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Convenio sobre las decisiones de privación del derecho a conducir

Con este convenio, los Estados miembros se comprometen a cooperar para que los conductores privados del derecho de conducir en un Estado miembro distinto de aquél en que residen habitualmente no puedan substraerse a los efectos de la privación cuando abandonen el Estado de la infracción.

ACTO

Convenio 98/C 216/01, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre las decisiones de privación del derecho de conducir [Diario Oficial C 216 de 10.7.1998].

SÍNTESIS

Este convenio crea un marco jurícamente vinculante entre los Estados miembros con el fin de que los conductores sujetos a la privación del derecho a conducir en un Estado miembro distinto del de su residencia principal no puedan sustraerse a los efectos de la privación cuando abandonan el Estado en el que cometieron la infracción.

Ejecución de la decisión de privación del derecho a conducir

El Estado de la infracción * debe notificar inmediatamente a la autoridad central del Estado de residencia todas las decisiones de privación del derecho de conducir que se impongan como consecuencia de una infracción cometida en las circunstancias que se mencionan en el anexo del convenio. Incluye, entre otras, las circunsatancia siguientes:

  • conducir un vehículo de motor * de forma imprudente o peligrosa;
  • darse a la fuga;
  • conducir bajo la influencia del alcohol o de otras substancias que puedan alterar o mermar las facultades físicas y psíquicas del conductor;
  • conducir a una velocidad superior a la autorizada, etc.

El Estado de residencia * ejecutará de manera inmediata la decisión de privación del derecho de conducir adoptada en el Estado de la infracción por uno de los siguientes procedimientos:

  • ejecutando la decisión de privación del derecho de conducir de forma directa.
  • ejecutando la decisión de privación del derecho de conducir por medio de una decisión judicial o administrativa (teniendo en cuenta cualquier período de privación que ya se haya cumplido y sin prolongar la duración de la privación).
  • convirtiendo la decisión de privación del derecho de conducir en una decisión judicial o administrativa propia (el Estado de residencia estará vinculado por los hechos declarados probados que figuren implícita o explícitamente en la decisión de privación adoptada por el Estado de la infracción y tendrá en cuenta la parte del período de privación que, en su caso, ya se haya cumplido en este último. El Estado de residencia podrá reducir la duración del período de privación del derecho de conducir, pero no prolongarla ni sustituirla por una multa ni por ninguna otra medida).

Cada Estado miembro indicará en una declaración el procedimiento que tenga intención de aplicar en su calidad de Estado de residencia.

Negativa obligatoria y facultativa de ejecutar la decisión

Los Estados miembros deberán negarse obligatoriamente a ejecutar la decisión de privación del derecho a conducir cuando:

  • la decisión ya se haya ejecutado íntegramente en el Estado de la infracción;
  • el autor de la infracción haya sido ya objeto en el Estado de residencia de una decisión sobre los mismos hechos;
  • el autor de la infracción se haya acogido a una medida de amnistía o de gracia en el Estado de residencia, en caso de que los hechos se hayan cometido en el territorio de dicho Estado;
  • el plazo de prescripción de la medida haya expirado con arreglo a su legislación;
  • la persona interesada no haya tenido suficiente ocasión de defenderse.

Existen razones facultativas de negarse a ejecutar la decisión de privación del derecho a conducir cuando:

  • la conducta por la cual se haya impuesto la decisión de privación del derecho de conducir en el Estado de la infracción no constituya una infracción en el Estado de residencia;
  • el período de privación que quede por ejecutar en el Estado de residencia sea inferior a un mes;
  • la legislación del Estado de residencia no contemple la sanción de privación del derecho de conducir para los hechos que han originado la decisión de privación.

Notificación de la decisión

La notificación irá acompañada:

  • de toda información pertinente sobre el domicilio de la persona privada del derecho de conducir.
  • del original o de una copia certificada de la decisión de privación del derecho de conducir.
  • de una exposición sucinta de los hechos y de una referencia a las disposiciones legales del Estado de la infracción en las que se funda la decisión de privación del derecho de conducir, si estas disposiciones legales no se mencionan en la decisión.
  • de una certificación del carácter definitivo de la decisión de privación.
  • de información sobre la ejecución de la decisión de privación del derecho de conducir en el Estado de la infracción, incluidas la duración de la privación y, si se conocen, las fechas de principio y expiración de la privación.
  • del permiso de conducción en caso de que haya sido retirado (artículo 8).

En caso de que el Estado de residencia se niegue a ejecutar la decisión de privación del derecho de conducir del Estado de la infracción, deberá indicar las razones de su negativa.

La decisión del Estado de residencia no afectará al derecho del Estado de la infracción a ejecutar en su territorio la privación del derecho de conducir por toda la duración de ésta.

Los gastos ocasionados por la aplicación del presente convenio serán costeados por el Estado miembro en el que se originen.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre Estados miembros y entre los Estados miembros y la Comisión relativo a la interpretación o aplicación del convenio, siempre que dicho litigio no pueda ser resuelto por el Consejo en el plazo de los seis meses siguientes a su remisión al Consejo por uno de sus miembros.
Cualquier Estado miembro podrá aceptar, mediante declaración efectuada en el momento de la notificación de la adopción del convenio o en cualquier otro momento posterior, la competencia del Tribunal de Justicia para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la interpretación del presente convenio.

El convenio estará abierto a la adhesión de cualquier Estado que se convierta en miembro de la Unión Europea.

El convenio entrará en vigor en cualquier Estado que se adhiera a éste noventa días después de la fecha del depósito de su instrumento de adhesión o en la fecha de entrada en vigor del convenio si éste no hubiera entrado en vigor al concluir el mencionado período de noventa días.

Terminos-clave del acto
  • Decisión de privación del derecho a conducir: cualquier medida que se tome como consecuencia de una infracción a las normas de circulación y cuyo efecto sea la privación o la suspensión del derecho a conducir del conductor de un vehículo de motor y contra la que no haya posibilidad de recurso. Esta medida podrá consistir tanto en una condena principal, complementaria o accesoria como en una medida de seguridad y podrá ser tomada tanto por una autoridad judicial como por una autoridad administrativa.
  • Estado de la infracción: el Estado miembro en cuyo territorio la persona que haya sido objeto de la decisión de privación del derecho a conducir tiene su residencia habitual según la Directiva 91/439/CEE.
  • Estado de residencia: Estado miembro en cuyo territorio la persona que haya sido objeto de la decisión de privación del derecho a conducir tiene su residencia habitual según la Directiva 91/439/CEE.
  • Véhicule de motor: todo vehiculo que se ajuste a la definición que figura en el artículo 3 de la Directiva 91/439/CEE.

ACTOS CONEXOS

Informe explicativo acerca del convenio sobre las decisiones de privación del derecho a conducir [Diario Oficial C 211 de 23.7.1999].
El 24 de junio de 1999 el Consejo aprobó un informe explicativo referido a las decisiones concernientes a la pérdida del derecho de conducir.

Iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas a la adopción de una decisión del Consejo sobre el incremento de la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea con respecto a las inhabilitaciones [Diario Oficial C 223 de 19 de septiembre del 2002].
En julio de 2002, la Presidencia danesa del Consejo presentó una iniciativa destinada a establecer una red de puntos de contacto nacionales en cuanto a caducidad de derechos (l33204). Los puntos de contacto previamente mencionados deben recoger y difundir toda información relativa a una persona que es objeto de una descalificación personal.

Última modificación: 25.10.2005

Véase también

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