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El Abogado General Sr. Cruz Villalón propone al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General por la que éste condenó a la Comisión a abonar a Systran una indemnización a tanto alzado de 12 millones de euros como reparación del perjuicio material sufrido por esta sociedad

Court of Justice - CJE/12/145   15/11/2012

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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 145/12

Luxemburgo, 15 de noviembre de 2012

Conclusiones del Abogado General en el asunto C‑103/11 P

Comisión / Systran SA y Systran Luxembourg SA

El Abogado General Sr. Cruz Villalón propone al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General por la que éste condenó a la Comisión a abonar a Systran una indemnización a tanto alzado de 12 millones de euros como reparación del perjuicio material sufrido por esta sociedad

El Tribunal General debería haber declinado su competencia e instado a las partes a acudir a los órganos jurisdiccionales nacionales competentes designados por los contratos sucesivos celebrados entre el grupo Systran y la Comisión

El 22 de diciembre de 1975, la Comisión celebró con la sociedad americana World Translation Center Inc (WTC) un primer contrato relativo a la instalación y desarrollo de un programa de traducción automática (inglés-francés) denominado Systran (SYStem TRANslation), creado por dicha sociedad en 1968. Las relaciones entre la Comisión y WTC, ulteriormente adquirida por la sociedad Gachot que luego pasaría a ser Systran SA, prosiguieron después, entre 1976 y 1987, dando lugar a la realización de un sistema de traducción automática, que funcionaba en el entorno Mainframe, denominado «EC‑Systran Mainframe», compuesto de un núcleo, de rutinas lingüísticas y de diccionarios para nueve pares de lenguas de la Unión Europea.

El 4 de agosto de 1987, Systran y la Comisión celebraron un «contrato de colaboración» relativo a la organización en común del desarrollo y la mejora del sistema de traducción Systran para las lenguas oficiales, actuales y futuras, de la Comunidad, así como a su aplicación. La Comisión puso término a dicho contrato el 11 de diciembre de 1991.

El 22 de diciembre de 1997, Systran y la Comisión celebraron el primero de cuatro contratos sucesivos de migración, que tenían por objeto permitir al programa EC‑Systran Mainframe funcionar en los entornos Unix y Windows.

El 4 de octubre de 2003, la Comisión publicó un anuncio de licitación para el mantenimiento y mejora lingüística de su sistema de traducción automática. Sin embargo, mediante correo de 31 de octubre de 2003, Systran indicó a la Comisión que los trabajos contemplados en el anuncio de licitación podían vulnerar sus derechos de propiedad intelectual y le pidió que se pronunciase a ese respecto. Asimismo, Systran precisaba que, en esas condiciones, no podía responder al anuncio de licitación. Mediante correo de 17 de noviembre de 2003, la Comisión respondió que creía que los trabajos previstos no vulneraban los derechos de propiedad intelectual de Systran. A raíz de este anuncio de licitación, dos de los ocho lotes que formaban parte de este último fueron adjudicados a la sociedad belga Gosselies SA.

Al considerar que, a raíz de la adjudicación de la licitación, la Comisión había divulgado ilegalmente su «know-how» a un tercero y había incurrido en un acto de vulneración de los derechos de propiedad intelectual cuando el adjudicatario del contrato realizó desarrollos no autorizados de la versión EC‑Systran Unix, el grupo Systran ejercitó una acción de indemnización contra la Comisión ante el Tribunal General.

Mediante sentencia dictada en 2010, 1 el Tribunal General declaró que el litigio no tenía carácter contractual y que, por tanto, era competente para conocer de dicho litigio. Si bien el Tribunal General desestimó las pretensiones por lo que atañe a la filial Systran Luxembourg, en cambio, reconoció que el comportamiento de la Comisión había causado a Systran un perjuicio material por la pérdida de valor de sus activos inmateriales (es decir, la pérdida de valor de sus derechos de propiedad intelectual), evaluado a tanto alzado en 12 millones de euros, y un perjuicio moral evaluado en 1.000 euros.

La Comisión interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia con el fin de que se anulase dicha sentencia. Con carácter principal, la Comisión alega que el litigio entre ella y Systran y su filial no es un litigio en materia de responsabilidad extracontractual sino en materia de responsabilidad contractual, habida cuenta de los diferentes contratos que celebró con las referidas sociedades entre 1975 y 2002 y de otros documentos contractuales (como determinados intercambios de correspondencia y cartas de compromiso). Por tanto, a su entender, el Tribunal General incurrió en un error de apreciación de la naturaleza jurídica del litigio e infringió, por consiguiente, sus propias reglas de competencia. Asimismo, la Comisión considera que el Tribunal General incurrió en varios errores de Derecho al concluir que existía una responsabilidad extracontractual de la Unión y que Systran tenía derecho a ser indemnizada.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Sr. Cruz Villalón propone al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General.

El Abogado General estima que este litigio debe ser prioritariamente examinado y eventualmente dirimido por los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, de conformidad con los contratos de que se trata y con las leyes aplicables a estos últimos.

En efecto, la forma de proceder del Tribunal General le llevó a incurrir en un error de Derecho en su examen de las relaciones establecidas por la Comisión, en un contexto contractual muy marcado, con las diferentes sociedades del grupo Systran que desarrollaron o contribuyeron al desarrollo de las diferentes versiones del programa Systran. Por tanto, el Tribunal General erró al declararse competente para conocer de la acción de indemnización por el perjuicio supuestamente causado a Systran por el comportamiento de la Comisión.

Por consiguiente, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que declare que el Tribunal General debía declinar su competencia 2 e instar a las partes a acudir a los órganos jurisdiccionales nacionales competentes designados de común acuerdo para que, con arreglo a los contratos y a la ley aplicable a estos últimos y en la medida en que resulte pertinente, dichos órganos se pronuncien sobre el alcance de sus derechos y obligaciones respectivos y sobre la existencia de eventuales incumplimientos contractuales y la eventual responsabilidad contractual de la Unión.

Desde este punto de vista, el Abogado General subraya de manera general que la evaluación de los derechos y obligaciones respectivos de las partes del litigio implica, en particular, un examen preciso y pormenorizado de la naturaleza, el objeto y la finalidad de los diferentes contratos de que se trata y de las principales estipulaciones contractuales acordadas, a la luz tanto del Derecho aplicable a dichos contratos como de los usos de la profesión, que tenga en cuenta el conjunto de circunstancias pertinentes y, en particular, el principio de cumplimiento de buena fe de los contratos y las obligaciones de lealtad, ponderación y colaboración que incumben a las partes.

Sin embargo, para el caso de que el Tribunal de Justicia no siguiese sus conclusiones y declarase que el Tribunal General era competente, el Abogado General sugiere al Tribunal de Justicia que acoja algunas de las imputaciones formuladas por la Comisión y devuelva el asunto al Tribunal General. En particular, se trata de la alegación según la cual el Tribunal General incurrió en un error al declarar que la Directiva 3 sobre los derechos de autor, por lo que atañe a los actos no sujetos a autorización del titular del derecho, sólo puede aplicarse a los trabajos realizados por el adquirente legítimo del programa y no a los trabajos encargados a un tercero por este adquirente (artículo 5).

La Comisión también acertó cuando alegó que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al concluir que existía una relación de causalidad sin haber examinado si Systran había dado pruebas de haber adoptado una diligencia razonable para evitar o limitar su perjuicio.

Asimismo, el Abogado General señala que los elementos tenidos en cuenta por el Tribunal General no le permitían a éste constatar la existencia de una relación suficientemente directa e inmediata de causa a efecto entre el comportamiento de la Comisión denunciado y los diferentes componentes del perjuicio invocado por las sociedades.

Finalmente, también sería fundada la falta de motivación de la evaluación del importe complementario de 5 millones de euros invocada por la Comisión.

Por consiguiente, con carácter principal, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General y dirima él mismo el litigio declarando inadmisble la acción de responsabilidad extracontractual ejercitada por Systran y su filial. Con carácter subsidiario, propone al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General y devuelva el asunto a este último.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

1 :

Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2010, Systran SA y Systran Luxembourg SA/Comisión (T‑19/07), véase también CP nº 123/10

2 :

Basada en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafos segundo y tercero.

3 :

Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO L 122, p. 42). Dicha Directiva, modificada en su contenido por la Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (DO L 290, p. 9), fue codificada por la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO L 111, p. 16). Sin embargo, esta última Directiva, habida cuenta de la fecha de los hechos del presente asunto, no es aplicable ratione temporis.


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