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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 147/12

Luxemburgo, 15 de noviembre de 2012

Sentencia en los asuntos acumulados C‑539/10 P

Stichting Al-Aqsa / Consejo y C‑550/10 P Países Bajos / Al-Aqsa

El Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General que cancelaba la inclusión de Al-Aqsa en la lista de personas y entidades cuyos activos deben ser congelados

Las medidas adoptadas por el Consejo contra Al-Aqsa respetan el Derecho de la Unión en materia de lucha contra el terrorismo

La fundación neerlandesa Al-Aqsa impugna ante los tribunales, desde 2003, su inclusión y su mantenimiento en la lista, elaborada por el Consejo, de personas y entidades cuyos activos deben ser congelados en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. Una primera serie de decisiones del Consejo, a través de las cuales éste había incluido y, posteriormente, mantenido a Al-Aqsa en esa lista, fue anulada mediante una sentencia del Tribunal General de 2007 por defecto de motivación. 1 Una segunda serie de medidas del Consejo referidas a los años 2007 a 2009 fue anulada por una sentencia del Tribunal General de 2010 al considerar que los Países Bajos habían derogado la resolución por la que se adoptaban sanciones en materia de terrorismo (Sanctieregeling) contra Al-Aqsa, la cual constituía, en último término, el fundamento de las medidas del Consejo, ya que la inclusión y el mantenimiento en la lista presuponen, en particular, que se haya iniciado una investigación o un proceso nacional o se haya impuesto una sanción al interesado a causa de un acto terrorista. 2

Mediante sendos recursos de casación interpuestos por la Stichting Al-Aqsa (asunto C‑539/10 P) y los Países Bajos (asunto C‑550/10 P) contra esta última sentencia del Tribunal General, se solicita al Tribunal de Justicia que analice los requisitos de la congelación de fondos.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara, en primer lugar, la inadmisibilidad del recurso de casación de Al-Aqsa en el asunto C‑539/10 P, ya que únicamente persigue la modificación de determinados fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida.

Por lo que respecta al recurso de casación de los Países Bajos en el asunto C‑550/10 P, el Tribunal de Justicia aprecia que el Tribunal General ha incurrido en un error de Derecho al estimar que, tras la derogación de la Sanctieregeling, había dejado de existir un «sustrato» en el Derecho nacional que justificaba el mantenimiento de Al-Aqsa en la lista, sin tomar debidamente en consideración el motivo de tal derogación. En efecto, esta derogación tenía la única finalidad de evitar un solapamiento entre la medida nacional de congelación de fondos, impuesta por la Sanctieregeling, y la medida de congelación de fondos decidida en el ámbito de la Unión mediante el Reglamento nº 2580/2001 3 a raíz de la inclusión de Al-Aqsa en la lista. Así, esta derogación tenía como único objetivo cumplir el TFUE, el cual establece que el Reglamento de la Unión será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, lo cual excluye, en principio, que se adopten o mantengan disposiciones nacionales paralelas. En consecuencia, el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General.

Además de anular esta sentencia, el propio Tribunal de Justicia resuelve definitivamente el recurso inicialmente interpuesto por Al-Aqsa ante el Tribunal General tendente a la anulación de las decisiones del Consejo sobre la congelación de fondos.

El Tribunal de Justicia aprecia, en primer lugar, que el Consejo disponía de informaciones concretas y de elementos del expediente que demuestran que una autoridad neerlandesa competente adoptó una decisión contra Al-Aqsa que cumple los requisitos exigidos por el Derecho de la UE. En este contexto, el Tribunal de Justicia destaca que, con arreglo al Derecho de la Unión, tal referencia a la decisión nacional implica que existen pruebas serias y creíbles de la implicación de la persona en actividades terroristas consideradas fiables por las autoridades nacionales competentes. Por otra parte, el Consejo pudo considerar, sin incurrir en un error de apreciación, que Al-Aqsa tenía conocimiento de que su actividad de recaudación y puesta a disposición de fondos contribuía a la realización de actividades terroristas.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia considera que el Consejo no ha incumplido su deber de proceder a una revisión para comprobar si siguen concurriendo los motivos que justificaron las decisiones de congelación de fondos. Así, declara que la derogación de la Sanctieregeling no basta para considerar incompatible con el Derecho de la Unión el mantenimiento de Al-Aqsa en la lista. En efecto, no existen indicios que hubieran podido llevar al Consejo a considerar que Al-Aqsa había suspendido o interrumpido su colaboración en la financiación de actividades terroristas, y ello con independencia de que la congelación de sus fondos hiciera difícil, o incluso imposible, continuar esa colaboración.

El Tribunal de Justicia estima que las decisiones del Consejo no lesionan el derecho de propiedad de Al-Aqsa. El Tribunal de Justicia recuerda a este respecto que el derecho de propiedad no goza, en el Derecho de la Unión, de una protección absoluta, ya que pueden imponerse restricciones al ejercicio de este derecho, siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Unión y no constituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados. Dado que la congelación de fondos constituye una medida cautelar, no pretende privar de su propiedad a las personas afectadas. Puesto que las medidas alternativas y menos restrictivas mencionadas por Al-Aqsa –como un sistema de autorización previa o una obligación de justificación a posteriori del uso de los fondos transferidos– no permiten alcanzar de forma tan eficaz el objetivo perseguido por la Unión, esto es, la lucha contra la financiación del terrorismo, las restricciones del derecho de propiedad de Al-Aqsa impuestas por el Consejo son necesarias. Asimismo, en atención a la importancia de esta lucha, estas restricciones no resultan desproporcionadas en relación con los objetivos perseguidos.

Por último, el Tribunal de Justicia rechaza la alegación de Al-Aqsa según la cual la decisión del Consejo no cumple el deber de motivación impuesto por el Derecho de la UE. En efecto, no hay indicios de que, tras la adopción de la Sanctieregeling, la situación fáctica o la apreciación de ésta por parte de las autoridades nacionales neerlandesas hubiera cambiado por lo que respecta a la implicación de Al-Aqsa en la financiación de actividades terroristas. En estas circunstancias, no era necesario exponer con más detalle las razones por las que el Consejo estaba convencido de que seguían existiendo los motivos que justificaron la inclusión de Al-Aqsa en la lista controvertida.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia desestima el recurso inicialmente interpuesto por la Stichting Al-Aqsa.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

1 :

Sentencia del Tribunal General de 11 de julio de 2007, Al-Aqsa/Consejo (T‑327/03), véase, igualmente, CP nº 47/07.

2 :

Sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2010, Al-Aqsa/Consejo (T‑348/07), véase, igualmente, CP nº 81/10.

3 :

Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (DO L 344, p. 70, y corrección de errores en DO 2010, L 52, p. 58).


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