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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 127/13

Luxemburgo, 3 de octubre de 2013

Sentencia en el asunto C‑369/11

Comisión/Italia

Al no garantizar la independencia del administrador de la infraestructura ferroviaria, Italia no respeta el Derecho de la Unión

En cambio, la Comisión no ha demostrado la falta de independencia del organismo regulador

La liberalización del transporte ferroviario en la Unión Europea 1 tiene por objetivo obligar a los Estados miembros a garantizar a las empresas de ese sector un acceso equitativo y no discriminatorio a la red ferroviaria. El ejercicio de las funciones consideradas fundamentales (la concesión de licencias a las empresas ferroviarias que les den acceso a la red ferroviaria, la adjudicación de franjas horarias y la determinación del canon que deben pagar las empresas de transporte por la utilización de la red) ya no puede corresponder a las empresas ferroviarias históricas, sino que debe atribuirse a administradores independientes.

El presente asunto se inscribe en una serie de recursos por incumplimiento 2 interpuestos por la Comisión contra varios Estados miembros por el incumplimiento de sus obligaciones.

El Derecho italiano reparte la gestión de «funciones fundamentales» entre, por una parte, Rete Ferroviaria Italiana SpA («RFI»), administrador de la infraestructura en virtud de una concesión del Ministerio de Transportes y, por otra parte, ese mismo Ministerio. RFI, aunque dotada de personalidad jurídica autónoma, forma parte del grupo Ferrovie dello Stato Italiane («grupo FS»), que incluye también a Trenitalia SpA, la principal empresa ferroviaria italiana. RFI está encargada del cálculo de los cánones de acceso a la red de cada operador y de su cobro, sobre la base de las tarifas fijadas por el Ministro.

L’Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (oficina reguladora de los servicios ferroviarios, «URSF»), es el organismo regulador, y dispone de autonomía organizativa y contable dentro de los límites de los recursos económicos y financieros que se le asignan.

Mediante su recurso la Comisión alega, en primer lugar, que la normativa italiana no garantiza la independencia  de gestión del administrador de la infraestructura. En efecto, el Derecho de la Unión responsabiliza a los Estados miembros de crear un marco de tarifación, si bien respetando la independencia de gestión del administrador de la infraestructura, al que le corresponde determinar el canon por el uso de la infraestructura y encargarse de su cobro. En cambio, en opinión de la Comisión, al reservarse la facultad de fijar la cuantía de los derechos de acceso a la red, Italia priva al administrador de un instrumento esencial de gestión.

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que el Derecho de la Unión persigue el objetivo de garantizar la independencia de gestión del administrador de la infraestructura ferroviaria mediante el sistema de tarifación. Los sistemas de tarifación y de adjudicación de capacidad deben estimular a los administradores para que optimen la utilización de éstas dentro del marco establecido por los Estados miembros. Su función no puede, por tanto, limitarse a calcular el importe del canon en cada caso concreto, aplicando una fórmula previamente fijada mediante orden ministerial. Por el contrario, los administradores deben disponer de cierto margen de actuación en la fijación del importe de los cánones.

El Tribunal de Justicia señala que la normativa italiana establece que la determinación del canon, fijado de acuerdo con el Ministro, se impone al administrador. Aunque el Ministro sólo ejerce un control de legalidad, dicho control, no obstante, debería corresponder al organismo regulador, en el presente caso, URSF. El Tribunal de Justicia concluye de ello que la ley italiana no permite garantizar la independencia del administrador de la infraestructura.

En segundo lugar, la Comisión considera que la legislación italiana no respeta la independencia del organismo regulador, en la medida en que URSF está compuesto por funcionarios del Ministerio y éste continúa manteniendo su influencia sobre el grupo FS, que es propietario de Trenitalia SpA.

El Tribunal de Justicia declara en cambio que, mediante sus acciones legislativas sucesivas, las autoridades italianas han influido en la constitución del organismo regulador y redefinido progresivamente su autonomía organizativa y contable. Asimismo, el Tribunal de Justicia recuerda que según la Directiva, el Ministerio de Transportes puede ser el organismo regulador.

En consecuencia, la Comisión no puede invocar el mero hecho de que URSF forme parte de ese Ministerio para considerar que no es independiente.

El Tribunal de Justicia concluye de todo ello que la Comisión no ha aportado los datos necesarios para acreditar la falta de independencia del organismo regulador.

NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

1 :

Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (DO L 237, p. 25), en su versión modificada por las Directivas 2004/51/CE y 2007/58/CE, y la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización (DO L 75, p. 29), en su versión modificada por las Directivas 2004/49/CE y 2007/58/CE.

2 :

Se trata de los asuntos C‑528/10, Comisión/Grecia (sentencia de 8 de noviembre de 2012); C‑557/10, Comisión/Portugal (sentencia de 25 de octubre de 2012); C‑473/10, Comisión/Hungría, C‑483/10, Comisión/España, C‑555/10, Comisión/Austria, C‑556/10, Comisión/Alemania (sentencias de 28 de febrero de 2013, véase CP nº 20/13); C‑625/10, Comisión/Francia (sentencia de 18 de abril de 2013, véase CP nº 49/13); C‑512/10, Comisión/Polonia (sentencia de 30 de mayo de 2013, véase CP 64/13); C‑545/10, Comisión/República Checa, C‑627/10, Comisión/Eslovenia, C‑412/11, Comisión/Luxemburgo (sentencias de 11 de julio de 2013, véase CP nº 88/13).


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