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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 163/12

Luxemburgo, 11 de diciembre de 2012

Conclusiones del Abogado General en los asuntos acumulados C‑274/11 y C‑295/11

España e Italia / Consejo

El Abogado General Bot propone al Tribunal de Justicia que desestime el recurso interpuesto por España e Italia contra la Decisión del Consejo por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la patente unitaria

La finalidad de las cooperaciones reforzadas será impulsar los objetivos de la Unión, proteger sus intereses y reforzar su proceso de integración. La decisión de autorizar una cooperación reforzada será adoptada por el Consejo como último recurso, cuando haya llegado a la conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto. 1 Dicha decisión será adoptada por el Consejo a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento.

Mediante Decisión adoptada en 2011, 2 el Consejo autorizó una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria entre 25 Estados miembros (de los 27 Estados miembros de la Unión), dado que España e Italia no quisieron participar. Esta cooperación tiene por objeto el establecimiento de disposiciones de autorización, coordinación y supervisión centralizadas a escala de la Unión.

España e Italia solicitan al Tribunal de Justicia que anule la Decisión del Consejo alegando su invalidez por varios motivos.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Sr. Yves Bot responde a las alegaciones formuladas por esos dos Estados.

Tras precisar que el Tribunal de Justicia ha de pronunciarse por primera vez sobre la legalidad de la decisión de una cooperación de este tipo, el Abogado General recuerda que, en virtud del principio de separación de poderes, el Tribunal de Justicia sólo puede realizar un control restringido de las medidas legislativas adoptadas por el Consejo. En efecto, corresponde a las instituciones afectadas apreciar los efectos de la cooperación reforzada sobre la base de numerosos factores, ponderar los diferentes intereses en juego y tomar decisiones políticas en sus ámbitos de responsabilidad. Por tanto, el Tribunal de Justicia debe limitarse a controlar si el Consejo, al ejercer esta libertad de elección, ha incurrido en un error manifiesto o en desviación de poder o si ha rebasado manifiestamente los límites de su facultad de apreciación.

El Abogado General responde, en primer lugar, a la alegación de que el Consejo carecía de competencia para adoptar su decisión, en la medida en que la creación de una patente unitaria está comprendida en el ámbito de las competencias exclusivas de la Unión, concretamente el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior. Los Estados miembros sólo pueden establecer una cooperación reforzada en las materias en las que la Unión no tiene competencia exclusiva. 3 El Abogado General considera que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece una lista exhaustiva de los ámbitos en los que la Unión tiene competencia exclusiva. Además, la creación de un título europeo de propiedad intelectual es una materia comprendida en el ámbito del mercado interior. Aunque es cierto que los derechos derivados de una patente afectan a los intercambios y a las relaciones de competencia en el seno del mercado interior, esta constatación no basta para convertirla en un título comprendido en las normas sobre competencia. Por tanto, el Abogado General considera que el TFUE establece una base jurídica adecuada para la creación de títulos de propiedad intelectual en el marco del establecimiento y funcionamiento del mercado interior, ámbito en el que la Unión y los Estados miembros tienen competencia compartida.

El Abogado General examina, a continuación, el motivo basado en la presunta desviación de poder del Consejo. Recuerda que las cooperaciones reforzadas pretenden impulsar los objetivos de la Unión, proteger sus intereses y reforzar su proceso de integración. El establecimiento de tal mecanismo para la patente unitaria se debe a la heterogeneidad cada vez mayor de los Estados miembros y de sus intereses o necesidades específicos. Por tanto, al comprobar, en un primer momento, la falta de unanimidad respecto al régimen lingüístico de la patente unitaria y al decidir, en un segundo momento, hacer frente a ese bloqueo estableciendo una cooperación reforzada, el Consejo se limitó a utilizar un instrumento del que dispone de conformidad con las disposiciones del Tratado.

En respuesta a la presunta violación del sistema judicial de la Unión, el Abogado General recuerda que, mediante los dos recursos de anulación, se solicita al Tribunal de Justicia que verifique si se han cumplido los requisitos de validez para el establecimiento de la cooperación reforzada. Señala que la creación de un sistema judicial específico para las patentes unitarias 4 no forma parte de los requisitos exigidos por los Tratados para la instauración de una cooperación reforzada. La autorización otorgada por el Consejo para el establecimiento de una cooperación reforzada sólo es la premisa para la adopción de otros actos legislativos que deberán desarrollar concretamente dicha cooperación reforzada.

El Abogado General señala que la cooperación reforzada sólo puede autorizarse «como último recurso», cuando los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto. Constata que los Tratados no definen ni el requisito de último recurso ni el concepto de plazo razonable. En su opinión, para que se cumpla este requisito no es necesario que se haya rechazado una propuesta legislativa, basta con que se compruebe que existe un verdadero bloqueo que pueda manifestarse en todos los niveles del proceso legislativo y que pruebe la imposibilidad de llegar a una solución de compromiso. La cooperación reforzada es, por tanto, un instrumento utilizado como último recurso cuando ha quedado acreditado que no podrá llegarse a ninguna solución de compromiso mediante el procedimiento legislativo ordinario. El Abogado General considera que el Consejo, que conoce todos los pormenores del proceso legislativo, el contenido de los debates realizados y las situaciones de estancamiento, sigue siendo la institución más capacitada para apreciar si va a ser posible llegar a un acuerdo en su seno en cierto plazo. Por tanto, el Consejo dispone de una amplia facultad de apreciación para determinar si se ha acudido a la cooperación reforzada como último recurso y si los objetivos perseguidos por ella no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto. En consecuencia, el Tribunal de Justicia debe limitarse a comprobar si el Consejo examinó detenidamente y con imparcialidad todos los elementos pertinentes. El Abogado General considera que el Consejo no ha incurrido en un error manifiesto de apreciación porque, tras años de debates infructuosos, 5 no era capaz de lograr la unanimidad ni, por tanto, de llegar a una acción con la participación de todos los Estados miembros. En consecuencia, el Abogado General considera que debe desestimarse por infundado el motivo basado en el incumplimiento del requisito de que la cooperación reforzada sea el último recurso.

El Abogado General se pronuncia, a continuación, sobre las alegaciones relativas al perjuicio al mercado interior y a la cohesión económica, social y territorial, al obstáculo y la discriminación para los intercambios entre Estados miembros, y a las presuntas distorsiones de competencia. Recuerda que la Decisión por la que se autoriza el establecimiento de una cooperación reforzada define el marco procedimental en el que se adoptarán posteriormente otros actos. Por tanto, el control judicial de dicha Decisión de autorización no puede confundirse con el de los actos adoptados, posteriormente, sobre la base de dicha cooperación reforzada. Aunque el Consejo haya esbozado efectivamente en la Decisión impugnada lo que podría ser el régimen lingüístico de la patente unitaria, la cuestión de dicho régimen lingüístico no es una condición que determine la validez de la Decisión de autorización de una cooperación reforzada. Esta cuestión deberá ser abordada posteriormente y ser objeto de un acto separado adoptado por unanimidad por los Estados miembros participantes. El Tribunal de Justicia podrá realizar un control judicial de ese acto en el contexto de un eventual recurso interpuesto contra el mismo. Por tanto, el Abogado General considera que la apreciación del Consejo no adolece de un error manifiesto. Por el contrario, considera que un mecanismo destinado a crear una patente unitaria que entrañe una protección uniforme en el territorio de varios Estados miembros contribuye al desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, dado que disminuirá las disparidades existentes entre esos Estados miembros. Además, todas las empresas podrían disfrutar de tal patente, dado que el lugar de origen del solicitante de la patente unitaria es indiferente para su obtención.

Finalmente, en cuanto al presunto incumplimiento de la obligación de respetar las competencias, los derechos y las obligaciones de los Estados miembros que no participan en la cooperación reforzada (según el Gobierno español, que se basa en la Propuesta de Reglamento por el que se establece la cooperación reforzada, el régimen lingüístico contemplado obligaría al Estado miembro que no participe en ella a renunciar a la traducción del fascículo de la patente en su lengua, al no poder producir tal traducción efectos jurídicos en el territorio de ese Estado), el Abogado General estima que la cuestión de dicho régimen lingüístico no es una condición que determine la validez de la decisión de autorización de una cooperación reforzada.

En consecuencia, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que desestime todos los motivos invocados por España e Italia y, por tanto, que desestime los dos recursos.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

Las imágenes de lectura de las conclusiones se encuentran disponibles en

«Europe by Satellite».  (+32) 2 2964106

1 :

Artículo 20, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE).

2 :

Decisión 2011/167/UE del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria (DO L 76, p. 53).

3 :

Artículo 20 TUE, apartado 1.

4 :

Recuérdese que, mediante su dictamen 1/09, de 8 de marzo de 2011, el Tribunal de Justicia declaró que el proyecto de acuerdo para la creación de un Tribunal europeo y comunitario de patentes no es compatible con el Derecho de la Unión (véase también el Comunicado de Prensa nº 17/11).

5 :

La Comisión presentó una primera Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria en 2000. En 2001 el Consejo reanudó el debate y lo mantuvo hasta 2004, prestando una especial atención al régimen lingüístico, pero no se llegó a un acuerdo unánime. En 2008 se reanudaron los debates y se presentó una Propuesta revisada de Reglamento. En 2010 la Comisión adoptó una Propuesta de Reglamento del Consejo sobre las disposiciones relativas a la traducción, pero la existencia de dificultades insuperables impidió que se lograra la unanimidad.


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