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Ejecución de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas

El principio de reconocimiento mutuo es la piedra angular de la cooperación civil y penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Este principio se basa en la certeza de que las resoluciones que van reconocerse y ejecutarse se toman siempre en cumplimiento de los principios de legalidad, subsidiariedad y proporcionalidad. Mediante la presente Decisión marco, el Consejo extiende este principio a las resoluciones previas al juicio, es decir, las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

ACTO

Decisión marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

SÍNTESIS

A raíz de una iniciativa de Bélgica, Francia y Suecia, el Consejo adoptó en 2003 la presente Decisión marco. Tiene por objeto establecer las normas mediante las cuales un Estado miembro reconoce y ejecuta en su territorio una resolución de embargo preventivo de bienes dictada por una autoridad judicial de otro Estado miembro en el marco de un procedimiento penal.

Reconocimiento mutuo de las resoluciones previas a la fase de formación de la sentencia

El Consejo extiende el principio del reconocimiento mutuo a las resoluciones previas a la fase de formación de la sentencia por lo que se refiere al embargo preventivo de bienes y el aseguramiento de pruebas. Por «embargo preventivo de bienes», se entiende cualquier medida adoptada por una autoridad judicial de un Estado miembro con el fin de impedir la destrucción, la transformación, el desplazamiento, etc. de un bien. Los elementos de prueba contemplados por la Decisión marco son los objetos, documentos o datos que puedan tener carácter probatorio en un proceso penal.

El Estado miembro en el que una autoridad judicial haya dictado, validado o confirmado una resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas se denomina «Estado de emisión». Por el contrario, el Estado miembro en cuyo territorio se halle el bien o elemento de prueba se denomina «Estado de ejecución».

Resoluciones ejecutadas sin control de la doble tipificación

En su artículo 3, la Decisión marco enumera una serie de infracciones graves. Estas infracciones no son objeto de un control de la doble tipificación si son castigadas en el Estado de emisión con una pena privativa de libertad de un mínimo de tres años. Las infracciones incluyen, entre otros hechos:

  • la pertenencia a una organización delictiva;
  • el terrorismo;
  • la corrupción y el fraude;
  • la trata de seres humanos;
  • el racismo;
  • la violación.

Esta lista no es exhaustiva: el Consejo puede añadir en cualquier momento otras categorías de infracciones. A tal fin, la Comisión elabora un informe de acuerdo con el cual el Consejo decide si se debe ampliar o no la lista. El Consejo decide por unanimidad previa consulta al Parlamento Europeo.

Subordinación del reconocimiento y la ejecución de la decisión

Para las infracciones no incluidas en la lista, el Estado de ejecución podrá supeditar el reconocimiento y la ejecución de la resolución de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas en determinadas condiciones:

  • el aseguramiento de pruebas: que los hechos por los cuales se haya dictado la resolución sean constitutivos de una infracción con arreglo a la legislación del Estado de ejecución, sean cuales fueren sus elementos constitutivos o la manera en que esté descrita en la legislación del Estado de emisión;
  • el posterior decomiso de los bienes: que los hechos por los cuales se haya dictado la resolución sean constitutivos de una infracción para la cual, con arreglo a la legislación del Estado de ejecución, esté previsto el embargo, sean cuales fueren sus elementos constitutivos o la manera en que esté descrita en la legislación del Estado de emisión.

Procedimiento de ejecución

La Decisión marco prevé un certificado para proceder a la solicitud de ejecución. Este certificado es transmitido por la autoridad judicial que dictó la resolución a la autoridad competente para su ejecución en el otro Estado miembro. El Reino Unido e Irlanda podían declarar antes del 2 de agosto de 2005 que resolución de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas acompañada del certificado sea expedida por medio de una autoridad central designada por ellos. Estos dos Estados pueden limitar o revocar el alcance de la declaración anterior con ayuda de una declaración posterior.

Las autoridades judiciales competentes del Estado de ejecución reconocerán sin más trámite toda resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas y tomarán de inmediato las medidas oportunas para su ejecución inmediata. El Estado que ejecuta la resolución observará las formalidades y los procedimientos expresamente indicados por la autoridad judicial competente del Estado de emisión con el fin de garantizar la validez de las pruebas. Si estas esas formalidades y procedimientos son contrarias a los principios fundamentales de Derecho del Estado de ejecución, dicho Estado no deberá respetarlas.

El embargo preventivo de bienes se mantendrá en el Estado de ejecución hasta que dicho Estado haya respondido definitivamente a la solicitud.

Motivos de no reconocimiento o no ejecución

Las autoridades judiciales del Estado de ejecución pueden rechazar el reconocimiento o la ejecución de la resolución de embargo preventivo en los siguientes casos:

  • cuando el certificado falte, sea incompleto o no corresponda manifiestamente a la resolución de embargo o de aseguramiento;
  • cuando en virtud del Derecho del Estado de ejecución exista inmunidad o privilegio que impidan la ejecución de la resolución de embargo o de aseguramiento;
  • cuando resulte manifiestamente de la información facilitada en el certificado que la prestación de asistencia judicial para la infracción que motivó la resolución de embargo vulneraría el principio de ne bis in idem. En efecto, ninguna nueva diligencia puede iniciarse dado que existe una resolución judicial firme dictada sobre la base de los mismos hechos;
  • cuando los hechos que motiven la resolución de embargo preventivo o de aseguramiento de pruebas no fueren constitutivos de infracción de acuerdo con el Derecho del Estado de ejecución. No obstante, en este caso, deberán respetarse dos condiciones:

- el hecho no debe figurar en la lista de infracciones del artículo 3 que se ejecutan automáticamente;

- en materia de impuestos o de derechos, de aduana y de cambio, no podrá denegarse la ejecución de la resolución de embargo preventivo o de aseguramiento de pruebas aduciendo que la legislación del Estado de ejecución no impone el mismo tipo de impuestos o derechos o no contiene el mismo tipo de reglamentación en materia de impuestos, de derechos, de aduana y de cambio que la legislación del Estado de emisión.

Las autoridades judiciales del Estado de ejecución pueden suspender la ejecución de una resolución de embargo de bienes cuando:

  • la ejecución pueda impedir el buen desarrollo de una investigación penal en curso;
  • sobre los bienes o pruebas de que se trate haya dictada una resolución anterior de embargo o aseguramiento en una causa penal;
  • en el caso de una orden de embargo preventivo o de aseguramiento de pruebas en una causa penal con vistas a su posterior decomiso, dicho bien ya se encuentre sujeto a una resolución dictada en el curso de otras diligencias en el Estado de ejecución. No obstante, esta disposición se aplicará únicamente cuando dicha resolución tuviere prioridad sobre posteriores resoluciones de embargo o aseguramiento nacionales dictadas en causas penales con arreglo al Derecho nacional.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para facilitar el ejercicio del derecho a interponer recurso por parte de las personas afectadas por la medida de embargo preventivo, incluidos los terceros de buena fe.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorTransposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Decisión marco 2003/577/JAI

2.8.20032.8.2005DO L 196 de 2.8.2005

ACTOS CONEXOS

Informe de la Comisión, de 22 de diciembre de 2008, basado en el artículo 14 de la Decisión marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas [COM(2008) 885 final – no publicado en el Diario Oficial].
El presente informe evalúa las medidas de transposición adoptadas por los Estados miembros para aplicar la Decisión marco 2003/577/JAI. No obstante, a fecha de octubre de 2008, la Comisión sólo había recibido notificaciones de transposición de las disposiciones a la legislación nacional de 19 Estados miembros. Además, se detectaron diversas omisiones y errores de interpretación en las legislaciones nacionales, y algunas de ellas no hacían ninguna referencia a la Decisión marco. Por consiguiente, la aplicación de la Decisión marco no puede considerarse satisfactoria.
En general, los Estados miembros han aplicado correctamente el objetivo y las definiciones de la Decisión marco. Igualmente, un gran número de Estados miembros han aplicado la lista de infracciones que no están sujetas al control de la doble tipificación de los hechos.
En términos de procedimiento, es necesario mejorar la transmisión directa de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas entre las autoridades judiciales. Actualmente, muchos Estados miembros exigen cursar la transmisión a través de una autoridad central. Sin embargo, casi todos los Estados miembros han aplicado las disposiciones relativas a la ejecución inmediata de las resoluciones y a la duración de la medida de embargo.
Es necesario mejorar la aplicación de las disposiciones relativas a los motivos de no reconocimiento y no ejecución. Los Estados miembros han aplicado la mayor parte de estos motivos, aunque en su mayor parte han sido transpuestos como motivos obligatorios. Asimismo, 14 Estados miembros han aplicado motivos adicionales para la denegación que no se ajustan a la Decisión marco.
En lo que respecta a los motivos de suspensión de la ejecución, la mayoría de los Estados miembros han aplicado las disposiciones al menos parcialmente. Además, existen recursos legales en todos los Estados miembros y normalmente las medidas previstas no requieren un efecto suspensivo.
La Comisión recomienda que los Estados miembros tengan en cuenta este informe, emprendan las acciones legislativas necesarias y transmitan toda la información relevante de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión marco a la Comisión y a la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

Última modificación: 12.02.2009

Véase también

Para más información, visite la página web de la Comisión Europea, Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad: reconocimiento mutuo de resoluciones (EN).

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