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Una Europa más democrática y transparente

El funcionamiento de la UE se rige por tres principios democráticos:

  • Igualdad democrática: las instituciones europeas deben atender por igual a todos los ciudadanos
  • Democracia representativa: un mayor papel del Parlamento Europeo y mayor participación de los Parlamentos nacionales
  • Democracia participativa: nuevos mecanismos de interacción entre los ciudadanos y las instituciones, tales como la iniciativa ciudadana.

Además, quedan más claras las relaciones entre los Estados miembros y la Unión Europea.

Mayor poder para el Parlamento Europeo

Los diputados del Parlamento Europeo, elegidos por sufragio universal directo cada cinco años, representan a los ciudadanos de los Estados miembros. Las competencias de la Eurocámara han ido ampliándose poco a poco Con cada nuevo Tratado. El de Lisboa no es una excepción, pues le confiere más poderes legislativos, presupuestarios y en materia de acuerdos internacionales.

En materia legislativa, el procedimiento de codecisión (que pasa a llamarse "procedimiento legislativo ordinario") se amplía a otros campos. Eso significa que, en una serie de áreas en las que antes a lo sumo se le consultaba, el Parlamento tendrá tanto poder legislador como el Consejo. Entre ellas figuran la inmigración legal, la cooperación judicial penal (Eurojust, prevención de la delincuencia, aproximación de las normas penales, infracciones y sanciones), la cooperación policial (Europol) y determinados aspectos de política comercial o agrícola. De este modo, el Parlamento Europeo intervendrá en casi todos los procesos legislativos.

En materia presupuestaria, el nuevo Tratado incorpora la práctica establecida del marco financiero plurianual, que debe contar con la preceptiva aprobación del Parlamento. Desaparece la actual distinción entre los llamados "gastos obligatorios" (ayudas directas a la agricultura por ejemplo) y "no obligatorios": el Parlamento y el Consejo deberán fijar todos los gastos de manera conjunta. Esta innovación reequilibra el peso respectivo de ambas instituciones a la hora de aprobar el presupuesto de la UE.

Por último, el Parlamento Europeo deberá aprobar todos los acuerdos internacionales en campos sometidos al procedimiento legislativo ordinario.

Mayor participación de los Parlamentos nacionales

El Tratado ofrece a los Parlamentos nacionales más posibilidades de participar codo a codo con las instituciones europeas en la labor de la Unión. Una nueva disposición establece claramente los derechos y obligaciones de los Parlamentos nacionales dentro de la UE: derecho a la información, control de la subsidiariedad, mecanismos de evaluación en el espacio de libertad, seguridad y justicia, revisión de los Tratados, etc.

Una de las grandes innovaciones del Tratado de Lisboa es la nueva facultad de control de la subsidiariedad. Según el principio de subsidiariedad, la UE sólo actúa (excepto en ámbitos de su exclusiva competencia) cuando resulta más eficaz que una actuación de los países miembros. A partir de ahora, si un Parlamento nacional considera que una propuesta no se ajusta a este principio, puede iniciar un procedimiento que se desarrollará en dos tiempos:

  • si una tercera parte de los Parlamentos nacionales considera que la propuesta no se ajusta al principio de subsidiariedad, la Comisión deberá reexaminarla y podrá decidir mantenerla, modificarla o retirarla;
  • si una mayoría de los Parlamentos nacionales comparte ese punto de vista pero la Comisión, con todo, decide mantener su propuesta, deberá exponer sus motivos y corresponderá al Parlamento Europeo y el Consejo decidir si el procedimiento legislativo sigue adelante o no.

Transparencia en el Consejo de Ministros

Tanto los Parlamentos nacionales como los ciudadanos pueden conocer directamente las decisiones tomadas por los Ministros de cada país en el Consejo, ya que todos los debates en materia legislativa pasan a ser públicos.

Más democracia participativa

Los ciudadanos europeos ya tienen a su disposición muchos medios de informarse y participar en el proceso político europeo. A ellos se añade la iniciativa ciudadana: un millón de ciudadanos de uno o varios Estados miembros pueden instar a la Comisión a presentar propuestas sobre cualquier cuestión en la cual tenga competencias la UE. Una vez haya entrado en vigor el Tratado de Lisboa se detallará cómo se ejerce en la práctica esta iniciativa.

El Tratado destaca por otra parte la importancia de la consultas y el diálogo con las asociaciones, la sociedad civil, los interlocutores sociales, las comunidades religiosas y las organizaciones no confesionales.

Relaciones entre la Unión Europea y sus Estados miembros

A menudo los ciudadanos se preguntan quién hace cada cosa en la UE. El Tratado precisa quién debe actuar: la Unión o los Estados miembros. Hay tres categorías de competencias:

  • Competencias exclusivas: en ámbitos como la unión aduanera, la política comercial común o la competencia, sólo la Unión puede legislar.
  • Medidas de apoyo, coordinación o complemento: en áreas como cultura, educación o industria, la Unión sólo puede apoyar la actuación de los Estados miembros(por ejemplo, facilitando la financiación).
  • Competencias compartidas:en otros ámbitos (medio ambiente, transporte, protección de los consumidores, etc.) tanto la Unión como los Estados miembros pueden legislar sin perjuicio del principio de subsidiariedad.

Una vez incorporado a la Unión Europea, cada país es libre de permanecer en ella o no. El Tratado de Lisboa introduce una cláusula de retirada voluntaria que reconoce la posibilidad de abandonar la Unión en cualquier momento.

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