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Orden de detención europea

La Unión Europea (UE) adopta una decisión marco relativa a la orden de detención y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros. La decisión hace que los procedimientos sean más rápidos y sencillos: se suprime todo el procedimiento político y administrativo en favor de un procedimiento judicial.

ACTO

Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros [Véanse los actos modificativos].

SÍNTESIS

La orden de detención europea adoptada en 2002 sustituye al sistema de extradición obligando a cada autoridad judicial nacional (autoridad judicial de ejecución) a reconocer, ipso facto, y con controles mínimos, la solicitud de entrega de una persona formulada por una autoridad judicial de otro Estado miembro (autoridad judicial de emisión). La decisión marco entró en vigor el 1 de enero de 2004 y sustituyó a los textos existentes en la materia.

Sin embargo, los Estados miembros siguen siendo libres para aplicar y concluir acuerdos bilaterales o multilaterales en la medida en que faciliten o simplifiquen los procedimientos. La aplicación de estos acuerdos no debería en ningún caso perjudicar las relaciones con los otros Estados miembros que no forman parte del acuerdo.

Principios generales

La decisión define la «orden de detención europea» como cualquier decisión judicial adoptada por un Estado miembro para la detención o la entrega por otro Estado miembro de una persona a efectos de:

  • el ejercicio de actuaciones penales;
  • la ejecución de una pena;
  • la ejecución de una medida policial de privación de libertad.

La orden será aplicable en los casos de:

  • una condena definitiva a una pena de cárcel o medida policial que tenga, al menos, una duración de cuatro meses;
  • una infracción para la cual una pena de encarcelamiento o una policial superior a un año esté prevista.

A condición de que estén penadas en el Estado miembro de emisión por una pena de un máximo de al menos tres años, las infracciones que puedan dar lugar a entrega sin control de la doble incriminación de hecho son, entre otras: terrorismo, trata de seres humanos, corrupción, participación en una organización criminal, falsificación de moneda, homicidio, racismo y xenofobia, violación, tráfico de vehículos robados y fraude, incluido el fraude en detrimento de los intereses financieros comunitarios.

Para actos delictivos distintos de los citados, la entrega podrá subordinarse a la condición de que el hecho por le cual se pide la entrega constituya una infracción en aplicación del derecho del Estado miembro de ejecución (regla de la doble incriminación).

La orden de detención europea deberá contener información relativa la identidad de la persona, la autoridad judicial de emisión, el juicio definitivo, la naturaleza de la infracción, la pena, etc. (un ejemplo del formulario se adjunta a la decisión marco).

Procedimientos

Por regla general, la autoridad de emisión comunicará la orden de detención europea directamente a la autoridad judicial de ejecución. Se prevé la colaboración con el sistema de información Schengen (SIS) y con Interpol. Si la autoridad del Estado miembro de ejecución no es conocida, la Red Judicial Europea prestará su asistencia al Estado miembro de emisión.

Todo Estado miembro podrá adoptar las medidas coercitivas necesarias y proporcionadas contra una persona buscada. Cuando la persona buscada sea detenida, tendrá derecho a ser informada del contenido de la orden, así como a contar con la asistencia de un abogado y un intérprete. En cualquier caso, la autoridad de ejecución tendrá derecho a decidir mantener a la persona en detención o a ponerla en libertad pero bajo determinadas condiciones.

En cualquier caso, la autoridad de ejecución tiene derecho a decidir mantener a la persona en detención o liberarla si se cumplen determinadas condiciones.

A la espera de una decisión, la autoridad de ejecución (con arreglo a las disposiciones nacionales) procederá a oír a la persona afectada. A más tardar en los sesenta días siguientes a la detención, la autoridad judicial de ejecución debe tomar una decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea. Posteriormente lo notificará inmediatamente a la autoridad de emisión.

Todo período de detención relativo a la orden de detención europea deberá deducirse de la duración total de la privación de libertad eventualmente impuesta.

La persona interesada deberá expresar su consentimiento a la entrega, de forma irrevocable y habiendo sido plenamente informada. En este caso concreto la autoridad judicial de ejecución debe adoptar una decisión definitiva sobre la ejecución del mandato en un plazo de 10 días tras el consentimiento.

Motivos de denegación de la ejecución y la entrega

Un Estado miembro podrá no dar ejecución a la orden europea de detención si:

  • ya se pronunció una sentencia definitiva para la misma infracción y la misma persona (principio «ne bis in idem»);
  • la infracción está cubierta por una amnistía en el Estado miembro de ejecución;
  • la persona interesada no puede ser considerada responsable por el Estado miembro de ejecución debido a su edad.

En caso de que existan otras condiciones (en caso de prescripción de la acción penal o de la pena en aplicación de las disposiciones del Estado miembro de ejecución o si un país tercero ha emitido una sentencia definitiva por un mismo hecho, etc.) el Estado miembro de ejecución puede rechazar dar ejecución a la orden. También podrá negarse a ejecutar la orden judicial si la persona en cuestión no se personó en el juicio en el momento de presentar la decisión, a menos que se hayan tomado las salvaguardias adecuadas. En cualquier caso, el rechazo debe estar motivado.

Previa presentación de determinados documentos (orden de detención, naturaleza de la infracción, identidad de la persona, etc.), todo Estado miembro permitirá el tránsito en su territorio de una persona que sea objeto de una entrega.

La orden será traducida en la lengua oficial del Estado miembro de ejecución, y se enviará por cualquier medio que permita conservar una prueba escrita y verificar la autenticidad por el Estado miembro de ejecución.

Disposiciones prácticas, generales y finales

A partir del 1 de enero del 2004, las solicitudes de extradición recibidas por los Estados miembros se han tratado con arreglo a las medidas nacionales adoptadas en ejecución de la presente decisión marco.

Esta decisión marco será aplicable a Gibraltar.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Decisión Marco 2002/584/JAI

7.8.2002

31.12.2003

DO L 190, 18.7.2002

Acto(s) modificativo(s)Entrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Decisión Marco 2009/299/JAI

28.3.2009

28.3.2011

DO L 81, 27.3.2009

ACTOS CONEXOS

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 11 de abril de 2011, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros [COM(2011) 175 final – no publicado en el Diario Oficial].
El Informe realiza un balance de los siete años de aplicación de la orden de detención europea. La iniciativa se muestra exitosa en el plano operativo: se han emitido 54 689 órdenes y se han ejecutado 11 630. En la actualidad, una extradición entre países de la UE tarda de catorce a diecisiete días, si la persona acepta su traslado, y cuarenta y ocho días si no acepta, cuando anteriormente se tardaba más de un año. La libertad de circulación de personas en la UE se ha visto reforzada gracias a este mecanismo que garantiza que la apertura de fronteras no beneficie a los que quieren huir de la justicia. No obstante, la Comisión señala insuficiencias, sobre todo en materia de respeto de los derechos fundamentales. Pide a los Estados miembros que ajusten su legislación a la Decisión-marco 2002/584/JAI en el caso de que no lo hayan hecho y que apliquen instrumentos ya adoptados para mejorar el funcionamiento de la orden. Asimismo, el informe indica que se emiten demasiadas órdenes por infracciones menores e insta a los Estados miembros solicitantes a aplicar el principio de proporcionalidad.

Informe de la Comisión, de 24 de enero de 2006, basado en el artículo 34 de la decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (versión revisada) [COM(2006) 8 final - no publicado en el Diario Oficial].
En su versión revisada el informe examina principalmente la legislación italiana, que se adoptó después de la entrega del informe inicial. La Comisión considera que, a pesar del retraso inicial, la orden de detención europea funciona en la mayoría de los casos previstos en los Estados miembros. Un segundo informe, programado para junio de 2006, permitirá poner al día la evaluación del conjunto de los Estados miembros.

Informe de la Comisión, de 23 de febrero de 2005, basado en el artículo 34 de la decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros [COM(2005) 63 final - no publicado en el Diario Oficial].
Según la evaluación de la Comisión, el impacto de la orden de detención europea desde su entrada en aplicación el 1 de enero de 2004 parece positivo, tanto en términos de despolitización y eficacia así como de rapidez del procedimiento de entrega, todo ello respetando los derechos fundamentales de los implicados.

Declaraciones contempladas en el apartado 2 del artículo 31 de la decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros [Diario Oficial L 246 de 29.9.2003].
Dinamarca, Finlandia y Suecia declaran que su legislación uniforme vigente permite profundizar y ampliar las disposiciones de la decisión marco. Estos Estados van a mantener la legislación uniforme vigente entre ellos, es decir:

  • Dinamarca: Ley nórdica sobre extradición (Ley n° 27 de 3.2.1960 en su versión modificada);
  • Finlandia: Ley nórdica sobre extradición (270/1960);
  • Suecia: Ley (1959:254) relativa a la extradición hacia Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega por delitos penales.
Última modificación: 10.07.2011
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