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Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental («Bruselas II»)

La Unión Europea (UE) ha reunido en un único instrumento jurídico las disposiciones relativas al divorcio y a la responsabilidad parental con el fin de facilitar el trabajo de los jueces y expertos del Derecho y de regular el ejercicio de los derechos de visita transfronterizos. Este Reglamento representa también un paso importante en la lucha contra los secuestros de menores.

ACTO

Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000 [Véanse los actos modificativos].

SÍNTESIS

El presente Reglamento tiene por objeto reunir en un único texto las disposiciones sobre divorcio y responsabilidad parental * relativas, entre otros aspectos, al reconocimiento automático de las decisiones relativas al derecho de visita de los hijos *, que formaba parte de una iniciativa de Francia del año 2000. Este Reglamento sustituye al Reglamento (CE) nº 1347/2000.

Prioridad: los derechos del niño

La Unión Europea (UE) considera prioritario el derecho del niño a mantener relaciones regulares con cada uno de los padres. A este respecto, el niño tendrá derecho a ser oído sobre toda cuestión relativa a la responsabilidad parental que le concierna, considerando al mismo tiempo su edad y su madurez.

Ámbito de aplicación, definiciones y competencia

Se incluyen en el ámbito de este Reglamento, los procedimientos civiles relativos al divorcio, la separación judicial o la anulación de un matrimonio, así como todas las cuestiones relativas a la responsabilidad parental. La responsabilidad parental designa el conjunto de los derechos y obligaciones relativos a la persona o a los bienes de un niño. Con el fin de garantizar la igualdad de todos los niños, el Reglamento cubre todas las decisiones en materia de responsabilidad parental, incluidas las medidas de protección del niño, independientemente de cualquier vínculo con un procedimiento matrimonial.

Se excluyen del ámbito de aplicación los procedimientos civiles relativos a las obligaciones alimentarias que se corresponden con el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Quedan excluidos asimismo del ámbito de aplicación del Reglamento:

  • la determinación y la impugnación de la filiación;
  • las resoluciones sobre adopción y medidas que la preparan, así como la anulación y revocación de la adopción;
  • el nombre y apellidos del menor;
  • la emancipación;
  • los fideicomisos y las sucesiones;
  • las medidas adoptadas a consecuencia de infracciones penales cometidas por los menores.

El Reglamento establece un sistema completo en materia de competencia. Por lo que se refiere al divorcio, la propuesta retoma las normas de competencia del Reglamento (CE) nº 1347/2000.

Por lo general, en lo que respecta a la responsabilidad parental, la competencia reside en los órganos jurisdiccionales del país de la UE de residencia habitual del niño. En caso de cambio de residencia legal (traslado) del menor, los órganos jurisdiccionales del país de la UE de la antigua residencia habitual del menor que ya han dictado una resolución en materia de responsabilidad parental (en particular por lo que se refiere al derecho de visita) siguen siendo competentes siempre que se cumplan determinadas condiciones. Además, los padres pueden aceptar que la jurisdicción que pronuncia el divorcio sea también competente para pronunciarse sobre las cuestiones de responsabilidad parental. Los padres pueden además, si se cumplen determinadas condiciones, ponerse de acuerdo para acudir a los órganos jurisdiccionales de otro país de la UE con el cual el menor tiene un estrecho vínculo debido, por ejemplo, a la nacionalidad del niño.

Cuando no se puede determinar la residencia habitual del niño, serán competentes los órganos jurisdiccionales del país de la UE en el cual se encuentra el menor. Esta disposición se aplica, en particular, a los casos de menores refugiados o internacionalmente desplazados como consecuencias de acontecimientos en sus países de origen. Cuando no sea posible determinar la competencia de un Tribunal en aplicación de las disposiciones específicas establecidas por el Reglamento, cada país de la UE podrá aplicar su legislación nacional. En circunstancias excepcionales, es posible remitir el asunto a una jurisdicción mejor situada para conocer del asunto si ello redunda en el interés superior del niño.

Corresponde a los órganos jurisdiccionales comprobar de oficio si son competentes en virtud del presente Reglamento. Cuando se presenta ante una jurisdicción de un país de la UE un asunto sobre el cual no es competente, debe declararse de oficio incompetente. Si se pretende iniciar un procedimiento contra un demandado que tiene su residencia habitual en otro país de la UE, corresponderá a los órganos jurisdiccionales comprobar si el demandado recibió el escrito por el que se inicia el procedimiento a su debido tiempo para poder preparar su defensa. En casos urgentes, los órganos jurisdiccionales tienen la posibilidad de adoptar medidas provisionales o cautelares relativas a las personas y a los bienes.

Normas relativas a los secuestros de niños

El Reglamento introduce también normas en materia de secuestros de menores (traslado o retención ilícitos de un menor *). Estas normas tienen por objeto frustrar los secuestros de menores dentro de la UE.

En caso de secuestro de un niño, el titular del derecho de custodia * tendrá el derecho a presentar ante una autoridad central una solicitud de restitución del niño. Puede también recurrir a un Tribunal a tal efecto.

Por norma general, los órganos jurisdiccionales del país de la UE donde el menor tenía su residencia habitual antes del secuestro siguen siendo competentes después del secuestro hasta que el niño disponga de una residencia habitual en otro país de la UE (con el consentimiento de quien tiene el derecho de custodia y un período mínimo de un año de residencia).

La jurisdicción en cuestión debe dictar una resolución a más tardar seis semanas después de haber sido presentada la demanda. Se dará audiencia al menor durante el procedimiento, a menos que se considere inadecuado habida cuenta de su edad o su grado de madurez. La restitución del menor no puede denegarse si no se ha escuchado a la persona que la solicitó.

Los órganos jurisdiccionales del país de la UE donde se produjo el secuestro del niño pueden solamente rechazar la restitución del menor cuando exista un grave riesgo para la salud física y psíquica del menor (con arreglo al artículo 13, letra b) del Convenio de La Haya de 1980). No obstante, el juez debe ordenar la restitución del niño si se establece que se tomaron disposiciones adecuadas para garantizar la protección del niño después de su restitución.

En caso de que un órgano jurisdiccional dicte una resolución de no restitución, debe transferir el expediente a la jurisdicción competente del país de la UE donde el menor tenía su residencia habitual antes de su traslado. Esta jurisdicción tiene la última palabra para decidir si debe restituirse o no al menor. El juez debe dar al menor y a las partes la posibilidad de ser escuchados y tener en cuenta también los motivos y los elementos de prueba sobre la base de los cuales el primer juez dictó su resolución de no restitución. Si el juez del país de la UE de origen dicta otra resolución, es decir que el niño debe ser restituido, esta resolución será reconocida y ejecutiva en el otro país de la UE, de manera automática y sin que sea necesaria una declaración de ejecutoriedad («supresión de exequátur»). No será posible oponerse a la resolución siempre que el juez del país de la UE de origen haya expedido un certificado (Anexo IV).

Reconocimiento y ejecución

Las normas sobre reconocimiento y ejecución retoman las normas del Reglamento (CE) n° 1347/2000 del Consejo sobre este tema.

El Reglamento garantiza el reconocimiento automático de toda resolución sin necesidad de un procedimiento intermedio. Asimismo, limita los motivos de denegación para las resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, cuando:

  • el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público;
  • el demandado se ve en la imposibilidad de defenderse debido a una notificación tardía del escrito de demanda;
  • el reconocimiento es inconciliable con cualquier otra resolución.

Para las decisiones en materia de responsabilidad parental, hay dos motivos adicionales de no reconocimiento, a saber:

  • el niño no pudo ser oído;
  • una persona alega que la resolución supone un obstáculo al ejercicio de su responsabilidad parental, ya que se dictó sin que tuviese la oportunidad de ser oída.

Una resolución sobre el ejercicio de la responsabilidad parental puede declararse ejecutiva en otro país de la UE previa solicitud de la parte interesada (y, en el caso de las distintas regiones del Reino Unido, después de haberse registrado con vistas a su ejecución). La resolución por la que se constata la fuerza ejecutoria puede ser objeto de un recurso.

Por lo que se refiere a las resoluciones sobre asuntos matrimoniales y de responsabilidad parental, cualquier parte interesada podrá solicitar a la jurisdicción competente la expedición de un certificado cuyos modelos de formularios figuran adjunto al presente Reglamento (Anexo I y Anexo II).

Se reconocerá automáticamente y se ejecutará toda resolución relativa al derecho de visita y a la restitución del niño dictada de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento en todos los países de la UE sin que sea necesario recurrir a un procedimiento de ningún tipo (supresión del exequátur) siempre que la resolución vaya acompañada de un certificado. Un modelo estándar de los certificados relativos al derecho de visita y restitución del niño está disponible en el anexo del presente Reglamento (Anexo III y Anexo IV, respectivamente).

El certificado expedido con el fin de facilitar la ejecución de la resolución no es susceptible de ningún recurso. No obstante, es posible emprender una acción de rectificación cuando el certificado no refleje correctamente el contenido de la resolución.

El procedimiento de ejecución viene regulado por el Derecho nacional del país de la UE de ejecución.

Es necesario distinguir también la resolución por la que se reconoce el derecho de visita de las modalidades prácticas del ejercicio. El juez del país de la UE de ejecución puede determinar las modalidades prácticas del ejercicio del derecho de visita si no se previeron las disposiciones necesarias en la resolución de los órganos jurisdiccionales del otro país de la UE donde se dictó la resolución relativa al derecho de visita. Al determinar las modalidades prácticas, el juez debe respetar no obstante los elementos fundamentales de la resolución.

Cooperación entre las autoridades centrales

Cada país de la UE designa a una o más autoridades centrales que tienen varios cometidos:

  • favorecer el intercambio de información relativa a las legislaciones y procedimientos nacionales respectivos;
  • facilitar las comunicaciones entre los órganos jurisdiccionales;
  • proporcionar su asistencia a los titulares de la responsabilidad parental en una solicitud de reconocimiento y ejecución de una resolución;
  • favorecer la resolución de los conflictos entre los titulares de la responsabilidad parental por medios alternativos, como la mediación.

Para estos asuntos, se reúne a las autoridades centrales regularmente en el marco de la red judicial europea en materias civil y mercantil.

Todo titular de la responsabilidad parental puede dirigirse a la autoridad central del país de la UE en el cual él o el menor reside habitualmente para pedir una asistencia gratuita.

Por regla general, el Reglamento sustituye a los convenios existentes celebrados entre dos o a varios países de la UE relativos a las materias reguladas por el mismo. El Reglamento prevalecerá sobre algunos convenios multilaterales en las relaciones entre los países de la UE en lo que se refieren a materias reguladas por el primero, es decir: el Convenio de La Haya de 1961 (ley aplicable en materia de protección de menores), el Convenio de Luxemburgo de 1967 (reconocimiento de las resoluciones relativas al matrimonio), el Convenio de La Haya de 1970 (reconocimiento de los divorcios), el Convenio europeo de 1980 (la custodia de los hijos), el Convenio de La Haya de 1980 (aspectos civiles del secuestro internacional de niños).

Por lo que se refiere a las relaciones con el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, el presente Reglamento se aplica en su totalidad cuando el menor afectado tenga su residencia habitual en el territorio de un país de la UE. Además, las normas sobre el reconocimiento y la ejecución se aplican cuando una jurisdicción competente de un país de la UE dicta una resolución, aunque el menor en cuestión tenga su residencia habitual en el territorio de un país extracomunitario que es Parte Contratante en dicho convenio.

Además, se aplican disposiciones particulares por lo que se refiere a:

  • las relaciones de Finlandia y Suecia con Dinamarca, Islandia y Noruega relativas a la aplicación del Convenio de 6 de febrero de 1931 (denominado Convenio nórdico sobre el matrimonio);
  • las relaciones entre el Vaticano y Portugal, Italia, España y Malta.

Disposiciones finales

Un Comité compuesto de representantes de los países de la UE asiste a la Comisión para la aplicación del Reglamento.

A más tardar, el 1 de enero de 2012, y a continuación cada cinco años, la Comisión presenta al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, sobre la base de la información proporcionada por los países de la UE, un informe relativo a la aplicación del presente Reglamento, acompañado, cuando proceda, de una propuesta destinada a adaptarlo.

El Reino Unido e Irlanda participan en la aplicación del presente Reglamento. Dinamarca no participa en su adopción y no está sujeta por tanto a su cumplimiento.

El presente Reglamento entró en vigor el 1 de agosto de 2004 y se aplica desde el 1 de marzo de 2005 (los artículos 67-70 entraron en vigor el 1 de agosto de 2004).

Contexto

El Consejo Europeo de Tampere expresó la voluntad clara de los países de la UE de reforzar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil (punto 34 de las conclusiones). El reconocimiento automático de las decisiones debía realizarse, inicialmente, en sectores limitados, como el derecho de familia y, más particularmente, las pensiones alimenticias y el derecho de visita.

De acuerdo con las conclusiones de Tampere:

  • en mayo de 2000, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 1347/2000 («Bruselas II»;
  • en julio de 2000, Francia presentó una iniciativa sobre el derecho de visita transfronteriza de los niños;
  • en septiembre de 2001, la Comisión presentó una propuesta en materia de responsabilidad parental.

Se retomaron las disposiciones de la propuesta de la Comisión de 20 de septiembre de 2001 en la propuesta del presente Reglamento y fueron finalmente retiradas el 6 de junio de 2002. También ocurrió lo mismo con la iniciativa de Francia de julio de 2000.

Términos clave del acto
  • Responsabilidad parental: el conjunto de derechos y obligaciones conferidos a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos respecto a la persona o a los bienes de un menor. Incluye, en particular, el derecho de custodia y el derecho de visita.
  • Derecho de custodia: los derechos y obligaciones referentes a los cuidados de un menor y en particular el derecho a decidir sobre su lugar de residencia.
  • Derecho de visita: el derecho a llevar al menor por un período limitado a un lugar distinto del de su residencia habitual.
  • Traslado o retención ilícitos de un menor: secuestro, violación de un derecho de custodia conferido a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos en el país de la UE donde el menor tiene su residencia habitual.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Reglamento (CE) n° 2201/2003

1.8.2004

-

DO L 338 de 23.12.2003

Acto(s) modificativos(s)Entrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Reglamento (CE) nº 2116/2004

3.1.2005

-

DO L 367 de 14.12.2004

ACTOS CONEXOS

Reglamento (UE) n ° 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010 , por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial [Diario Oficial L 343 de 29.12.2010].

Decisión del Consejo 2010/405/UE, de 12 de julio de 2010, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación legal [Diario Oficial L 189 de 22.7.2010].
En 2008, quedó patente que alcanzar la unanimidad respecto a la propuesta presentada en 2006 para modificar el Reglamento 22001/2003 (mencionado a continuación) iba a resultar difícil. Por consiguiente, varios países de la UE han expresado su intención de estrechar su colaboración en lo que respecta a la ley de aplicación en materia matrimonial. La presente Decisión autoriza a estos países a establecer tal cooperación entre ellos. El resto de países de la UE podrán unirse a tal iniciativa en cualquier momento.
Una mayor cooperación en el área de la ley que regula el divorcio y la separación legal proporcionará a los países participantes un marco legal más claro y exhaustivo en los casos transfronterizos. Asimismo, aportará a los ciudadanos una mayor seguridad, predictibilidad y flexibilidad jurídicas. La cooperación reforzada se basa en el principio del reconocimiento mutuo de resoluciones, que garantiza un mayor grado de compatibilidad de las normas sobre conflictos de leyes de los países participantes.

Propuesta de Reglamento del Consejo, de 17 de julio de 2006, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2201/2003 por lo que se refiere a la competencia y se introducen normas relativas a la ley aplicable en materia matrimonial [COM (2006) 399 final - no publicada en el Diario Oficial].
Visto el aumento de los matrimonios y divorcios «internacionales», la Comisión se propone establecer un marco jurídico claro y completo en materia matrimonial por lo que se refiere a la seguridad jurídica, la previsibilidad, la flexibilidad y el acceso a la justicia. A tal efecto, la propuesta prevé, entre otras cosas:

  • normas armonizadas sobre conflicto de leyes en materia de divorcio y separación, lo que permitirá a los cónyuges saber qué legislación se aplicará a su procedimiento matrimonial;
  • cierta autonomía de las partes, que pueden elegir en algunas condiciones la legislación aplicable y la jurisdicción competente en un procedimiento de divorcio o separación.

La propuesta es la continuación del Libro Verde sobre la legislación aplicable y la competencia en asuntos de divorcio, de 14 de marzo de 2005.
Procedimiento de consulta (CNS/2006/0135)

Última modificación: 21.05.2012

Véase también

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