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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 146/12

Luxemburgo, 15 de noviembre de 2012

Sentencia en el asunto C‑417/11 P

Consejo de la Unión Europea / Nadiany Bamba

El Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General que anuló los actos de la Unión por los que se congelaron los fondos de la Sra. Bamba

En efecto, el Tribunal de Justicia estima que el Consejo motivó de manera suficiente la inclusión de la Sra. Bamba en la lista de personas que se considera obstaculizan el proceso de paz y reconciliación en Costa de Marfil

En otoño de 2010, se celebraron elecciones presidenciales en Costa de Marfil a cuyo término la ONU certificó la victoria del Sr. Alassane Ouattara. Asimismo, la Unión Europa reconoció la victoria del Sr. Ouattara e instó a todos los dirigentes de Costa de Marfil, tanto civiles como militares, a que se pusieran bajo la autoridad del Presidente elegido democráticamente, a la vez que confirmó su determinación de adoptar sanciones selectivas contra aquellos que obstaculizasen el respeto de la voluntad manifestada soberanamente por el pueblo de Costa de Marfil.

En vista de la gravedad de la situación en Costa de Marfil, el Consejo adoptó medidas restrictivas contra personas que obstaculizaban el proceso de paz y reconciliación nacional y, en particular, que amenazaban el buen término del proceso electoral. Estas medidas restrictivas iban dirigidas a congelar los fondos de dichas personas. Una lista con los nombres de las persona afectadas se acompañó en anexo a los actos que imponen las medidas restrictivas.

La Sra. Nadiany Bamba es de nacionalidad marfileña y, según la información dada por el Consejo durante el procedimiento escrito, la segunda esposa así como uno de los colaboradores más importantes del Sr. Laurent Gbagbo, antiguo presidente de Costa de Marfil. El nombre de la Sra. Bamba se incluyó en la lista en la que figuran los nombres de las personas sujetas a medidas restrictivas.

La Decisión 1 y el Reglamento 2 que proceden a dicha inclusión indican, en sus anexos, en relación con el nombre de la Sra. Bamba: «Directora del grupo Cyclone que edita el periódico Le temps: obstrucción de los procesos de paz y de reconciliación por incitación pública al odio y la violencia y por su participación en campañas de desinformación en relación con la elección presidencial de 2010».

La Sra. Bamba solicitó al Tribunal General que anulase dicha Decisión y dicho Reglamento en la medida en que le afectaban.

Mediante sentencia de 8 de junio de 2011, el Tribunal General anuló los actos que congelaban los fondos de la Sra. Bamba considerando que el Consejo no había motivado de manera suficiente la inclusión de la Sra. Bamba en la lista de personas que se considera obstaculizan el proceso de paz y reconciliación en Costa de Marfil. 3 El Consejo interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia con el fin de obtener la anulación de dicha sentencia.

El Consejo alega, en particular, que la motivación que contienen los actos controvertidos era suficiente. En efecto, el Consejo aportó una descripción detallada de la situación especialmente grave, en Costa de Marfil, que justificó las medidas adoptadas contra determinadas personas y entidades. Asimismo, el Consejo indicó claramente las razones específicas y concretas por las que la Sra. Bamba debía ser sometida a medidas restrictivas.

El Tribunal de Justicia recuerda que, dado que la obligación de motivar constituye el corolario del principio del respeto del derecho de defensa, la motivación debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución que ha adoptado el acto impugnado. El respeto de la citada obligación de motivación es especialmente importante cuando la persona afectada no goza de un derecho de audiencia previo a la adopción de una decisión de congelación de fondos.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia precisa que dicha obligación debe adaptarse a la naturaleza del acto impugnado y al contexto en el cual se adoptó éste. En particular, un acto está suficientemente motivado si tiene lugar en un contexto conocido por la persona afectada que le permite comprender el alcance de la medida adoptada respecto a ella.

En el presente caso, el Tribunal de Justicia considera, por una parte, que el Consejo expuso el contexto general que le había llevado a extender la lista de personas afectadas por las medidas restrictivas establecidas respecto a la República de Costa de Marfil. Dicho contexto general se refería a la gravedad de la situación en Costa de Marfil y a la amenaza específica que suponían para la paz y seguridad internacionales las obstrucciones a los procesos de paz y reconciliación nacional. El Tribunal de Justicia manifiesta que la Sra. Bamba conocía necesariamente este contexto, debido a su posición profesional y personal.

El Tribunal de Justicia estima, por otro lado, en lo que atañe a los motivos por los que el Consejo consideró que debía someterse a la Sra. Bamba a medidas restrictivas, que dicha institución identificó los elementos específicos y concretos –en términos de función ejercida con carácter profesional, de grupo editorial, de periódico y de tipos de actos y de campañas de prensa mencionadas– que reflejan una implicación de la interesada en la obstrucción de los procesos de paz y de reconciliación en Costa de Marfil.

El Tribunal de Justicia precisa que el control del cumplimiento de la obligación de motivación, pretende comprobar si las indicaciones aportadas por el Consejo en los actos impugnados eran suficientes para permitir conocer las razones que le llevaron a imponer medidas restrictivas respecto a la Sra. Bamba. Este control debe distinguirse del control de legalidad en cuanto al fondo de dichos actos, que consiste en comprobar si los elementos invocados por el Consejo estaban acreditados adecuadamente y si podían justificar la adopción de las medidas en cuestión.

Por ello, el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General y desestima el recurso de la Sra. Bamba.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

1 :

Decisión 2011/18/PESC del Consejo, de 14 de enero de 2011, que modifica la Decisión 2010/656/PESC del Consejo, por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Costa de Marfil (DO L 11, p. 36).

2 :

Reglamento (UE) nº 25/2011 del Consejo, de 14 de enero de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 560/2005 del Consejo, por el que se imponen algunas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil (DO L 11, p. 1).

3 :

Sentencia del Tribunal General de 8 de junio de 2011, Nadiany Bamba/Consejo (T-86/11), véase también CP nº 53/11.


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