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Según la Abogado General Sharpston, condicionar la completa financiación de estudios en el extranjero a la residencia ininterrumpìda en el Estado miembro que concede la financiación durante los tres años inmediatamente anteriores al comienzo de esos estudios es una restricción de los derechos de libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea

Court of Justice - CJE/13/14   21/02/2013

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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 14/13

Luxemburgo, 21 de febrero de 2013

Conclusiones de la Abogado General en los asuntos C‑523/11 y C‑585/11

Laurence Prinz / Region Hannover

Philipp Seeberger / Studentenwerk Heidelberg

Según la Abogado General Sharpston, condicionar la completa financiación de estudios en el extranjero a la residencia ininterrumpìda en el Estado miembro que concede la financiación durante los tres años inmediatamente anteriores al comienzo de esos estudios es una restricción de los derechos de libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea

La Abogado General Sharpston considera también que sería útil para los tribunales nacionales que el Tribunal de Justicia aclarase su jurisprudencia sobre los objetivos que pueden justificar una restricción del derecho de libre circulación derivada de una regla como la de los tres años

En Alemania los estudiantes que sean ciudadanos de la Unión pueden solicitar financiación para estudios en otro Estado miembro. Para la financiación de la duración completa de esos estudios en el extranjero, tienen que demostrar la residencia ininterrumpida en Alemania durante los tres años inmediatamente anteriores al inicio de esos estudios. De no ser así, pueden obtener financiación sólo para el primer año de tales estudios o para la duración total de los estudios que cursen en Alemania. La regla de los tres años se impone con el fin de controlar el riesgo de una carga económica excesiva que podría repercutir sobre el nivel global de ayudas disponibles («objetivo económico»), y para identificar a aquellos estudiantes que están integrados en la sociedad alemana y asegurarse de que se concede la financiación a aquellos estudiantes que con mayor probabilidad regresarán a Alemania tras los estudios y contribuirán a la sociedad alemana («objetivo social»).

Dos tribunales alemanes preguntan al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión, esto es, las reglas sobre la ciudadanía de la Unión y sobre la libre circulación de los ciudadanos de la Unión, se oponen a que un Estado miembro someta la concesión de financiación de los estudios en el extranjero a un requisito de residencia como la regla de los tres años.

Los tribunales alemanes han de decidir los casos de dos estudiantes alemanes a los que se denegó la financiación de sus estudios (completos) en los Países Bajos y en España. Laurence Prinz nació en Alemania y vivió varios años con su familia en Túnez antes de sus estudios completos de educación secundaria en Alemania, y comenzó estudios de administración empresarial en la Universidad Erasmus de Rotterdam en el otoño de 2009. Dado que no cumplía la condición de tres años de residencia se le concedió financiación sólo para el primer año de sus estudios. Philipp Seeberger también nació en Alemania y vivió varios años con sus padres en España antes de volver a Alemania. Comenzó estudios de Ciencias Económicas en la Universidad de las Islas Baleares en el otoño de 2009. Dado que no pudo demostrar tres años de residencia permanente en Alemania antes del inicio de esos estudios, se le denegó la financiación.

La Abogado General Sharpston observa que el Derecho de la Unión no obliga a los Estados miembros a conceder financiación para cursar estudios ni en su territorio ni fuera de él. No obstante, si lo hacen, esa financiación debe respetar el Derecho de la Unión, y en particular el derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Concluye que la regla de los tres años constituye una restricción a los derechos de libre circulación de los ciudadanos de la Unión. Por su propia naturaleza, es probable que tal requisito de residencia disuada a un ciudadano de la Unión de ejercitar su derecho a trasladarse a otro Estado miembro y de realizar allí estudios de educación secundaria con anterioridad a la solicitud de financiación para estudios de educación superior («efecto disuasorio»). También perjudica a todo ciudadano de la Unión que, antes de solicitar la financiación, ya haya ejercitado sus derechos de libre circulación.

Aunque el objetivo económico de evitar una carga excesiva que pueda tener consecuencias para el nivel global de la ayuda puede, en principio, justificar una restricción como ésa, 1 no basta que un Estado miembro afirme sin más que la medida persigue ese objetivo. En lugar de esto, el Estado miembro debe evaluar los riesgos efectivos o potenciales de ofrecer determinadas modalidades de financiación. Sobre la base de esta evaluación, podrá determinar lo que constituiría una carga financiera excesiva y definir las medidas destinadas a evitar o limitar el riesgo de que se genere dicha carga excesiva. Así pues, a juicio de la Abogado General, el solo hecho de que en 2008 aproximadamente un millón de nacionales alemanes viviesen en otros Estados miembros no dice nada sobre la existencia de un riesgo efectivo o potencial de una carga financiera excesiva si se eliminase el requisito de la residencia para la financiación de los estudiantes.

Según la Abogado General Sharpston, que la regla de los tres años sea apropiada para el objetivo económico dependerá de si, con la aplicación de esa regla, el riesgo queda reducido a una carga razonable. Y que la regla sea proporcionada en relación con ese objetivo dependerá de que la restricción que impone no sea mayor de lo que es necesario para mantener la carga financiera dentro de los límites de lo razonable. Para llevar a cabo esta evaluación, los tribunales nacionales tienen que saber: i) lo que se considera una carga financiera excesiva; y ii) la repercusión cuantitativa estimada de la regla de los tres años en esa carga.

Respecto al argumento de que la financiación debe limitarse a aquellos estudiantes que demuestren cierto grado de integración en la sociedad nacional («objetivo de la integración»), la Abogado General Sharpston interpreta la jurisprudencia existente2 en el sentido de que la exigencia de cierto grado de integración no constituye un objetivo legítimo independiente, sino que es más bien un medio para evitar una carga financiera excesiva. Sin embargo, no excluye la posibilidad de que la jurisprudencia deba entenderse de otra manera e insta al Tribunal de Justicia a esclarecerla en ese aspecto.

Si el objetivo de la integración se reconociera como un objetivo legítimo separado independiente del objetivo económico, la Abogado General Sharpston admite que la regla de los tres años es prima facie un medio adecuado para alcanzarlo. No obstante, la Abogado General considera que la regla de los tres años es más restrictiva de lo necesario y por tanto no es proporcionada. La regla de los tres años es demasiado rígida. Crea el riesgo de excluir de la financiación a estudiantes que, a pesar de no haber residido en Alemania ininterrumpidamente durante los tres años inmediatamente anteriores a los estudios en el extranjero, están no obstante suficientemente vinculados a la sociedad alemana, gracias a su nacionalidad alemana, residencia, escolaridad o empleo en ese país, conocimiento del idioma, relaciones familiares y sociales o económicas u otros elementos capaces de demostrar tal vinculación.

Sin recomendar ninguna regla menos restrictiva en particular, la Abogado General Sharpston menciona la posibilidad de servirse de la residencia como el medio primario o usual de demostrar el grado exigido de integración, pero sin excluir que el solicitante o la autoridad se apoyen en otros hechos como prueba de la existencia (o ausencia) de una vinculación real y efectiva. Una regla como esa sería más transparente y eficiente que una regla que exigiera examinar las circunstancias individuales en cada caso, pero menos restrictiva que la regla de los tres años.

Finalmente, acerca del objetivo social de conceder financiación únicamente a aquellos estudiantes que, una vez finalizados sus estudios en el extranjero, vayan a integrarse de forma efectiva en el mercado laboral alemán o se inserten de otro modo en su economía o sociedad, la Abogado General Sharpston reconoce que ese objetivo puede justificar la regla de los tres años. Sin embargo, la Abogado General no está convencida de que haya una relación obvia entre el lugar donde residen los estudiantes antes de cursar sus estudios en el extranjero y el lugar donde residirán y trabajarán una vez finalizados los estudios. Por tanto, duda de que la regla sea apropiada para lograr el objetivo social. La regla también es desproporcionada porque es demasiado exclusiva. En ese aspecto la Abogado General no está convencida de que la residencia previa en un Estado miembro pueda utilizarse como criterio único para predecir la residencia futura, después de un periodo intermedio de residencia en otro Estado miembro. 3

La Abogado General Sharpston propone por tanto al Tribunal de Justicia responder que las reglas sobre la ciudadanía de la Unión y sobre la libre circulación de los ciudadanos de la Unión se oponen a que un Estado miembro subordine la obtención de una ayuda a la formación para cursar estudios en un centro educativo en el extranjero a lo largo de toda su duración al cumplimiento de una condición en virtud de la cual se exige que todos los ciudadanos de la Unión, incluidos los propios nacionales, hayan residido en su territorio durante un periodo ininterrumpido de tres años inmediatamente anteriores al inicio de esos estudios en el extranjero.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

1 :

Sentencia de 15 de marzo de 2005, Bidar (C–209/03), véase también CP nº 25/05; y sentencia de 23 de octubre de 2007, Morgan y Bucher (C‑11/06 y C‑12/06), véase también CP nº 77/07.

2 :

Véase nota a pie de página nº 1

3 :

Sentencia de 14 de junio de 2012, Comisión/Países Bajos (C-542/09), véase también CP nº 79/12.


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