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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 141/13

Luxemburgo, 24 de octubre de 2013

Conclusiones del Abogado General en el asunto C‑82/12

Transportes Jordi Besora / Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), Generalitat de Catalunya

Según el Abogado General Sr.  Wahl, el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos es contrario al Derecho de la Unión

Asimismo, considera que no procede limitar los efectos en el tiempo de la sentencia del Tribunal de Justicia

La Directiva sobre los impuestos especiales 1 regula la percepción de impuestos especiales en la Unión Europea, con el fin evitar que los impuestos indirectos suplementarios obstaculicen indebidamente los intercambios comerciales. Esta Directiva se aplica, entre otros, a hidrocarburos como las gasolinas, al gasóleo, al fuelóleo y al queroseno. Sin embargo, una de sus disposiciones 2 reconoce a los Estados miembros la facultad de introducir o mantener impuestos indirectos no armonizados sobre productos que ya están sujetos a normas en materia de impuestos especiales. Esa posibilidad se supedita a dos requisitos: i) que el impuesto persiga una finalidad específica no presupuestaria y ii) que respete las normas aplicables a los impuestos especiales o al IVA para la determinación de la base imponible, la liquidación, el devengo y el control del impuesto.

En este asunto se examina la conformidad con el Derecho de la Unión de un impuesto español (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, «IVMDH») que grava el consumo de determinados hidrocarburos, a saber, las gasolinas, el gasóleo, el fuelóleo y el queroseno. 3 El impuesto se repercute al consumidor final. Con arreglo a la normativa española que regula el IVMDH, los rendimientos derivados de ese impuesto deberán destinarse a medidas sanitarias y medioambientales. Más concretamente, su finalidad es garantizar que las Comunidades Autónomas posean recursos suficientes para atender los gastos sanitarios asumidos como consecuencia de la transferencia de competencias en materia sanitaria del ámbito nacional al ámbito autonómico. Los rendimientos procedentes del IVMDH se han utilizado, en particular, para construir nuevos hospitales.

El litigio tiene su origen en una reclamación presentada por Transportes Jordi Besora, S.L. («TJB»), una empresa de transporte establecida en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Esta empresa adquiere una gran cantidad de combustible para sus vehículos. Entre 2005 y 2008 se le repercutió un total de 45.632,38 euros en concepto de IVMDH. Por considerar que este impuesto es contrario a la Directiva sobre los impuestos especiales, TJB solicitó que se le devolviera dicha cantidad. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que conoce del recurso, solicita que se dilucide si el IVMDH es conforme con la Directiva sobre los impuestos especiales.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Sr. Nils Wahl considera que el IVMDH es contrario a la Directiva sobre los impuestos especiales. Llega a este resultado examinando este impuesto a la luz de los dos requisitos antes indicados que deben concurrir para que un impuesto como el IVMDH sea conforme con dicha Directiva.

En primer lugar, el Abogado General considera que un impuesto como el IVMDH no cumple el requisito relativo a la existencia de una finalidad específica. Ello se debe, en particular, a que el IVMDH persigue el mismo objetivo que el impuesto especial armonizado sobre hidrocarburos, que consiste en reducir los costes sociales (sanitarios y medioambientales) provocados por el consumo de hidrocarburos. En su opinión, esta coincidencia excluye la posibilidad de considerar el IVMDH compatible con el requisito de que el impuesto en cuestión tenga una finalidad específica. Interpretar lo contrario pondría en riesgo los esfuerzos para armonizar el régimen de los impuestos especiales y daría lugar a un impuesto especial adicional, contrario al objetivo mismo de la Directiva de eliminar los obstáculos que subsisten en el mercado interior.

Además, el Abogado General señala que, cuando no existe esa coincidencia, la estructura o, subsidiariamente, la afectación del impuesto pueden contribuir a identificar una finalidad no presupuestaria específica. En lo que respecta a la estructura, puede identificarse una finalidad no presupuestaria cuando el impuesto se fija en un nivel que desincentiva o incentiva un determinado comportamiento. En este asunto, sin embargo, estima que no se dispone de información que sugiera que la estructura del IVMDH está de hecho concebida específicamente para desincentivar el consumo de hidrocarburos o para incentivar el consumo de otro producto menos perjudicial. Por lo que se refiere a la afectación del impuesto, los rendimientos recaudados deben destinarse a medidas concretas. En el presente asunto, la mera afectación de rendimientos tributarios procedentes del IVMDH a medidas sanitarias y medioambientales con carácter general no basta para demostrar que el impuesto persigue una finalidad no presupuestaria. De hecho, no se ha acreditado ninguna relación directa entre, por una parte, las medidas financiadas con los rendimientos procedentes del IVMDH y, por otra, la finalidad de eludir y subsanar las repercusiones perjudiciales derivadas del consumo de hidrocarburos.

En segundo lugar, el Abogado General entiende que el IVMDH tampoco cumple el segundo requisito, porque no respeta el sistema general de los impuestos especiales o del IVA para la determinación del devengo. Ello se debe a que el IVMDH se percibe en un momento que no se ajusta a los requisitos establecidos por la legislación de la Unión sobre el devengo de los impuestos especiales o del IVA. A diferencia del impuesto especial, que se devenga cuando el producto sale del último depósito fiscal, y del IVA, que es exigible en cada fase del proceso de producción y distribución, el IVMDH se devenga cuando los hidrocarburos se venden al consumidor.

En este asunto, España ha solicitado también al Tribunal de Justicia que limite los efectos en el tiempo de la sentencia en el supuesto de que declare que el IVMDH no es conforme con el Derecho de la Unión. En la práctica, esto significaría que la sentencia únicamente produciría efectos en el futuro y no afectaría a los impuestos recaudados en el pasado. Sobre esta cuestión, el Abogado General Sr. Wahl señala que el Tribunal de Justicia acepta estas solicitudes sólo en circunstancias excepcionales cuando concurren dos requisitos. Por una parte, la declaración de no conformidad debe entrañar un riesgo de repercusiones económicas graves. Por otra parte, debe existir una incertidumbre objetiva e importante en cuanto a la interpretación y el alcance de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión.

A este respecto, el Abogado General considera que no puede descartarse un riesgo de repercusiones económicas graves dadas las cantidades considerables reclamadas (13.000 millones de euros, según las estimaciones del Gobierno español). 4 Esto se debe, en particular, a la situación económica precaria que atraviesan actualmente España y sus Comunidades Autónomas. Además, una declaración de no conformidad podría tener, en su opinión, graves repercusiones en el sistema que contribuye a la financiación de las Comunidades Autónomas y produciría confusión y perturbación en la financiación autonómica de la asistencia sanitaria. Sin embargo, el Abogado General cree que no existía una incertidumbre significativa en cuanto al significado y el alcance de las normas jurídicas pertinentes de la Unión. En particular, cuando se creó el IVMDH, el Tribunal de Justicia ya había dictado una sentencia sobre la no conformidad de un impuesto similar. 5

Por último, el Abogado General señala que no puede descartarse categóricamente que el Tribunal de Justicia pudiera considerar limitar los efectos en el tiempo de una sentencia aun cuando no concurra el requisito de la incertidumbre en cuanto a la interpretación de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión. Esto sería posible en determinadas circunstancias completamente excepcionales en las que la repercusión económica de la retroactividad sería especialmente grave. Sin embargo, en este asunto, advierte contra el abandono de ese criterio. De hecho, España parece haber asumido deliberadamente el riesgo de seguir adelante con la legislación controvertida y, en consecuencia, esa legislación se ha aplicado durante muchos años en perjuicio del consumidor final y del mercado interior.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su lectura

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

Las imágenes de la lectura de las conclusiones se encuentran disponibles en
«
Europe by Satellite» (+32) 2 2964106

1 :

Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales (DO L 76, p. 1), en su versión modificada. Desde el 1 de abril de 2010, la Directiva 92/12 ha sido derogada y sustituida por la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (DO 2009, L 9, p. 12).

2 :

Artículo 3, apartado 2.

3 :

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

4 :

La Comisión y TJB han cuestionado estas estimaciones. En su opinión, las normas nacionales en materia de prescripción excluirían automáticamente las solicitudes que se remonten a más de cuatro años. Además, debido a la gran cantidad de pleitos pendientes, la Comisión ha puesto en entredicho el efecto práctico de limitar la aplicación retroactiva de una declaración de no conformidad.

5 :

Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2000, EKW y Wein & Co (C‑437/97).


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