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Estatuto de la víctima en el proceso penal

La Decisión marco establece los derechos mínimos que pueden ejercer las víctimas de delitos en relación con los procesos penales. También contiene disposiciones por las que se garantiza a las víctimas el derecho a ser oídas, la oportunidad de participar en los procesos (incluso si el delito se cometió en otro Estado miembro), así como su protección, indemnización y acceso a mediación y a cualquier otra información relevante.

ACTO

Decisión marco del Consejo 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal.

SÍNTESIS

La presente Decisión marco establece la asistencia a las víctimas de delitos antes, durante y después de los procesos penales. Los Estados miembros garantizarán el respeto a la dignidad de las víctimas, y reconocerán sus derechos en el marco del proceso. Las víctimas especialmente vulnerables deberán recibir un trato que responda de la mejor manera posible a su situación.

Las víctimas tendrán la posibilidad de ser oídas durante el proceso y de facilitar elementos de prueba. No obstante, las autoridades sólo las interrogarán en la medida necesaria para el proceso penal.

Las víctimas tendrán acceso, en particular desde el primer contacto con las autoridades policiales, a la información pertinente para la protección de sus intereses. Dicha información incluirá, como mínimo:

  • el tipo de servicios u organizaciones a los que pueden dirigirse para obtener apoyo;
  • el lugar y el modo en que pueden presentar una denuncia, así como las actuaciones subsiguientes a la misma;
  • las condiciones en que pueden obtener protección;
  • las condiciones en que pueden acceder a asistencia y asesoramiento jurídico o de cualquier otro tipo;
  • los requisitos para tener derecho a una indemnización;
  • los mecanismos disponibles para no residentes.

Cuando así lo soliciten, los Estados miembros deberán informar a las víctimas sobre el curso dado a su denuncia, el desarrollo del proceso (salvo en casos excepcionales) y la sentencia. En el caso de que pueda existir un riesgo para la víctima, también se le notificará la puesta en libertad de la persona inculpada o condenada por la infracción.

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para reducir cuanto sea posible las dificultades de comunicación que afecten a la comprensión y a la participación de las víctimas en el proceso penal, cuando estas sean testigo o parte en las actuaciones, en términos comparables a los aplicables a los procesados. Los Estados miembros también reembolsarán a las víctimas los gastos que les haya ocasionado su participación en el proceso penal.

Los Estados miembros garantizarán un nivel adecuado de protección a las víctimas y a sus familiares siempre que exista un riesgo grave de represalias o claros indicios de una intención clara de perturbar su vida privada. Esto incluye:

  • las medidas que se puedan adoptar como parte del proceso penal para proteger la intimidad o la imagen física de las víctimas y de sus familiares;
  • las medidas destinadas a evitar el contacto entre víctima y procesado en las dependencias judiciales, salvo que el proceso penal lo requiera;
  • resoluciones judiciales que permitan prestar declaración fuera de audiencia pública a las víctimas que necesiten protección.

Los Estados miembros garantizarán a la víctima de una infracción penal el derecho a obtener una resolución relativa a la indemnización en un plazo razonable, y adoptarán las medidas pertinentes para propiciar que el autor de la infracción indemnice a la víctima adecuadamente. Los objetos restituibles pertenecientes a la víctima y aprehendidos durante las actuaciones le serán devueltos sin demora cuando ya no sean necesarios para el proceso.

Los Estados miembros procurarán impulsar la mediación entre las víctimas y los inculpados para las infracciones que a su juicio se presten a este tipo de medida, y velarán por que pueda tomarse en consideración todo acuerdo entre ambas partes en las causas penales.

Se deberán minimizar las dificultades derivadas del hecho de que la víctima resida en un Estado miembro distinto de aquel en que se haya cometido la infracción. Para ello, los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes tomen las medidas necesarias, como decidir sobre el lugar donde puede prestar declaración la víctima y el uso de la videoconferencia y conferencia telefónica para la audición de las víctimas residentes en el extranjero (de conformidad con lo dispuesto en el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea). La víctima también podrá presentar la denuncia en su Estado de residencia en lugar de aquel donde se cometió la infracción.

Los Estados miembros deberán mejorar la cooperación entre sí para mejorar la defensa de los intereses de las víctimas en el proceso penal. Además, los Estados miembros fomentarán la intervención de servicios que presten apoyo y asistencia las víctimas durante y después de las actuaciones. También propiciarán la formación de las personas que intervienen en las actuaciones o que tienen otro tipo de contacto con las víctimas, en especial de los agentes de policía y los profesionales del derecho. Por otro lado, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prevenir la victimación secundaria o evitar que las víctimas se vean sometidas a tensiones innecesarias durante las actuaciones, sobre todo en lo que respecta a los medios de que disponen los centros donde estas pueden iniciarse.

Antecedentes

El 14 de julio de 1999, la Comisión aprobó una Comunicación sobre los derechos de las víctimas de delitos. Posteriormente, las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999 establecieron que debían elaborarse unas normas mínimas sobre la protección de las víctimas de los delitos, en particular sobre su acceso a la justicia y su derecho a ser indemnizadas por los daños sufridos.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Decisión marco 2001/220/JAI

22.3.2001

22.3.2002 (22.3.2004 para artículos 5 y 6; 22.3.2006 para artículo 10)

DO L 82 de 22.3.2001

ACTOS CONEXOS

Informe de la Comisión de 20 de abril de 2009 de conformidad con el artículo 18 de la Decisión marco del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal [COM(2009) 166 final – no publicado en el Diario Oficial].
El presente Informe tiene en cuenta la aplicación de la Decisión marco a 15 de febrero de 2008 en 24 (de los 27) Estados miembros. La Comisión considera que dicha aplicación no ha sido satisfactoria. Ningún Estado miembro transpuso la Decisión marco en un único acto legislativo nacional; por el contrario, todos se basaron en disposiciones existentes o recientemente adoptadas. De hecho, los Estados miembros aplicaron determinadas posiciones a través de códigos no vinculantes, cartas y recomendaciones sin ninguna base legal. Tan sólo unos pocos Estados miembros aprobaron nueva legislación que abarca uno o más artículos.
En consecuencia, la Comisión invita a los Estados Miembros a facilitar más información en relación con la aplicación, y a promulgar y presentar la legislación nacional pertinente que estén preparando.

Informe de la Comisión de 3 de marzo de 2004 de conformidad con el artículo 18 de la Decisión marco del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal [COM(2004) 54 final – no publicado en el Diario Oficial].

La presente ficha de síntesis se divulga a título informativo y no pretende interpretar o sustituir el documento de referencia.

Última modificación: 27.10.2009
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