el punto de vista higiénico, se había prohibido a dicha empresa comercializar temporalmente los productos fabricados o manipulados en sus locales.

En un discurso pronunciado ante el Parlamento bávaro el 31 de enero de 2006, dicho ministro declaró que, dado que Berger se había declarado insolvente ese mismo día, la sociedad ya no podía comercializar mercancías, y que, por tanto, podían excluirse riesgos sanitarios derivados de la comercialización de nuevos productos.

Al considerar que había sufrido un perjuicio grave a causa de los comunicados de prensa de las autoridades del Freistaat Bayern, Berger interpuso una demanda por daños y perjuicios contra éste.

En este contexto, el Landgericht München I, que conoce del asunto, pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión se opone a la normativa alemana que permite a las autoridades públicas proporcionar estas informaciones.

En la sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia estima que el Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional como la normativa alemana controvertida, que permite, siempre que se respeten las exigencias en materia de secreto profesional, que la información difundida al público acerca de alimentos que no son nocivos para la salud pero que no son aptos para el consumo humano, mencione la denominación del alimento o de la empresa o del nombre comercial bajo el que dicho alimento ha sido fabricado, tratado o distribuido.

A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que el Reglamento considera que un alimento no apto para el consumo humano «no es seguro». En efecto, aun cuando tal alimento no sea nocivo para la salud, no cumple los requisitos de seguridad alimentaria tal como se establecen en el Reglamento siempre que se le pueda calificar de inaceptable para el consumo humano. Por tanto, dicho alimento no apto para el consumo humano puede vulnerar los intereses de los consumidores, cuya protección es uno de los objetivos perseguidos por la legislación alimentaria. De todo lo anterior resulta que las autoridades nacionales podrán informar de ello a los consumidores, siempre que se respeten las exigencias en materia de secreto profesional. 2

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles
en «
Europe by Satellite» (+32) 2 2964106

1 :

Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31, p. 1).

2 :

Tal como se establecen en el artículo 7 del Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (DO L 165, p. 1; corrección de errores, DO L 191, p. 1).


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