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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 144/12

Luxemburgo, 13 de noviembre de 2012

Sentencia en el asunto C‑35/11

Test Claimants in the FII Group Litigation / Commissioners of Inland Revenue y The Commissioners for Her Majestys Revenue & Customs

La aplicación del método de imputación a los dividendos de origen extranjero prevista en el régimen tributario británico no garantiza un tratamiento fiscal equivalente al resultante de la aplicación del método de exención a los dividendos de origen nacional

El Tribunal de Justicia precisa asimismo el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales

En el Reino Unido, cuando una sociedad residente percibe dividendos de origen nacional, no está sujeta al impuesto sobre sociedades por dichos dividendos (método de exención). En cambio, cuando una sociedad residente percibe dividendos de una sociedad no residente, está sujeta al impuesto sobre sociedades por dichos dividendos. No obstante, puede imputar a esta carga fiscal el impuesto que la sociedad que distribuye beneficios ha pagado ya en su país de residencia por los beneficios así distribuidos (método de imputación).

Unas sociedades establecidas en el Reino Unido y que percibieron dividendos de filiales residentes en otro Estado cuestionan ante los tribunales británicos la compatibilidad con el Derecho de la Unión del tratamiento fiscal que la normativa británica reserva a los dividendos de origen extranjero. Sostienen que la legislación nacional conduce a un tratamiento fiscal menos ventajoso para las sociedades residentes que tengan filiales en otros Estados.

A petición de la High Court (Reino Unido), el Tribunal de Justicia ya examinó, en 2006, la legislación británica en cuestión y consideró que era contraria al Derecho de la Unión en varios aspectos. 1 En el presente asunto, el tribunal británico solicita al Tribunal de Justicia que aclare dicha jurisprudencia sentada en 2006.

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que el Derecho de la Unión permite en principio que un Estado miembro aplique el método de exención a los dividendos de origen nacional y el método de imputación a los dividendos de origen extranjero. En general, cabe considerar que estos dos métodos son equivalentes. Sin embargo, el Tribunal de Justicia precisa que esta equivalencia puede verse comprometida. En el caso de un reparto de dividendos de origen nacional, éstos están exentos del impuesto sobre sociedades por lo que respecta a la sociedad beneficiaria con independencia del impuesto efectivamente pagado por la sociedad que distribuye beneficios. Por el contrario, en el caso de un reparto de dividendos de origen extranjero, el crédito fiscal del que disfruta la sociedad beneficiaria de los dividendos por aplicación del método de imputación se determina teniendo en cuenta el nivel efectivo de tributación de los beneficios en el Estado de origen.

Así, en tal situación, la exención fiscal de los dividendos de origen nacional no da lugar a carga fiscal alguna en sede de la sociedad residente que percibe dichos dividendos, con independencia del nivel efectivo de tributación aplicado a los beneficios con cargo a los cuales se pagaron los dividendos. En cambio, la aplicación del método de imputación a dividendos de origen extranjero conduce a una carga fiscal adicional en sede de la sociedad beneficiaria residente si el nivel efectivo de tributación aplicado a los beneficios de la sociedad que reparte dividendos no alcanza el tipo impositivo nominal al que se sujetan los beneficios de la sociedad residente beneficiaria de los dividendos. Por lo tanto, contrariamente al método de exención, el método de imputación no permite transferir a la sociedad accionista el beneficio de las exenciones de impuesto sobre sociedades concedidas anteriormente a la sociedad que reparte dividendos.

El Tribunal de Justicia señala, no obstante, que la equivalencia de los métodos de exención y de imputación no se rompe de entrada desde el momento en que existen supuestos excepcionales en los que se exoneran dividendos de origen nacional, aun cuando los beneficios con cargo a los cuales se abonaron dichos dividendos no se sujetaron en su integridad a un nivel efectivo de tributación correspondiente al tipo impositivo nominal. Sin embargo, según la información facilitada por la High Court, el nivel efectivo de tributación de los beneficios de las sociedades residentes en el Reino Unido es inferior, en la mayoría de los casos, al tipo impositivo nominal aplicable en dicho Estado miembro. De lo anterior se deriva que la aplicación del método de imputación a los dividendos de origen extranjero, tal y como se establece en la normativa controvertida, no garantiza un tratamiento fiscal equivalente al que resulta de la aplicación del método de exención a los dividendos de origen nacional, de modo que la normativa británica debe calificarse de restricción a la libertad de establecimiento y a los movimientos de capitales prohibida por el TFUE.

En este contexto, el Tribunal de Justicia declara que el objetivo perseguido por la normativa nacional consistente en mantener la coherencia del régimen tributario nacional podía haberse alcanzado mediante medidas menos restrictivas. Señala que la exención fiscal de que disfruta una sociedad residente que percibe dividendos de origen nacional se basa en la hipótesis de gravar al tipo impositivo nominal, en sede de la sociedad que reparte dividendos, los beneficios distribuidos. Por lo tanto, la exención se parece a la concesión de un crédito fiscal calculado con referencia a dicho tipo impositivo nominal, de modo que el legislador británico, a efectos de mantener la coherencia del régimen tributario, podría haber tenido en cuenta, también en el marco del método de imputación, el tipo impositivo nominal aplicable a la sociedad que distribuye beneficios y no el impuesto que ésta haya efectivamente pagado.

El órgano jurisdiccional remitente desea saber, asimismo, si una sociedad residente en un Estado miembro que posee una participación de control en una sociedad establecida en un tercer país puede invocar las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales para cuestionar la conformidad con el Derecho de la Unión del tratamiento fiscal que la legislación de dicho Estado miembro reserva a los dividendos percibidos de tal filial. Según el Tribunal de Justicia, en un contexto relativo al tratamiento fiscal de dividendos originarios de un tercer país, el examen del objeto de la legislación tributaria en cuestión basta para apreciar si ésta se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales. Cuando del objeto de tal legislación nacional se desprende que ésta se destina a aplicarse únicamente a las participaciones que permitan ejercer una influencia real en las decisiones de la sociedad de que se trate y determinar las actividades de ésta, no pueden invocarse ni las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento ni las relativas a la libre circulación de capitales.

En cambio, una normativa nacional relativa al tratamiento fiscal de dividendos de un tercer país, que, al igual que la normativa británica de que se trata, no sea aplicable exclusivamente a las situaciones en las que la sociedad matriz ejerce una influencia determinante en la sociedad que reparte los dividendos, debe apreciarse a la luz de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales. Por lo tanto, una sociedad residente en un Estado miembro, con independencia de la magnitud de la participación que posea en la sociedad que reparte dividendos establecida en un tercer país, puede invocar dichas disposiciones para cuestionar la legalidad de tal normativa.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento.

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

1 :

Sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (C-374/04) y Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04), véase también el CP 96/06.


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