RSS
Índice alfabético
Esta página se encuentra disponible en 15 idiomas
Nuevos idiomas disponibles:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Reconocimiento mutuo de penas y medidas privativas de libertad

Esta Decisión Marco amplía el principio de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de las sentencias en material penal por las que se imponen penas o medidas privativas de libertad. En ella se establece el procedimiento de reconocimiento y ejecución de estas sentencias al objeto de facilitar la reinserción social de los condenados.

ACTO

Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea [Véanse los actos modificativos].

SÍNTESIS

Esta Decisión Marco establece las normas con arreglo a las cuales se reconocen y ejecutan en un Estado miembro las sentencias por las que se imponen penas o medidas privativas de libertad emitidas en otro. El objetivo de este reconocimiento es facilitar la reinserción social de los condenados.

Los Estados miembros deben designar a las autoridades competentes para emitir y ejecutar dichas sentencias. La autoridad competente del Estado de emisión transmitirá la sentencia, acompañada del certificado anexo a la Decisión Marco, directamente a la autoridad competente de uno de los Estados de ejecución en el momento oportuno y por un medio que deje constancia escrita.

Si el condenado se encuentra en el Estado de emisión o ejecución y, en determinadas circunstancias, ha dado su consentimiento para la transmisión de la sentencia, esta se podrá remitir:

  • al Estado miembro de nacionalidad del condenado en el que éste viva;
  • al Estado miembro de nacionalidad del condenado y al que vaya a ser expulsado tras la sentencia, aunque no sea su lugar de residencia;
  • cualquier otro Estado miembro cuya autoridad competente consienta en que se le transmita la sentencia.

Podrá transmitirse la sentencia cuando el Estado de emisión tenga el convencimiento de que la ejecución de la condena por el Estado de ejecución contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado. El segundo podrá presentar al Estado de emisión un parecer motivado, en el que indique que el cumplimiento de la condena no contribuiría a dicho objetivo. El Estado de ejecución también podrá, al igual que el condenado, solicitar el inicio de un procedimiento para la transmisión de la sentencia.

Una vez recibidos la sentencia y el certificado, el Estado de ejecución deberá determinar si reconoce y ejecuta la sentencia en un plazo máximo de 90 días.

La autoridad competente del Estado de ejecución reconocerá la sentencia y adoptará las medidas necesarias para la ejecución de la condena, a no ser que decida acogerse a alguno de los motivos de no reconocimiento y de no ejecución que se contemplan en la Decisión Marco. Se podrá denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena en los siguientes casos:

  • cuando el certificado esté incompleto o no corresponda manifiestamente a la sentencia;
  • cuando no se cumplan los criterios para la transmisión de la sentencia y el certificado;
  • si su ejecución infringe el principio de ne bis in idem;
  • cuando la sentencia se refiera a hechos no constitutivos de infracción de acuerdo con el Derecho del Estado de ejecución, con algunas excepciones;
  • cuando la ejecución de la condena haya prescrito con arreglo a la legislación del Estado de ejecución;
  • cuando en virtud del Derecho del Estado de ejecución exista inmunidad;
  • si, por su edad, la persona condenada no habría podido ser considerada penalmente responsable con arreglo a la legislación del Estado de ejecución;
  • si a la recepción de la sentencia por el Estado de ejecución, la parte de condena sin cumplir es inferior a seis meses;
  • si la sentencia se ha dictado en rebeldía, con algunas excepciones;
  • si el Estado de emisión rechaza la solicitud del Estado de ejecución para que la persona de que se trate sea procesada, condenada o privada de libertad por una infracción cometida antes de su traslado;
  • si la condena impuesta incluye una medida de carácter psiquiátrico o sanitario o cualquier otra medida privativa de libertad que el Estado de ejecución no pueda ejecutar;
  • si la sentencia se refiere a delitos penales cometidos en el territorio del Estado de ejecución.

Cuando el certificado esté incompleto o manifiestamente no corresponda a la sentencia, el Estado de ejecución podrá aplazar su reconocimiento.

La Decisión Marco incluye una lista de infracciones que deberán reconocerse y ejecutarse sin control de la doble tipificación si dan lugar a una pena o medida de privación de libertad de un máximo de al menos tres años en el Estado de emisión. Con respecto al resto de las infracciones, el Estado de ejecución podrá supeditar su reconocimiento y la ejecución de la condena a la condición de que estas también estén recogidas como tales en su propio Derecho. En caso de que la condena, por su duración o naturaleza, sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución, se podrá adaptar. No obstante, la condena deberá corresponder a la original en la medida de lo posible y en ningún caso podrá agravarla.

La transmisión de una sentencia junto con un certificado al Estado de ejecución a efectos de su reconocimiento y de la ejecución de la condena requerirá el consentimiento del condenado, de conformidad con la legislación del Estado de emisión. No obstante, no será necesario este consentimiento cuando el Estado de ejecución sea el Estado miembro:

  • de nacionalidad en que viva el condenado;
  • al que el condenado vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad sobre la base de la orden contenida en la sentencia;
  • al que el condenado se haya fugado o al que haya regresado ante el proceso penal abierto contra él o por haber sido condenado en el Estado de emisión.

En todos los casos en que el condenado se encuentre aún en el Estado de emisión, se le dará la oportunidad de formular verbalmente o por escrito su opinión.

Si la persona condenada se encuentra en el Estado de emisión, será trasladada al Estado de ejecución en un plazo de 30 días tras el reconocimiento de la sentencia por parte del segundo.

Podrán conceder amnistía o indulto tanto el Estado de emisión como el Estado de ejecución. No obstante, únicamente el Estado de emisión podrá decidir sobre la revisión de la sentencia.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Decisión Marco 2008/909/JAI

5.12.2008

5.12.2011

DO L 327 de 05.12.08

Actos modificativosEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Decisión Marco 2009/299/JAI

28.3.2009

28.3.2011

DO L 81 de 27.03.09

Última modificación: 14.05.2009
Aviso jurídico | Sobre este sitio | Búsqueda | Dirección de contacto | Arriba