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Más justicia, libertad y seguridad

Entre las grandes prioridades de la Unión Europea figura la de crear un espacio de justicia, libertad y seguridad.

El Tratado de Lisboa introduce cambios importantes en las actuales normas europeas sobre libertad, seguridad y justicia y facilita una actuación más amplia, legítima, eficaz, transparente y democrática de la UE en este campo.

Antes de su entrada en vigor, las decisiones importantes en esta materia debían adoptarse por unanimidad en el Consejo; al Parlamento y el Tribunal de Justicia Europeos les correspondía un papel menor.

El Tratado de Lisboa supone mayor democracia y transparencia: un conjunto uniforme de disposiciones jurídicas se adopta ahora en un proceso en el que el Parlamento Europeo, como colegislador (procedimiento de codecisión), desempeña un papel más relevante. Además, se extiende el principio de mayoría cualificada en el Consejo.

La actuación de la UE con respecto a la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada al suprimirse la distinción entre diferentes ámbitos políticos (los denominados "pilares") que antes caracterizaba a la estructura institucional.

No obstante, los Estados miembros mantienen la posibilidad de emprender iniciativas legislativas sobre cooperación policial operativa, justicia penal y cooperación administrativa (siempre y cuando las respalde una cuarta parte del total de países). La Comisión Europea asume plenamente su papel como guardiana de los Tratados y como garante, junto al Tribunal de Justicia Europeo, de la correcta aplicación de todas las decisiones.

Los Parlamentos nacionales participan de manera más activa en el examen y la elaboración de dictámenes sobre temas de justicia, libertad y seguridad.

El Tratado de Lisboa garantiza las libertades y los principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyas disposiciones pasan a ser jurídicamente vinculantes. Por su parte, el Tribunal de Justicia obtiene más poderes para asegurar la correcta aplicación de la Carta.

Todos estos cambios contribuyen a un proceso decisorio más amplio, legítimo, eficaz, transparente y democrático para el espacio común de libertad, seguridad y justicia, y ponen fin a los repetidos bloqueos de propuestas a que daba lugar el principio de unanimidad.

Es de señalar, no obstante, que tres Estados miembros han juzgado necesario negociar o prorrogar ciertas disposiciones particulares sobre aspectos concretos de justicia, libertad y seguridad para mantener algunos puntos de sus normativas nacionales.

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