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Según el Abogado General Sr. Wathelet, los Estados miembros pueden prohibir, con carácter general y sin diferenciar entre los distintos instrumentos de pago, el cobro de gastos de tramitación por parte del beneficiario del pago

Court of Justice - CJE/13/140   24/10/2013

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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 140/13

Luxemburgo, 24 de octubre de 2013

Conclusiones del Abogado General en el asunto C‑616/11

T‑Mobile Austria GmbH / Verein für Konsumenteninformation

Según el Abogado General Sr. Wathelet, los Estados miembros pueden prohibir, con carácter general y sin diferenciar entre los distintos instrumentos de pago, el cobro de gastos de tramitación por parte del beneficiario del pago

Esta prohibición puede aplicarse también a las compañías de telefonía móvil

Según la Directiva sobre servicios de pago, 1 los Estados miembros pueden prohibir o limitar la práctica de la sobrefacturación, 2 mediante la cual las empresas beneficiarias de pagos imponen gastos a sus clientes ordenantes por la utilización de un instrumento de pago determinado. El objeto de dicha práctica es que el cliente ordenante soporte el coste de la utilización, en particular, de tarjetas de crédito o de débito.

En Austria los beneficiarios de pagos tienen prohibido, con carácter general y sin distinción entre los distintos instrumentos de pago, aplicar gastos de tramitación.

Pues bien, T‑Mobile Austria, uno de los proveedores de telefonía móvil en Austria, prevé en sus cláusulas generales la facturación de los gastos de tramitación en caso de pago mediante formulario de pago o banca electrónica. De este modo, cuando un cliente se abona a la tarifa «Call Europe» y la utiliza, debe pagar 3 euros adicionales si elige el «pago sin domiciliación bancaria ni tarjeta de crédito», lo cual incluye, en particular, el formulario de pago y el pago por banca en línea («Telebanking»).

La asociación austriaca de consumidores Verein für Konsumenteninformation considera que esta práctica es contraria a la prohibición general de sobrefacturación aplicable en Austria. Así pues, la asociación interpuso una demanda ante los órganos jurisdiccionales austriacos con objeto de que se prohibiera a T‑Mobile Austria, por un lado, incluir la cláusula controvertida en los contratos que celebrase con sus clientes y, por otro lado, invocar dicha cláusula en el marco de los contratos en vigor. Después de que las dos primeras instancias estimasen estas pretensiones, T‑Mobile Austria recurrió ante el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo, Austria).

Este último desea que se dilucide, en primer lugar, si la Directiva y más concretamente la facultad que ofrece a los Estados miembros de prohibir la sobrefacturación se aplica, como aduce T‑Mobile Austria, únicamente a los proveedores de servicios de pago o también a las compañías de telefonía móvil. A continuación, el Tribunal Supremo desea saber si una transferencia de fondos constituye un instrumento de pago en el sentido de la Directiva, de modo que dicha transferencia está comprendida en el ámbito de aplicación de la referida facultad. Por último, este órgano jurisdiccional pregunta si la prohibición general de sobrefacturación aplicable en Austria es conforme con la Directiva.

En sus conclusiones del día de hoy, el Abogado General Sr. Melchior Wathelet estima, en primer lugar, que la facultad ofrecida por la Directiva a los Estados miembros de prohibir la sobrefacturación se aplica a la relación contractual entre un operador de telefonía móvil, como beneficiario, y sus clientes particulares (consumidores), como ordenantes.

Seguidamente, concluye que una transferencia de fondos («credit transfer») iniciada bien mediante un formulario de pago provisto de la firma manuscrita del ordenante, bien por la banca en línea («Telebanking»), debe ser considerada como un «instrumento de pago» en el sentido de la Directiva.

Por último, el Abogado General considera que la Directiva no se opone a la aplicación de disposiciones nacionales, como la disposición austriaca controvertida, que establecen una prohibición de cobro de gastos de tramitación por el beneficiario, con carácter general y sin diferenciar entre los distintos instrumentos de pago.

En efecto, la Directiva concede a los Estados miembros un amplio margen de apreciación para decidir si usan la facultad de prohibir o limitar la sobrefacturación, y en qué medida la usan, con el fin de fomentar la competencia, favorecer el uso de medios de pago eficientes o prevenir la fijación de precios abusivos.

Si bien corresponde al Tribunal Supremo apreciar si la prohibición general de la sobrefacturación aplicable en Austria ha «tenido en cuenta» suficientemente estas consideraciones de interés general, el legislador austriaco parece haber respetado los límites de ese margen de apreciación.

A este respecto, el Abogado General señala en particular que 3 la práctica de la sobrefacturación conducía con frecuencia a una fijación abusiva de precios por parte de ciertos empresarios, a saber, gastos desproporcionadamente elevados respecto al coste asumido por el empresario para concluir la transacción, en particular en los casos en que los consumidores no podían evitar dichos gastos suplementarios recurriendo a otro instrumento de pago. Además, resulta 4 que también se utilizaba la sobrefacturación con el fin de generar ingresos adicionales, más que para repercutir en el ordenante los gastos reales que el proveedor de servicios de pago aplicaba al beneficiario con motivo de la utilización de un instrumento de pago.

Con el fin de evitar tales abusos, y dada la enorme dificultad de establecer con precisión la correspondencia entre los costes reales y los gastos reclamados, los Estados miembros disponen de la facultad de prohibir pura y simplemente la sobrefacturación, otorgada por la Directiva. 5

Respecto al fomento de la competencia, el Abogado General Wathelet observa que la prohibición general de la sobrefacturación aumenta la transparencia en la fijación de precios, al oponerse a que una empresa exija a su cliente, en caso de utilización de un instrumento de pago determinado, un precio final superior al que indica en su comunicación y que el cliente compara con otras ofertas de precios.

Según el Abogado General, no se debe perder de vista que tanto la Directiva como el Derecho austriaco permiten a T‑Mobile Austria ofrecer a sus clientes reducciones con el fin de incitarlos a utilizar los instrumentos de pago que ella estime más eficientes.

Por lo demás, el Abogado General considera que no procede estimar la pretensión de T‑Mobile Austria de limitar en el tiempo los efectos de la sentencia que el Tribunal de Justicia dicte en el presente asunto, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia concluya que la transferencia debe ser considerada como un instrumento de pago en el sentido de la Directiva y que la Directiva no se opone a una prohibición general de la sobrefacturación. En efecto, no se cumplen los requisitos para esta limitación. En particular, T‑Mobile Austria no ha aportado datos que permitan al Tribunal de Justicia apreciar si ella corre efectivamente el riesgo de sufrir consecuencias económicas graves en caso de que el Tribunal de Justicia llegue a tal conclusión.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

1 :

Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE (DO L 319, p. 1).

2 :

A menudo designada con el término inglés «surcharging».

3 :

Según un reciente estudio denominado «de impacto», de 24 de julio de 2013, adjunto a la propuesta de la Comisión de adoptar una nueva Directiva sobre los servicios de pago en el mercado interior, que derogaría la Directiva 2007/64. Según ese estudio, 14 Estados miembros han prohibido la sobrefacturación con carácter general, mientras que doce Estados miembros la permiten y uno solo, Dinamarca, la prohíbe únicamente respecto a la utilización de tarjetas de crédito.

4 :

Según ese mismo estudio de impacto.

5 :

No obstante, el Abogado General señala que la propuesta de Directiva citada en la nota nº 3 prevé, entre otras disposiciones, la supresión de esta facultad.


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