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Reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias

La presente Decisión marco amplía el principio de reconocimiento mutuo, piedra angular de la cooperación judicial, a las sanciones pecuniarias.

ACTO

Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias.

SÍNTESIS

La presente Decisión marco es el resultado de una iniciativa del Reino Unido, la República Francesa y el Reino de Suecia. Se amplía por ella el principio de reconocimiento mutuo a las sanciones pecuniarias impuestas por las autoridades judiciales y administrativas de otro Estado miembro.

Reconocimiento y ejecución de las resoluciones

El principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones se aplica a las sanciones pecuniarias *. Las autoridades competentes deberán reconocer las resoluciones referentes a sanciones pecuniarias transmitidas por otro Estado miembro sin otras formalidades.

Estas sanciones se imponen en caso de infracciones que abarcan acciones como participación en una organización delictiva, terrorismo, trata de seres humanos, tráfico de armas, estafa, tráfico de vehículos robados, violaciones, etc. La Decisión marco abarca, asimismo, las sanciones pecuniarias relativas a las infracciones de las normas de circulación.

En caso de infracciones no incluidas en la Decisión marco, el Estado que tenga que ejecutar una resolución de otro Estado miembro podrá supeditar su reconocimiento y ejecución a la condición de que ésta se refiera a un acto constitutivo de infracción en su propio Derecho nacional.

La resolución por la que se impone una sanción pecuniaria puede referirse tanto a una persona física (un ser humano) como a una persona jurídica (una sociedad).

Las sanciones deberán ser impuestas por las autoridades judiciales o administrativas de los Estados miembros. Cada Estado miembro deberá informar a la Secretaría General del Consejo de las autoridades que según su Derecho nacional sean competentes. La resolución por la que se impone una sanción pecuniaria deberá ser firme, es decir, no será susceptible de recurso. Los Estados miembros podrán designar, si fuere necesario debido a la peculiaridad del sistema estatal interno, a una o más autoridades centrales responsables de la gestión de la transmisión de las resoluciones.

Transmisión de resoluciones

La resolución por la que se impone la sanción pecuniaria se transmite del «Estado de emisión», es decir, el Estado miembro que dicte la resolución, al «Estado de ejecución», es decir, el Estado miembro que ejecute la resolución en su territorio. La Decisión marco establece a tal efecto en su anexo un certificado que deberá adjuntarse a la resolución. Este certificado deberá emitirse en la lengua oficial del Estado de ejecución. El Estado de emisión no podrá transmitir a la vez más que una sola resolución a un único Estado de ejecución. La resolución deberá transmitirse a las autoridades competentes del Estado miembro en el que la persona física o jurídica posea bienes o ingresos, su residencia habitual o su domicilio social. Los Estados miembros renuncian a reclamar el reembolso de los gastos resultantes de la aplicación de la presente Decisión marco.

Para Irlanda y el Reino Unido se ha previsto un régimen específico: estos Estados podrán declarar que la resolución y el certificado correspondiente deben enviarse por medio de la autoridad central que hubieren designado. En cualquier momento podrán limitar el alcance de esta declaración con el fin de que la gestión de la transmisión de resoluciones sea más eficaz. Así lo harán cuando las disposiciones sobre asistencia judicial del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen entren en vigor respecto de dichos Estados.

Motivos de no reconocimiento o no ejecución

El Estado al que se haya transmitido la resolución puede negarse a ejecutarla si no se presenta el certificado previsto en la presente Decisión marco o si estuviera incompleto o no correspondiera manifiestamente a la resolución.

También podrá denegarse la ejecución si se demuestra que:

  • una resolución se ha dictado respecto de los mismos hechos en el Estado de ejecución o en un Estado distinto del de emisión y del de ejecución y, en este último caso, que la resolución ya ha sido ejecutada;
  • la resolución se refiere a hechos no constitutivos de infracción en esta Decisión marco ni punibles según el Derecho nacional del Estado de ejecución;
  • la ejecución de la resolución ha prescrito con arreglo a la legislación del Estado de ejecución y se refiere a hechos que son competencia del Estado de ejecución en virtud de su propia ley penal;
  • la resolución se refiere a hechos que, según la legislación del Estado de ejecución, se han cometido en su territorio o bien a hechos que se han cometido fuera del territorio del Estado de ejecución donde éste no está autorizado a perseguir las infracciones según su legislación nacional;
  • el Derecho del Estado de ejecución establece una inmunidad que hace imposible la ejecución de la resolución;
  • la resolución se ha dictado contra una persona penalmente no responsable según el Derecho del Estado de ejecución;
  • según el certificado que acompaña la resolución, el interesado no ha sido informado de su derecho a interponer recurso con indicación de los plazos respectivos o no ha comparecido en persona;
  • la resolución establece una sanción pecuniaria inferior o equivalente a 70 euros;
  • según el certificado que acompaña la resolución, el interesado no ha comparecido en persona (salvo si el certificado indica que se le ha informado de la fecha y lugar del juicio, y de que podría adoptarse una resolución con independencia de su comparecencia, si el interesado ha sido representado por un abogado, o si se le ha informado de su derecho a un nuevo proceso o a apelar, y pese a ello el interesado no ha recurrido la sentencia ni ha solicitado un nuevo proceso o ha apelado dentro del plazo establecido);
  • según el certificado que acompaña la resolución, el interesado no ha comparecido en persona (salvo si el certificado indica que el interesado ha renunciado a su derecho a una vista oral o que no ha impugnado los cargos).

Derechos fundamentales y otros aspectos jurídicos

La Decisión marco respeta los derechos fundamentales.

La Decisión marco establece que la legislación del Estado de ejecución regirá la ejecución de la resolución. Este último también podrá reducir el importe de la sanción pecuniaria en función del importe que establezca su Derecho nacional, siempre y cuando los hechos no se hayan cometido en el territorio del Estado de emisión. La sanción pecuniaria impuesta a una empresa deberá ser ejecutada aunque el Estado de ejecución no reconozca el principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En caso de impago de la sanción pecuniaria, podrá aplicar penas de privación de libertad o de otro tipo que estén previstas en su Derecho nacional. La amnistía, el indulto y la revisión de la sentencia podrán ser otorgados tanto por el Estado de emisión como por el de ejecución. Los importes obtenidos mediante la ejecución de la resolución corresponderán al Estado de ejecución, salvo acuerdo contrario entre los respectivos Estados miembros interesados.

Esta Decisión marco será también aplicable en Gibraltar.

Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para ajustarse a la Decisión marco antes del 22 de marzo de 2007. La decisión marco establece un período transitorio de cinco años tras su entrada en vigor.

Términos clave del acto

Sanciones pecuniarias. Se entenderá por «sanciones pecuniarias» cualquier obligación de pago de:

  • cantidades de dinero tras una condena por alguna de las infracciones que figuran en la presente decisión marco;
  • indemnizaciones a las víctimas;
  • gastos inherentes al procedimiento judicial o administrativo;
  • cantidades de dinero destinadas a un fondo público o a una organización de apoyo a las víctimas.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorTransposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Decisión marco 2005/214/JAI

22.3.2005

22.3.2007

DO L 76 de 22.3.2005

Actos modificativos

Entrada en vigor

Plazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Decisión marco 2009/299/JAI

28.3.2009

28.3.2011

DO L 81 de 27.3.2009

ACTOS CONEXOS

Informe de la Comisión, de 22 de diciembre de 2008, basado en el artículo 20 de la Decisión Marco 2005/214/JAI, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las sanciones pecuniarias [COM(2008) 888 final – no publicado en el Diario Oficial].
El presente informe evalúa las medidas adoptadas por los Estados miembros para transponer las disposiciones de la Decisión Marco 2005/214/JAI a la legislación nacional. Sin embargo, a fecha de octubre de 2008, la Comisión sólo había recibido notificaciones de transposición de 11 Estados miembros, lo que no resultaba suficiente para realizar una evaluación completa de la aplicación de la Decisión marco en aquel momento.
En general, las disposiciones de aplicación de estos 11 Estados miembros se ajustan a la Decisión marco, especialmente en lo que se refiere a las cuestiones más importantes, tales como el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones sin más trámites y la supresión de los controles de doble tipificación. Además, la mayor parte de los Estados miembros ha aplicado las disposiciones relativas a las sanciones alternativas, amnistía, indulto y revisión de las sentencias, así como las referentes al destino de las cantidades percibidas en concepto de ejecución de resoluciones.
Con respecto a la legislación por la que se rige la ejecución de las resoluciones, algunos de los Estados miembros sólo han aplicado las disposiciones de manera parcial.
Asimismo, la mayor parte de los Estados miembros transpusieron como obligatorias las disposiciones opcionales basadas en motivos por los que se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de una resolución. Varios Estados miembros también han establecido motivos adicionales para la denegación, que no se ajustan a la Decisión marco.
La Comisión anima a los Estados miembros a tener en cuenta este informe, a emprender las acciones legislativas necesarias y a transmitir la información relevante de acuerdo con las disposiciones del artículo 20 de la Decisión marco a la Comisión y a la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

Última modificación: 20.08.2009
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