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El adelanto radical en la edad de jubilación de los jueces húngaros constituye una discriminación por motivos de edad injustificada

Court of Justice - CJE/12/139   06/11/2012

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Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 139/12

Luxemburgo, 6 de noviembre de 2012

Sentencia en el asunto C‑286/12

Comisión / Hungría

El adelanto radical en la edad de jubilación de los jueces húngaros constituye una discriminación por motivos de edad injustificada

Esta medida no guarda proporción con los objetivos perseguidos por el legislador húngaro consistentes en uniformizar la edad de jubilación de las profesiones del servicio público y en establecer una estructura por edades más equilibrada en el sector de la justicia

En Hungría, hasta el 31 de diciembre de 2011, los jueces, fiscales y notarios podían permanecer en sus funciones hasta los 70 años de edad. Sin embargo, al haberse modificado la normativa húngara en 2011, desde el 1 de enero de 2012 los jueces y fiscales que han alcanzado la edad general de jubilación, de 62 años, deben cesar en sus funciones. Para los jueces y fiscales que hayan alcanzado esa edad antes del 1 de enero de 2012, la normativa húngara precisa que cesarán en sus funciones el 30 de junio de 2012. Aquellos que alcancen tal edad entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 deben cesar en sus funciones el 31 de diciembre de 2012. A partir del 1 de enero de 2014, los notarios también deberán cesar en el ejercicio de sus funciones el día en que alcancen la edad general de jubilación.

La Comisión interpuso un recurso por incumplimiento contra Hungría, al considerar que un adelanto tan rápido y radical en la edad obligatoria de jubilación constituye una discriminación por motivos de edad prohibida por la Directiva sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, 1 en perjuicio de los jueces, fiscales y notarios que han alcanzado esa edad en relación con los que pueden permanecer en activo.

El Tribunal de Justicia accedió a la solicitud de la Comisión de tramitar este asunto por el procedimiento acelerado, lo que ha permitido una reducción de cinco meses en la duración del procedimiento.

El Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que los jueces, fiscales y notarios que han alcanzado la edad de 62 años están en una situación análoga a la de las personas de menor edad que ejercen esas mismas profesiones. Sin embargo, los primeros, por su edad, se ven obligados a cesar en sus funciones, por lo que están sujetos a un trato menos favorable que el reservado a quienes permanecen en activo. En consecuencia, el Tribunal de Justicia manifiesta que tal situación es constitutiva de una diferencia de trato basada directamente en la edad.

El Tribunal de Justicia recuerda, no obstante, que objetivos legítimos de política social, como los vinculados a las políticas de empleo, del mercado de trabajo o de la formación profesional pueden justificar que se establezcan excepciones al principio de no discriminación por razón de la edad. A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que los objetivos invocados por Hungría, a saber, uniformizar los límites de la edad de jubilación de las profesiones de la función pública y el establecimiento de una estructura por edades más equilibrada que facilite el acceso de los jóvenes juristas a las profesiones concernidas son claramente objetivos de política social.

Sin embargo, por lo que respecta al objetivo de la uniformización, el Tribunal de Justicia señala que antes del 1 de enero de 2012 las personas afectadas por la normativa controvertida podían permanecer en sus funciones hasta los 70 años de edad, lo que les había hecho albergar la esperanza fundada de permanecer en sus funciones hasta esa edad. Ahora bien, la normativa controvertida procedió a un adelanto abrupto y considerable del límite de la edad de cese obligatorio de la actividad, sin prever medidas transitorias para proteger la confianza legítima de tales personas. De este modo, éstas se vieron obligadas a abandonar forzosa y definitivamente el mercado de trabajo sin haber tenido tiempo de tomar las medidas, en particular de naturaleza económica y financiera, que tal situación requiere. A este respecto, el Tribunal de Justicia indica que, por una parte, la pensión de jubilación de estas personas es, como mínimo, un 30 % inferior a su remuneración y, por otra parte, el cese de la actividad no tiene en cuenta los períodos de cotización, por lo que no está garantizado el derecho a una pensión completa.

A continuación, el Tribunal de Justicia pone de manifiesto la existencia de una contradicción entre el adelanto inmediato en ocho años de la edad de jubilación para esas profesiones, sin prever un escalonamiento gradual de tal modificación, y el retraso en tres años de la edad de jubilación para el régimen general de las pensiones (es decir, el paso de 62 a 65 años), que debe efectuarse a partir de 2014 en un período de ocho años. Esta contradicción sugiere que los intereses de los afectados por el descenso del límite de la edad no fueron tenidos en cuenta de la misma manera que los de los demás empleados de la función pública, para los que el límite de la edad ascendió.

En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia concluye que el adelanto radical en ocho años de la edad de jubilación de las profesiones concernidas no es una medida necesaria para alcanzar el objetivo consistente en uniformizar la edad de jubilación de las profesiones del servicio público.

Por último, el Tribunal de Justicia examina el objetivo invocado por Hungría consistente en establecer una estructura por edades más equilibrada. A este respecto, a la vez que reconoce que la normativa nacional puede facilitar a corto plazo el acceso de jóvenes juristas a las profesiones concernidas, el Tribunal de Justicia señala, sin embargo, que los efectos inmediatos esperados, aparentemente positivos, pueden poner en cuestión la posibilidad de alcanzar una «estructura por edades» realmente equilibrada a medio y largo plazo. En efecto, si bien es cierto que la renovación del personal de las profesiones concernidas estará sujeta a una aceleración muy significativa durante 2012, al ser sustituidos ocho niveles de edad por uno sólo (el de 2012), este ritmo de rotación sufrirá una ralentización igualmente radical en 2013, cuando solo deba ser remplazado un nivel de edad. Además, tal ritmo de rotación será cada vez más lento, a medida que el límite de la edad de cese obligatorio de la actividad ascienda progresivamente de 62 a 65 años, lo que degrada propiamente las posibilidades de que jóvenes juristas accedan a las profesiones de la justicia. De ello se deduce que la normativa nacional controvertida no es adecuada para lograr el objetivo perseguido consistente en establecer una «estructura por edades» más equilibrada.

El Tribunal constata que la normativa nacional que establece una diferencia de trato que, o bien no es adecuada, o bien no es necesaria para lograr los objetivos perseguidos, no respeta el principio de proporcionalidad. El Tribunal de Justicia concluye que Hungría ha incumplido sus obligaciones derivadas de la Directiva.

NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Amaranta Amador Bernal (+352) 4303 3667

Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en
«
Europe by Satellite» (+32) 2 2964106

1 :

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16).


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