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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 22/13

Luxemburgo, 28 de febrero de 2013

Sentencia en el asunto C‑246/12 P

Ellinika Nafpigeia A.E. / Comisión Europea

El Tribunal de Justicia confirma la validez de la Decisión de la Comisión conforme a la cual Grecia debía recuperar las ayudas concedidas a los astilleros de Skaramangkas, incompatibles con el mercado común

El Tratado proporciona a los Estados miembros los medios de preservar sus intereses esenciales de seguridad, sin permitirles no obstante alterar la competencia en el ámbito de los productos no destinados a fines específicamente militares

Ellinika Nafpigeia AE («EN») es un importante astillero situado en Grecia, que fue adquirido en 1985 por el Banco griego de desarrollo industrial (Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptixeos AE, «ETVA»), propiedad del Estado.

En el marco de su proceso de privatización, en 2001, las acciones de EN se vendieron al consorcio de sociedades alemanas Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) y Ferrostaal GmbH, quienes con el fin de gestionar sus participaciones en EN crearon la sociedad Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou (Greek Naval Shipyard Holding, GNSH). En 2005, ThyssenKrupp AG adquirió HDW y GNSH, de modo que posee la totalidad de las participaciones societarias y el control de los astilleros. Actualmente éstos se dedican esencialmente a la producción de buques de guerra.

Desde 1992 el Gobierno griego viene concediendo a los astilleros varias ayudas, algunas de las cuales en aplicación de una Directiva sobre ayudas a la construcción naval 1 fueron aprobadas por la Comisión. 2

En cambio, en 2006 3 la Comisión exigió a Grecia que recuperara de EN dieciséis ayudas, 4 más los intereses correspondientes, en un plazo de cuatro meses. Además, Grecia debía comunicar, en un plazo de dos meses, la descripción detallada de las medidas ya adoptadas, así como la prueba de la solicitud de reembolso de las ayudas. El Gobierno debía informar asimismo a la Comisión de los progresos realizados en el procedimiento nacional de ejecución de la Decisión. 5

Los astilleros navales impugnaron dicha Decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea, que desestimó todas las alegaciones formuladas 6 en una sentencia dictada en el año 2012. 7

EN recurrió la citada sentencia mediante el presente recurso de casación, alegando ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el Tribunal General había incurrido en un error de Derecho al considerar que las ayudas habían beneficiado a la actividad de producción de material civil, sin examinarlas caso por caso a fin de comprobar lo que era necesario para el ejercicio de la actividad con fines militares de los astilleros. EN sostuvo que los astilleros constituyen una empresa compleja, y que la actividad con fines civiles es necesaria para la viabilidad de la actividad en el ámbito militar, que es su actividad predominante. Por consiguiente, la cesación completa de la actividad civil en los astilleros minaría la capacidad de seguir adelante con la producción militar.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que el Tratado 8 permite a los Estados miembros adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra. Sin embargo, el reconocimiento de esta protección no debe alterar la competencia respecto de los productos que no estén destinados a fines específicamente militares. El Tratado establece una estricta distinción entre la producción o el comercio de material de guerra y cualquier otra actividad económica, incluso cuando una misma empresa desarrolla actividades en ambos ámbitos, militar y civil.

El Tribunal de Justicia señala que el Tribunal General actuó conforme a Derecho al desestimar la alegación mediante la cual EN había intentado demostrar que, cuando una actividad con fines civiles es un «corolario necesario» de la actividad de producción militar, toda medida de ayuda debería quedar excluida del ámbito de aplicación del Tratado. Asimismo, destaca que concluyó acertadamente que sólo las medidas de ayuda a la actividad de carácter militar deben apreciarse conforme al procedimiento especial previsto en el Tratado. 9

Por otra parte, el reparto entre actividades militares y civiles (del 75 % y del 25 %, respectivamente) considerado por la Comisión fue confirmado por las autoridades helénicas y, en cualquier caso, las apreciaciones del Tribunal General son de naturaleza fáctica, por lo que se sustraen al control jurisdiccional en el marco del presente recurso de casación. 10

Por último –prosigue el Tribunal de Justicia– el Tribunal General indicó fundadamente que en el procedimiento administrativo sustanciado por la Comisión, EN no disponía de derecho de defensa (como los Estados miembros), sino únicamente del derecho a asociarse al procedimiento (cosa que ocurrió efectivamente).

Por todos estos motivos, el Tribunal de Justicia desestima en su totalidad el recurso de casación de EN, confirmando la validez de la Decisión de la Comisión.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en
«
Europe by Satellite» (+32) 2 2964106

1 :

Directiva 90/684/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1990 (DO L 380, p. 27).

2 :

Las ayudas aprobadas ascienden a un valor global estimado de 343 millones de euros.

3 :

Decisión C(2008) 3118 final de la Comisión [2009/610/CE Ε(2010) 8274], de 2 de julio de 2008.

4 :

Las ayudas incompatibles con el mercado común que, en consecuencia, deben recuperarse, ascienden a un valor global estimado de 310 millones de euros.

5 :

El Tribunal de Justicia ya ha declarado el incumplimiento de Grecia en relación con la ejecución de dicha Decisión en su sentencia C‑485/10, de 28 de junio de 2012.

6 :

Por otra parte, en 2008, GNSH, HDW y ThyssenKrupp Marine Systems AG solicitaron al Tribunal General que anulara el artículo de la Decisión relativo a la medida de ayuda concedida a HDW/Ferrostaal, consistente en la garantía de indemnización de una posible obligación de reembolsar las ayudas ilegales obtenidas por EN. El Tribunal General desestimó dicha solicitud en su sentencia T‑384/08, de 10 de noviembre de 2011. Dicha sentencia no ha sido recurrida en casación.

7 :

Sentencia de 15 de marzo de 2012, Ellinika Nafpigeia AE/Comisión (T‑391/08).

8 :

Artículo 346, apartado 1, letra b).

9 :

Artículo 348 TFUE.

10 :

En el asunto Τ-466/11, EN y Hoem Beteilίgungs Gesellschaft GmbH –que representa, desde octubre de 2010, al principal adquirente de EN– opusieron, respecto de la Decisión 2009/610/CE de la Comisión, la excepción prevista en el artículo 346 TFUE. El Tribunal General desestimó el recurso por inadmisible mediante auto de 19 de octubre de 2012. El auto es actualmente objeto de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia (C‑616/12 P).


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