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Prensa e Información

Tribunal General de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 105/13

Luxemburgo, 13 de septiembre de 2013

Sentencias en los asuntos T‑383/11 Eyad Makhlouf / Consejo y

T‑563/11 y T‑592/11 Issam Anbouba / Consejo

El Tribunal General desestima los recursos de dos nacionales sirios contra su inclusión en la lista de congelación de fondos en el contexto de las medidas restrictivas adoptadas contra Siria

El Consejo no cometió error de derecho alguno ni vulneró los derechos fundamentales del Sr. Eyad Makhlouf, oficial del ejército sirio, y del Sr. Issam Anbouba, prominente hombre de negocios, al incluirlos en la lista

El 9 de mayo de 2011, el Consejo, para condenar firmemente la represión violenta de las manifestaciones pacíficas en Siria y para hacer un llamamiento a las autoridades sirias para que se abstengan de recurrir al uso de la fuerza, adoptó una Decisión que imponía medidas restrictivas contra Siria. Una de esas medidas restrictivas consistía en la congelación de capitales y de recursos económicos de determinadas personas y entidades responsables de la represión violenta ejercida contra la población civil en Siria.

Mediante decisión de 23 de mayo de 2011, se incluyó el nombre del Sr. Eyad Makhlouf, oficial de nacionalidad siria, con grado de teniente coronel, en la lista de congelación de fondos con la indicación «Hermano de Rami Makhlouf y funcionario de los servicios generales de información; involucrado en la represión de la población civil». Desde entonces, el Consejo ha adoptado diferentes decisiones y reglamentos actualizando la lista controvertida. El nombre del Sr. Makhlouf siempre ha sido mantenido en dicha lista.

En septiembre de 2011, el Consejo decidió que la lista de congelación de fondos tenía que abarcar igualmente las personas y entidades que se beneficiaban de las políticas del régimen o lo apoyaban. Al hacerlo, el Consejo aplicó una presunción de apoyo al régimen sirio contra los dirigentes de las principales empresas de Siria.

Así, el 2 de septiembre de 2011, se incluyó el nombre del Sr. Issam Anbouba en la lista de congelación de fondos con la indicación de que era presidente de una destacada sociedad de la industria agroalimentaria (Issam Anbouba Establishment for agro-industry) y de que prestaba apoyo económico al régimen sirio. Al revisar la lista mediante un Reglamento de mayo de 2012, los motivos de su inscripción fueron modificados de la siguiente manera: «Presta apoyo económico al aparato represor y a los grupos paramilitares que ejercen la violencia contra la población civil en Siria; facilita inmuebles (locales, almacenes) que se utilizan como centros de detención improvisados; relaciones económicas con altos funcionarios sirios».

Los Sres. Makhlouf y Anbouba interpusieron recursos ante el Tribunal General a fin de que se anularan las decisiones y reglamentos que les incluían en la lista.

Por la sentencia de hoy, el Tribunal General desestima los recursos.

El Tribunal General declara que el Consejo no ha vulnerado el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva de estas dos personas al adoptar las medidas de que se trata. El Tribunal General señala que, tras la inclusión de cada uno de ellos en la lista, el Consejo publicó un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea informándoles de su inclusión e indicándoles la posibilidad de presentar sus observaciones al Consejo. El hecho de que dicha comunicación se efectuara después de la primera inclusión en la lista no puede considerarse en sí como una vulneración del derecho de defensa. Efectivamente, tal comunicación previa de los motivos podría poner en peligro la eficacia de las medidas de congelación de fondos y de recursos económicos que deben poder beneficiarse, por su propia naturaleza, del efecto sorpresa y aplicarse con efecto inmediato. En ambos casos, está claro que estas dos personas pudieron defenderse eficazmente contra los actos de que se trata ya que interpusieron recursos de anulación ante el Tribunal General en los plazos establecidos.

El Tribunal General señala igualmente que el Consejo respetó su obligación de motivación. En los actos impugnados, el Consejo expone claramente los motivos generales de la adopción de las medidas restrictivas contra Siria. Por otro lado, en la Decisión de septiembre de 2011, el Consejo expone el contexto general que le llevó a extender el ámbito de aplicación de dichas medidas a las personas que prestan apoyo al régimen sirio. A nivel individual, las indicaciones dadas por el Consejo al incluir por primera vez a cada una de dichas personas en la lista les permitieron impugnar útilmente la procedencia de esos actos.

En siguiente lugar, por lo que respecta al Sr. Anbouba, el Tribunal General estima que el Consejo podía presumir legítimamente que, dada su calidad de prominente hombre de negocios en Siria, prestaba apoyo al régimen sirio. El Tribunal General declara que, habida cuenta de la naturaleza autoritaria del régimen sirio y del estrecho control ejercido por parte del Estado sobre la economía siria, el Consejo podía considerar, acertadamente, que las actividades de uno de los principales hombres de negocios de Siria, activo en numerosos sectores, no podrían haber prosperado a menos que éste se haya beneficiado de los favores del régimen y le haya prestado a cambio un cierto apoyo. Dada la importancia y la naturaleza de los objetivos perseguidos por las medidas en cuestión, que consisten, en particular, en acabar con la represión ejercida por el presidente sirio Bashar Al Assad y su régimen contra su propia población, dicha presunción resulta proporcionada.

Finalmente, el Tribunal General considera que ni el Sr. Makhlouf ni el Sr. Anbouba han aportado elementos probatorios que permitan establecer que el Consejo haya cometido un error manifiesto de apreciación al considerar que prestan apoyo al régimen sirio.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal General.

El texto íntegro de las sentencias T-383/11, T‑563/11 y T‑592/11 se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667


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