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Prensa e Información

Tribunal General de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 130/13

Luxemburgo, 16 de octubre de 2013

Sentencia en el asunto T‑275/11

Télévision française 1 (TF1) / Comisión

El Tribunal General confirma la validez de la Decisión de la Comisión según la cual el mecanismo de financiación a largo plazo de France Télévisions constituye una ayuda estatal compatible con el mercado interior

En el contexto de la reforma de su sector audiovisual público, a partir de 2009 Francia suprimió progresivamente la publicidad en las seis cadenas públicas de France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô y Outre‑Mer 1ère) entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana. En concepto de compensación, Francia había previsto créditos por un importe de 450 millones de euros, destinados a France Télévisions, en el Presupuesto General del Estado para 2009. Por otra parte, había modificado su normativa nacional 1 creando dos nuevos impuestos: un impuesto sobre la publicidad 2 y un impuesto sobre las comunicaciones electrónicas. 3

El 23 de enero de 2009, Francia notificó a la Comisión su intención de otorgar una subvención presupuestaria de 450 millones de euros a France Télévisions. El 25 de mayo 2009, Francia amplió el objeto de la notificación, indicando su intención de establecer un mecanismo permanente y plurianual de financiación pública de France Télévisions para el período 2010‑2012.

En una Decisión de 20 de julio de 2010, la Comisión consideró que el mecanismo de financiación plurianual de France Télévisions 4 constituía una ayuda estatal cuya compatibilidad con el mercado interior debía analizarse. Sin poner en duda la misión de servicio público de France Télévisions, la Comisión consideró, en una primera fase, que el método de cálculo de la subvención anual atribuida a France Télévisions parecía ser proporcionado, en el sentido de la Comunicación sobre radiodifusión,5 habida cuenta de tres circunstancias: i) según las afirmaciones de Francia, el importe anual de la subvención se determinaba, antes de cada ejercicio, en función de los costes netos del servicio público de France Télévisions; ii) estas afirmaciones eran corroboradas por las previsiones indicativas de recursos públicos, ingresos y gastos del servicio público para el periodo 2010‑2012; iii) ese método de cálculo era compatible con el compromiso de Francia de que los recursos públicos asignados a France Télévisions no sobrepasaran el coste neto de ejecución de las obligaciones de servicio público a cargo de ésta. En una segunda fase, la Comisión estimó que la financiación pública de la misión de servicio público era suficientemente transparente, dado que, en primer lugar, los mecanismos de control establecidos por las disposiciones francesas pertinentes se ajustaban a los requisitos de transparencia de su Comunicación sobre radiodifusión; en segundo lugar, la eficacia de dichos mecanismos podía deducirse igualmente de los informes anuales relativos a France Télévisions, certificados por auditores, que llegaban a la conclusión de que no existía una compensación excesiva y, en tercer lugar, Francia había asumido compromisos destinados a prevenir todo riesgo de compensación excesiva. Por otra parte, la Comisión puso de relieve que Francia se había comprometido igualmente a presentarle un informe anual hasta 2013, fecha en que la reforma de la radiotelevisión pública habría concluido, lo que permitiría a la Comisión supervisar y seguir de cerca la aplicación de la reforma y de los compromisos asumidos por Francia. Por último, la Comisión consideró que no podía acreditarse que los nuevos impuestos estuvieran obligatoriamente destinados a financiar la ayuda de que se trata, de modo que tales impuestos no debían incluirse en el examen de la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior.

En el presente recurso, TF1 ha solicitado al Tribunal General de la Unión Europea que anule la Decisión de la Comisión.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal General rechaza todas las alegaciones expuestas por TF1 y desestima, por tanto, su recurso.

El Tribunal General hace constar, que en contra de lo alegado por TF1, la Comisión, apoyada ante el Tribunal por Francia y por España, no cometió ningún error al considerar que, en virtud de la normativa francesa, no podía establecerse ninguna vinculación obligatoria entre el destino de los nuevos impuestos y la ayuda concedida a France Télévisions. Así pues, al no existir tal vinculación, la Comisión había actuado con arreglo a Derecho al considerar que tales impuestos no eran parte integrante de la ayuda y no constituían, por ello, uno de los rasgos específicos de la misma. Por lo tanto, la Comisión podía legítimamente excluir tales impuestos del examen de la compatibilidad de esa ayuda con el mercado interior.

Del mismo modo, como los nuevos impuestos no constituyen rasgos específicos de la ayuda, la Comisión no cometió ningún error al no examinar, en el presente procedimiento, la compatibilidad de los mismos con las disposiciones del Derecho de la Unión. Como puso de relieve igualmente la Comisión, esta apreciación no afectaba al examen de la compatibilidad con el Derecho de la Unión de tales impuestos, considerados como medidas diferentes. En efecto, con posterioridad a la Decisión, la Comisión había incoado un procedimiento por incumplimiento contra Francia 6 en relación con la compatibilidad de uno de estos dos nuevos impuestos, el impuesto sobre las comunicaciones electrónicas, con la Directiva relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. 7

Por otra parte, el Tribunal General hace constar que la Decisión de la Comisión, suficientemente motivada, revela de un modo claro y comprensible el razonamiento en que se basó su apreciación sobre la inexistencia, en el presente asunto, de un riesgo de compensación excesiva de los costes netos de la misión de servicio público de France Télévisions.

Por último, el Tribunal General hace constar que la Comisión no cometió error de Derecho alguno al no tomar en consideración, en su examen de la compatibilidad con el mercado interior de la ayuda de que se trata, la eficacia económica de France Télévisions en la ejecución de su misión de servicio público.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal General.

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

1 :

 El Code des impôts (Código Fiscal) francés.

2 :

 El impuesto sobre la publicidad recae sobre todos los editores de servicios de televisión establecidos en Francia.

3 :

El impuesto sobre las comunicaciones electrónicas recae sobre todos los operadores de comunicaciones electrónicas que ofrezcan un servicio en Francia y hayan sido objeto de una declaración previa ante la Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (autoridad reguladora de las comunicaciones electrónicas; ARCEP).

4 :

En lo relativo a la subvención presupuestaria votada para el año 2009, la Comisión consideró, ese mismo año, que era compatible con el mercado interior. La Decisión de la Comisión fue recurrida ante el Tribunal General de la Unión Europea por TF1, M6 y Canal +. Mediante sentencia de 10 de julio de 2012, el Tribunal General desestimó el recurso (T‑520/09).

5 :

 Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2009, sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión (DO C 257, p. 1).

6 :

Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2013, Comisión/Francia (C-485/11), véase también el CP n° 78/13. El Tribunal de Justicia había considerado que la Directiva 2002/20/CE, conocida como «de autorización», no se oponía al impuesto especial aplicado por Francia a los operadores de comunicaciones electrónicas.

7 :

Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108, p. 21).


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